La Universidad Nacional desconoce el documento con el que Luz Verónica Estrada Holguín habría acreditado un título de ingeniería. El colegio que figura en su hoja de vida también afirma que no expidió su diploma de bachiller. Y el senador Agmeth Escaf, compañero de la representante antioqueña en el Pacto Histórico, ya le pidió que renuncie a su curul.
El caso también puso bajo la lupa un contrato por 78 millones de pesos suscrito con la DIAN en 2025, los controles de la entidad y la forma como se revisaron los antecedentes de una candidata que llegó al Congreso con el aval de la colectividad.
«Debes renunciar a tu curul»: el llamado de Escaf
En una publicación en X reproducida por El Espectador, Escaf dijo que hacía la petición «con mucho dolor» y sostuvo que, ante las evidencias sobre el presunto uso de diplomas falsificados para contratar con el Estado, lo coherente era que su compañera diera un paso al costado.
«El Pacto no se merece esto», afirmó Escaf.
El congresista pidió aplicar el mismo rasero a otras personas cuestionadas por sus credenciales. La solicitud es una posición política; corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades individuales en cada caso.
La alerta de la Universidad Nacional venía de 2025
La controversia se hizo pública el 18 de noviembre de 2026, pero la verificación institucional había comenzado más de un año atrás. En una comunicación del 23 de octubre de 2025 dirigida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), la Universidad Nacional, sede Medellín, informó que no encontró a Estrada entre los egresados de Ingeniería de Minas y Metalurgia.
La institución indicó que la copia del registro del diploma presentada para verificación no fue expedida por esa sede. El documento consultado atribuía a la representante un grado del 16 de noviembre de 2021, según la investigación de CAMBIO.
Verónica Botero, decana de la Facultad de Minas en la fecha del supuesto grado, aseguró que la firma atribuida a la decanatura no era la suya. La universidad anunció que denunció los hechos; según el rector, lo hizo en noviembre de 2025 y la denuncia fue radicada en la Fiscalía en diciembre de ese año, informó El Espectador.
Copnia negó la matrícula y el colegio desconoce otro diploma
El director del Copnia confirmó que la entidad nunca expidió una tarjeta profesional a Estrada. De acuerdo con CAMBIO, ella solicitó la matrícula en septiembre de 2025 y el organismo la negó en noviembre, después de consultar a la universidad. La entidad anunció una denuncia por el documento que circula con sus distintivos.
Las dudas alcanzaron también el bachillerato. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, informó que Estrada estuvo matriculada en 2017 como repitente de octavo y que no culminó la educación media en ese plantel. La institución declaró que el diploma y el acta de grado que se le atribuyen no corresponden a sus archivos oficiales, de acuerdo con El Espectador.
Esa constatación se refiere a los registros de ese colegio: por sí sola no demuestra dónde más pudo haber estudiado la congresista.
El contrato de $78 millones y los controles de la DIAN
En marzo de 2025, antes de la consulta del Copnia, Estrada firmó con la DIAN un contrato de prestación de servicios por 78 millones de pesos para apoyar estudios y políticas de control relacionadas con el sector minero. Según CAMBIO, entre los documentos del contrato figuraba el título cuestionado.
El entonces director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, dijo a Caracol Radio que desconocía las irregularidades y que la contratación pasó por los filtros de la entidad. Añadió que se sentía «asaltado en mi buena fe». Llinás trabajó después en la unidad legislativa de Estrada, vínculo que también ha suscitado preguntas.
La cronología plantea una cuestión central para los investigadores: qué comprobaron los responsables de contratación en marzo de 2025 y qué ocurrió con las alertas institucionales posteriores. El contrato precede a la respuesta de la universidad al Copnia, por lo que no sería correcto afirmar que aquella comunicación ya existía cuando se firmó.
Investigaciones y respuesta pendiente
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria y el Pacto Histórico anunció la intervención de su Comité de Ética. La senadora Jennifer Pedraza también presentó una denuncia ante la Fiscalía y la Corte Suprema y pidió revisar el contrato de la DIAN, según Caracol Radio.
Hasta las versiones periodísticas consultadas este 19 de noviembre, Estrada no había dado una explicación pública sobre los documentos. No se encontró confirmación suficiente de una renuncia. Las instituciones han desconocido los documentos señalados, pero la autoría de una eventual falsificación y cualquier responsabilidad penal o disciplinaria deben establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
El episodio revive la discusión sobre la verificación de credenciales en el Estado, presente también en las denuncias de Angie Rodríguez sobre el caso de Juliana Guerrero. Son casos distintos, con actuaciones y responsabilidades que deben examinarse por separado.





