La popularidad de Abelardo de la Espriella empieza a perder altura mientras su Gobierno enfrenta dos pruebas que no se resuelven con un anuncio: demostrar que la ofensiva de seguridad protege a las comunidades y convencer a los colombianos de que su proyecto de ajuste fiscal no golpeará sus bolsillos.
Una medición de Cifras y Conceptos divulgada este 12 de noviembre sitúa la imagen favorable del presidente por debajo del 50 %, aunque la firma no ha hecho pública la cifra exacta. Otra serie, de la encuestadora CB Global Data, muestra una caída de 53,6 % en septiembre a 46,9 % en noviembre. Son señales de desgaste, no pruebas de un derrumbe uniforme ni de que una causa específica explique por sí sola la pérdida de respaldo.
El mandatario, posesionado el 7 de agosto, cumple 100 días el 15 de noviembre. Su propia promesa de capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor tenía un plazo más corto: 90 días. Según el seguimiento del Milagrómetro de La Silla Vacía, al vencer ese plazo, el 5 de noviembre, el balance era de cuatro de los diez comprometidos.
Las encuestas muestran desgaste, pero no dicen lo mismo
La medición de Cifras y Conceptos recogió respuestas de 2.628 personas en 52 municipios entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre, según La Silla Vacía. Su director, César Caballero, explicó en Caracol Radio que el presidente conserva reconocimiento por su carácter y sus acciones de seguridad, pero que la reforma tributaria y la llamada batalla cultural están entre los puntos peor evaluados.
“El presidente De la Espriella está asumiendo un desgaste bastante acelerado”.
La apreciación es de Caballero. Al no conocerse la cifra exacta ni todos los detalles de esa medición, no es posible calcular cuánto cayó respecto de encuestas anteriores de la misma firma ni atribuir matemáticamente el resultado a la reforma.
La serie de CB Global Data reseñada por Infobae registra 53,6 % de imagen positiva en septiembre, 49,7 % en octubre y 46,9 % en noviembre: una caída de 6,7 puntos en dos meses. La medición de noviembre reportó 51,7 % de imagen negativa, aunque la propia publicación advierte una discrepancia entre ese total y la suma de las categorías negativas que requiere aclaración de la encuestadora.
Por su parte, AtlasIntel y Bloomberg registraron una aprobación de gestión de 51,8 % en septiembre y 48,7 % en octubre, una reducción de 3,1 puntos. Imagen favorable y aprobación de gestión son preguntas distintas; tampoco se deben mezclar porcentajes de firmas diferentes como si fueran una sola encuesta. Un análisis de conversación digital que atribuye más del 70 % de aprobación tampoco equivale a una encuesta de opinión representativa.
Diez cabecillas prometidos, cuatro en el plazo
De la Espriella ofreció capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor durante sus primeros 90 días. El seguimiento de La Silla identificó cuatro dentro de la lista de objetivos citados por el presidente o su campaña: alias El Ruso, Bendito Menor, Arrieta y El Cholo. El resultado corresponde al 40 % de la meta en el plazo fijado.
Eso no significa que solo se hayan producido cuatro operaciones o capturas contra organizaciones criminales. El Gobierno ha informado otras acciones, incluida la captura en Cali de alias Joel Piraña y alias Rulay, señalados de integrar una estructura que actúa en Barranquilla y Soledad. Presidencia reportó esas detenciones el 2 de noviembre. No es correcto sumar indiscriminadamente cada captura a la meta de los diez sin comprobar si corresponde a la lista y al plazo.
La discusión es si los golpes anunciados se traducen en menos extorsión, menos reclutamiento y mayor tranquilidad para quienes viven bajo presión de los grupos armados. Las operaciones son un resultado; la protección sostenida de los territorios exige medir algo más que el número de comunicados.
La seguridad tiene cifras que suben y otras que bajan
Un balance del Ministerio de Defensa, reseñado por Infobae, comparó el periodo del 7 de agosto al 5 de noviembre de 2026 con los mismos días del año anterior. El secuestro pasó de 54 a 84 registros y la extorsión de 2.437 a 2.571; el reclutamiento ilícito registrado subió de 52 a 131 casos. Son señales graves, aunque las denuncias y los registros pueden depender también de cambios en su reporte.
En la misma comparación, los homicidios intencionales bajaron de 3.303 a 3.151, una reducción de 4,6 %, y el desplazamiento registrado también disminuyó. Por tanto, afirmar sin matices que todos los indicadores de inseguridad aumentaron sería incorrecto. El balance es desigual y un trimestre no basta para atribuir cada variación exclusivamente a la política del nuevo Gobierno.
La puesta en escena presidencial también forma parte de la discusión. VOZCARIBE documentó la aparición del mandatario con camuflado y la firma de una bomba. Para sus seguidores son gestos de respaldo a la fuerza pública; sus críticos cuestionan la espectacularización de la guerra. Esa controversia no elimina la obligación de verificar los resultados ni demuestra, por sí sola, por qué cambia la opinión pública.
La reforma abre otra presión sobre el bolsillo
El Gobierno radicó el 29 de octubre la Ley de Rescate Económico, proyecto 477 de 2026 Cámara. Aún debe surtir el trámite legislativo: sus medidas son propuestas, no aumentos ya aprobados.
El proyecto plantea ampliar la base del IVA desde 2028 y eliminar la tarifa diferencial del 5 % para numerosos bienes y servicios. Según el análisis de BDO Colombia, algunos productos pasarían a la tarifa general del 19 %, mientras otros conservarían exclusiones o exenciones, entre ellos arroz, papa, yuca, leche, carnes y huevos. No es cierto que toda la canasta familiar quedaría gravada por igual.
Para los hogares vulnerables, el Ejecutivo propone EfectIVA, una devolución que entraría en funcionamiento en 2028. Hacienda sostiene que las personas de menores ingresos podrían recibir una transferencia incluso sin factura electrónica. Su alcance efectivo dependerá del texto que apruebe el Congreso, la identificación de beneficiarios y la puesta en marcha.
La inquietud para familias de ingresos bajos y medios es concreta: cuánto subiría el precio de lo que sí resulte gravado, cuánto les devolverían y si esa compensación llegaría a tiempo. El Gobierno defiende el ajuste como necesario para contener el deterioro fiscal; sus críticos cuestionan cómo se distribuye el esfuerzo. Un análisis de EL PAÍS advierte que buena parte del ajuste proyectado para 2027 provendría de mayores ingresos y no del recorte estatal, al tiempo que propone reducir gradualmente la tarifa de renta empresarial.
Los tenderos ponen la cerveza sobre la mesa
FEDECOM advierte que el nuevo esquema tributario para la cerveza podría elevar su precio y reducir las ventas de las tiendas de barrio, una preocupación especialmente sensible para negocios que viven de compras pequeñas y frecuentes. El articulado propone un componente de $330 por grado de alcohol para una unidad de 330 mililitros y otro del 10 % sobre el precio de venta al público, bajo las reglas previstas en el proyecto.
El gremio ha advertido que una botella cercana a $3.500 podría superar los $5.200. Es una proyección divulgada por FEDECOM, no un precio decretado ni un efecto ya comprobado: depende del texto final, de las características del producto y de cuánto del cambio tributario se traslade al consumidor. Tampoco se dispone aquí de la metodología necesaria para dar como hecho que cientos de miles de tiendas cerrarán.
El presidente conserva respaldo, sobre todo en sectores que valoran su discurso de autoridad. Pero llega a la antesala de sus 100 días con una meta de seguridad vencida, indicadores de violencia que exigen respuestas diferenciadas y una reforma que tendrá que explicar a los ciudadanos que hacen cuentas frente al mostrador. El Congreso decidirá el alcance del proyecto; las próximas mediciones y los resultados verificables en los territorios mostrarán si el desgaste continúa.
