Por el momento, los butifarreros tradicionales de Soledad pueden estar tranquilos. Sus productos no son considerados por el gobierno como ultraprocesados y por lo tanto las exquisitas butifarras repletas de sabor pimienta, hechas artesanalmente en los patios de las casonas solariegas del segundo municipio más important del Atlántico, nos erán suejto de retención del IVA al momento de venderlas.
Ni esas hechas por Nutresa bajo la marca Cunit, serán gravadas porque se estima que mucha gente las come pese a su composición de ingredientes y los procesos a los que se someten en las plantas de fabricación industrial, que les hace llevar el nada honroso título de ultraprocesado, un término atribuible a cosas tan cotidianas como el slachichón, la mortadela o las salchichas de los perros calientes.
Lástima que estos embutidos se consigan en su mayor parte bajo las marcas industriales y que aquellos que las hacen artesanalmente sin tantos nitritos, colorantes y conservantes, no las puedan tener en los estantes de tiendas y supermercados, donde el consumo masivo hará que muy pronto varios de esos comestibles tengan que ser pagados con un impuesto altísimo para ver si así la gente los deja de comprar.
Entran productos, salen productos
Los listados cambian con el paso de los minutos. Que entra el salchichón, que sale la mortadela, que entran los chocolates, que salen las obleas y el arequipe, que las cripsetas se podrán comer sin IVA tranquilamente viendo una película, que ojo con la shormigas culonas porque despojos de carne e insectos serán gravados.
De los diversos aspectos que toca la reforma tributaria que el gobierno de Petro presenmtó desde el mismo 8 de agotos (primer día de mandato), el tema del IVA saludable, que grava directamente a muchos de los productos de la canasta familiar, es el más sensible de todos o al menos el que más bulla ha suscitado en los diferentes estamentos de la sociedad, empezando por los propios consumidores costeños que como así, que nos van a gravar el sancochod e tienda, porque entran los panes, las gaseosas y el salchichón.
La reforma tributaria, que ahora busca recaudar $22 billones, de los $25 billones que pretendía inicialmente la han ido trasquilando de acuerdo a los intereses de unos y otros, como ha sucedido con tantas otras en diversos períodos de la historia colombiana.
Luego de las incontables reuniones entre los congresistas ponentes y el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se ha urdido un proyecto de ley que no termina de acomodarse y que cada vez es más confuso para el común de la gente que lo único que sabe es que se le viene una clavada grande, especialmente si se pertenece a las clases medias de un país que tiene una amplia población en esas capas sociales.
Por ejemplo los nuevos impuestos para las industria extractivas como el petróleo y el carbón, el gobierno anunció que no se gravarán las exportaciones de estos commodites, pero se remplazará por una sobretasa de renta de 10% para las empresas petroleras y carboníferas el primer año, y luego se reducirá gradualmente. En el segundo año será de 7,5% y de 5% en el tercero.
Además se mantendrá la propuesta del texto inicial de que las regalías no sean deducibles de la depuración del impuesto de renta.
Los ponentes y el gobierno acordaron una tarifa de 0,5% para patrimonios mayores de los $3.000 millones. Los que sean mayores de $5.000 millones la tarifa será de 1% y los que superen los $10.000 millones será de 1,5%. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aclaró que esta tasa más alta será temporal por cuatro años.
Otra modificación es que los nuevos emprendedores no serán incluidos en estas tarifas, mientras no tengan utilidad. “Hay unos problemas que hemos venido analizando, pero quiero escuchar propuestas. Si no les gusta el valor intrínseco, entonces cuál es la alternativa. No puede ser el valor histórico, porque ese no es el patrimonio real”, aseguró Ocampo.
El Ministerio de Hacienda y los ponentes de la reforma tributaria habían acordado incluir dos días sin IVA para el próximo año, pero esta propuesta sucumbió por violar las cláusulas internacionales de la OMC y otros acuerdos, aunque quedó abierta la posible discusción en el segundo debate.
Los pequeños productores como las panaderías o las tiendas pequeñas estarán exentas de pagar impuestos, todos los productos lácteos serán excluidos, pero será para el segundo debate.
En el caso de las bebidas con alto contenido en azúcar, se permitirá, por un par de años y de manera transitoria, un porcentaje más alto del endulzante mientras se aplican las nuevas tarifas.
A las bebidas que contengan menos de seis gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplicará este impuesto saludable, pero las que tengan entre 6g y 10g tendrían que pagar una tarifa de $18 por cada 100 mililitros y las que tengan más de 10 gramos de azúcar pagarían $35.
La propuesta inicial contemplaba que las bebidas que no iban a pagar el impuesto adicional eran las que contenían menos de cuatro gramos de azúcar. La tarifa de $18 empezaría a aplicar para las que tengan entre 4g y 8g y las que tengan más de ocho gramos de azúcar pagarían $35.
