Por Ronald Rangel
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía López, aseguró que urge de una Política Agraria de Estado consecuente y eficaz para sacarle provecho a un sector altamente prometedor «como una de las despensas mundiales de alimentos».
El dirigente gremial señalò que «la Nueva Institucionalidad debe responder a las necesidades y retos del sector y nosotros debemos respaldarla» y destacó la implementación parcial de algunas recomendaciones, con la Nueva Institucionalidad para el sector Rural que dejó como resultado la liquidación del Incoder y la creación de tres agencias que se someterán a la ejecución de la política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Durante el Gran Foro Nacional organizado por la Universidad de la Salle y la SAC, Mejìa dijo que se requiere acceso a bienes públicos; una tributación que invite a la inversión; una política comercial clara, que estimule las exportaciones que están estancadas -solo han crecido 4% en los últimos 15 años – y sustituya importaciones; además de seguridad jurídica, tema en el que se centró el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en su intervenciòón.
José Antonio Ocampo, director de la Misión, aseguró que si se quisiera dar una definición breve y general de lo que es la Misión para la Transformación del Campo, esta sería cerrar las brechas existentes entre la población urbana y rural tomando como punto de partida tres ideas fuerza: enfoque territorial participativo, inclusión social y productiva, y provisión de bienes públicos.
Como integrante del Consejo Directivo de la Misión para la Transformación del Campo, Mejía López, coincidió con la posición de Ocampo.
El presidente de la SAC también asegurò que «buena parte de las propuestas condensadas en el informe entregado al presidente de la República en diciembre de 2015 contribuirán a la construcción de una Política Agraria de Estado, pues cuentan con una visión a largo plazo y contemplan una ejecución de proyectos incluyentes para lograr el desarrollo social y económico de las zonas rurales». El dirigente gremial añadió que «el sector público y privado, incluyendo la academia, deben trabajar de la mano en la ejecución de los planes de la Misión para la Transformación del Campo. Para lograrlo, uno de los puntos fundamentales es darles la importancia que merecen a los modelos incluyentes en los que caben el pequeño, mediano y grande productor. En ese camino, consideramos que serán temas centrales para el desarrollo rural: el acceso a bienes públicos, la seguridad jurídica, una tributación que invite a la inversión, reglas comerciales claras y que no generen distorsiones y prácticas sostenibles con el medio ambiente; bajo una institucionalidad robusta y articulada que esté en función de cerrar las brechas existentes entre el campo y las ciudades».
