El presidente Abelardo de la Espriella quiso mostrar ante las cámaras dos capturas que su Gobierno presenta como golpes contra estructuras armadas. Ahora una de esas exhibiciones llegó al terreno judicial: un juez de control de garantías de Antioquia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que investigue al mandatario por su actuación frente a alias Primo Gay y otro detenido.
El despacho consideró que las expresiones usadas y la presentación pública de las personas bajo custodia afectaron su dignidad, según el reporte de Caracol Radio sobre la audiencia. La compulsa de copias no equivale a una condena del presidente ni demuestra que la Comisión ya haya abierto una investigación formal.
En el mismo video difundido por el mandatario aparece otro cara a cara, con alias Pata e Palo, señalado como segundo de una estructura del Clan del Golfo en Córdoba. La discusión entre ambos se volvió especialmente tensa, en un episodio que aporta contexto a la actuación presidencial frente a personas capturadas.
Qué decidió el juez y qué pasó con la captura
La actuación se produjo durante la audiencia de legalización de captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y de Henry Sneyder Herrón Serna. El juez pidió a la Comisión investigar al presidente por la exhibición en Montería y las palabras dirigidas a los detenidos, que calificó de “totalmente despectivas”.
También compulsó copias a la Procuraduría para que establezca si servidores públicos que pudieron autorizar, organizar o ejecutar la exhibición incurrieron en faltas disciplinarias. Esa actuación tiene un objeto distinto de la compulsa ante la Cámara por la conducta presidencial.
Las capturas de Uñates López y Herrón Serna fueron declaradas legales, según La FM. La emisora informó que la diligencia fue suspendida y que el trámite continuaría en sus siguientes etapas. Legalizar una captura no significa declarar culpable a una persona ni reemplaza las decisiones posteriores sobre cargos y medidas de aseguramiento.
Algunos medios indicaron que el juez consideró la posibilidad de declarar ilegales las detenciones por lo ocurrido después del operativo. En esta revisión no se obtuvo la grabación íntegra ni el acta completa de la audiencia para reconstruir con precisión ese razonamiento. Lo verificable en los reportes consultados es la legalización y la compulsa de copias.
El video: dos capturas y un cruce en Montería
El 14 de noviembre, la Fuerza Pública capturó a Uñates López en zona rural de Briceño, Antioquia. Las autoridades lo vinculan con estructuras armadas y lo investigan por hechos graves, entre ellos el ataque contra un helicóptero policial en Amalfi en agosto de 2025, en el que murieron 13 uniformados. Según Caracol Radio, la Fiscalía contempla imputaciones por varios delitos. Las responsabilidades concretas tendrán que establecerse en los procesos judiciales.
En el video publicado por De la Espriella, el presidente atribuyó al detenido asesinatos de policías y militares y el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda. Lo llamó “miserable asesino, despreciable”, según la transcripción de Infobae, y planteó que podría ser llevado a un buque cárcel.
El otro enfrentamiento visible fue con Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias Pata e Palo, señalado por el Gobierno como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Ante una intervención del detenido, el mandatario respondió de manera airada y afirmó que un presidente no dicta órdenes de captura. Las versiones periodísticas consultadas no permiten reconstruir con certeza las palabras del capturado. Está pendiente verificar directamente si su intervención fue silenciada en el video difundido por el presidente.
“Ni siquiera te atrevas a dirigirme la palabra”.
La frase fue pronunciada por De la Espriella frente a Pacheco, de acuerdo con el video reseñado por Infobae y Semana. El presidente también lo llamó “bandido” y “asesino”.
Las acusaciones no sustituyen una sentencia
El presidente sostuvo que a los detenidos se les respetó la vida durante las operaciones y que deberán responder ante la justicia. También mencionó la posibilidad de extradición a Estados Unidos si se cumplen los requisitos legales. Esa es la posición que divulgó al presentar los resultados, según Noticias Caracol. En las fuentes consultadas para esta nota no se identificó una respuesta específica del mandatario a la decisión posterior del juez.
La gravedad de las conductas investigadas no elimina las garantías de quienes están bajo custodia. El artículo 29 de la Constitución protege la presunción de inocencia y el debido proceso; el artículo 12 prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una cosa es informar una captura y otra atribuir públicamente culpabilidad o exponer a una persona detenida de forma que pueda afectar sus derechos.
La Corte Constitucional ha señalado que las autoridades tienen deberes de protección de la dignidad durante la custodia. El pronunciamiento de la Corte recuerda las condiciones mínimas de trato a personas capturadas. Determinar si lo ocurrido en Montería constituye una infracción específica exige examinar las pruebas, las circunstancias y las competencias de cada autoridad; la sola compulsa de copias no resuelve esa cuestión.
Qué puede pasar en la Comisión de Acusación
La Comisión de Investigación y Acusación es la instancia de la Cámara que conoce actuaciones respecto de altos funcionarios con fuero, entre ellos el presidente. Recibir una compulsa significa que el juez remite información para que se examine dentro de las competencias correspondientes; no es equivalente a una acusación aprobada por la Cámara ni a una sanción.
La Procuraduría, por su parte, tendría que identificar qué servidores intervinieron en la presentación y valorar si existe mérito para actuar disciplinariamente dentro de su competencia. Hasta el cierre de esta revisión no se había verificado una decisión de apertura formal de ninguno de esos despachos.
La seguridad convertida en escena
El episodio se suma a una estrategia presidencial que ha dado amplia visibilidad a capturas y operaciones. VOZCARIBE ya examinó las imágenes de De la Espriella con uniforme de camuflado y la firma de una bomba, así como las preguntas sobre la exposición pública de capturados.
El Gobierno defiende una ofensiva contra organizaciones responsables de extorsiones, ataques y homicidios. Las comunidades afectadas necesitan resultados y justicia para las víctimas. La pregunta que ahora llega a los organismos de control es si, al presentar esos resultados, el presidente y los funcionarios que lo acompañaron respetaron los límites que el Estado debe observar frente a personas bajo su custodia.
La Comisión y la Procuraduría deberán decidir qué actuaciones corresponden; la Fiscalía tendrá que sustentar ante los jueces los cargos contra los capturados. El desenlace de uno y otro asunto dependerá de pruebas y decisiones separadas.




