La discusión sobre las tarifas de energía en el Caribe volvió a la agenda esta semana, pero no porque ya exista una rebaja en las facturas. La novedad está en otra parte: el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG culminar los trámites para modificar las fórmulas tarifarias de la región, mientras crece la presión para que esa orden se cumpla.
El alcance de la providencia debe leerse con cuidado. No fija un porcentaje de reducción, no define una fecha para que bajen los recibos y tampoco cambia por sí sola la tarifa que pagan los usuarios. Sí obliga a las entidades a avanzar en decisiones que pueden incidir en componentes que han sido cuestionados durante años, entre ellos las pérdidas de energía reconocidas dentro de la fórmula.
La orden no es una promesa de rebaja inmediata
La decisión tiene origen en una acción popular presentada en 2022 por las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha. De acuerdo con información divulgada por El Heraldo, la Sección Primera del Consejo de Estado modificó parcialmente una medida cautelar el 19 de marzo de este año y el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó cumplir lo resuelto.
“Continúen y culminen las actuaciones administrativas correspondientes”.
Orden citada por El Heraldo sobre la providencia del Consejo de Estado.
En términos prácticos, MinMinas y la CREG deben terminar los procedimientos que permitan ajustar las fórmulas aplicables en el Caribe conforme a la normatividad. El fallo también ordena revisar que las pérdidas reportadas por los operadores correspondan a la realidad, avanzar en su reducción y evitar variaciones desproporcionadas frente al promedio nacional.
Es un paso importante, pero aún no permite anticipar cuánto podría cambiar una factura ni desde cuándo. Esas respuestas dependerán de los actos administrativos que adopten las entidades y de cómo queden definidos los componentes tarifarios.
El debate se mueve de la tarifa al cumplimiento
Ese es el punto que diferencia el momento actual de la larga discusión regional sobre el costo de la energía. La pregunta ya no es solamente por qué las tarifas del Caribe han sido más altas, un asunto que VOZCARIBE ha explicado en su guía sobre las razones de la tarifa eléctrica regional. Ahora es si las autoridades reguladoras cumplirán una orden judicial y bajo qué cronograma.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, anunció este 11 de octubre que hará seguimiento al cumplimiento de la providencia. En un comunicado, sostuvo que el propósito es que la revisión se traduzca en un alivio real para los hogares y la economía de la región. El pronunciamiento político, sin embargo, no reemplaza una decisión regulatoria ni aporta todavía una fecha de aplicación.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, señaló a El Heraldo que el debate mantiene pendientes como la sobretasa del 20 % en el componente de comercialización. Esa es una propuesta de los usuarios, no una reducción ya ordenada por el fallo.
Qué debe vigilar el usuario en los próximos meses
La señal para los hogares no será un anuncio, sino una medida verificable de la CREG o del Ministerio: una modificación formal de la fórmula, una revisión sustentada de pérdidas reconocidas o un cronograma público de cumplimiento. Hasta que eso ocurra, cualquier promesa de rebaja debe tratarse como una expectativa, no como un descuento garantizado.
La discusión llega en un momento sensible para el sistema eléctrico regional. La reciente aprobación de $1,2 billones para Air-e abrió otro frente: cómo atender la operación y las redes sin trasladar más presión a los usuarios. La orden judicial suma una exigencia distinta: que la revisión tarifaria deje de ser una promesa recurrente y se convierta en decisiones trazables.
Por ahora, el fallo no baja automáticamente el recibo. Lo que sí abre es una etapa en la que MinMinas y la CREG tendrán que mostrar qué hicieron, cuándo lo hicieron y qué parte de esos cambios llega realmente a la factura del Caribe.
