Una conversación atribuida al expresidente, contratos registrados a nombre de la denunciante y un video íntimo están en el centro de una investigación que busca determinar si hubo uso indebido de recursos públicos. Petro niega haber ofrecido contratos a cambio de relaciones sexuales.
Una solicitud para mantener un contrato en el Ministerio del Interior, atribuida al entonces presidente Gustavo Petro, se ha convertido en una de las piezas centrales de la controversia desatada por las denuncias de Deicy Jiménez. La excontratista afirma que recibió vínculos con el Estado a cambio de relaciones sexuales con el exmandatario; él rechaza esa acusación.
El caso reúne elementos de naturaleza distinta: un testimonio público, registros de contratación, una conversación divulgada por la prensa y un video íntimo publicado por la propia denunciante. Las autoridades tendrán que establecer la autenticidad y el contexto del material y, sobre todo, si existe relación entre los encuentros denunciados y las decisiones de contratación.
El chat que puso el foco en un contrato
Según informó El País, con base en una revelación de Noticias Caracol, en una conversación de diciembre de 2025 atribuida a Petro y a la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, el mandatario habría pedido mantener a Jiménez vinculada por contrato con el Ministerio del Interior.
La conversación, de confirmarse, sería relevante para determinar si hubo intervención desde la Presidencia en ese vínculo. Aun así, el mensaje divulgado no establece por sí mismo que el contrato fuera una contraprestación por relaciones sexuales. Su autenticidad, contexto y alcance deben ser examinados dentro de las actuaciones correspondientes.
La información publicada sobre fechas, montos y terminación de los contratos presenta diferencias entre medios. Por eso, esas cifras requieren una revisión individual de los expedientes y sus soportes antes de llegar a conclusiones sobre cada vínculo.
Qué denunció Deicy Jiménez
Jiménez relató en una entrevista publicada por Semana el 25 de octubre que Petro le habría conseguido contratos públicos a cambio de encuentros sexuales. También dijo que otras mujeres habrían sido vinculadas bajo una dinámica semejante. Esos señalamientos deben ser contrastados y no equivalen a hechos establecidos judicialmente.
Su denuncia se conoció pocos días después de que Carlos Ríos, director del Dapre en el actual Gobierno, afirmara ante el Congreso que Petro habría instrumentalizado a 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios. La cifra corresponde a una afirmación del funcionario, no a un número de casos probados. El País recogió ambas versiones y la respuesta del expresidente.
Los contratos registrados y la pregunta pendiente
Una revisión de los registros públicos de contratación citada por El País identificó diez contratos a nombre de Jiménez: siete con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia. Entre los del Senado figura uno de apoyo a María José Pizarro durante su paso por la primera vicepresidencia de la corporación.
La existencia de los contratos no basta para demostrar que fueran irregulares ni que respondieran al intercambio denunciado. Para establecerlo será necesario revisar quién solicitó y aprobó cada vinculación, cuáles fueron sus objetos y soportes, qué labores se ejecutaron y qué relación tienen esos documentos con los testimonios y mensajes que recaben los investigadores.
Pizarro negó públicamente las insinuaciones y sostuvo que se busca afectar su nombre. Su versión, como la de los demás mencionados, forma parte del contraste necesario para esclarecer lo ocurrido.
Qué muestra el video y qué no demuestra
El 4 de noviembre, Jiménez publicó un video íntimo en el que aparecen ella y Petro. La mujer dijo que lo difundía como respaldo a su versión y pidió protección para ella y su familia. No se informó públicamente la fecha en que fue grabado, según la información publicada por El País.
La grabación no contiene por sí sola una decisión contractual ni permite establecer el supuesto intercambio denunciado. La defensa de Petro pidió que se verifiquen su origen, integridad y contexto mediante los procedimientos judiciales.
En una respuesta pública citada por ese medio, el expresidente negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores:
“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”.
Petro sostiene además que detrás de las revelaciones hay una operación política. Esa es su versión; no hay pruebas públicas suficientes en la información consultada para dar por establecido que el Gobierno actual haya organizado la denuncia.
Fiscalía, Corte y Procuraduría: las actuaciones
La Fiscalía abrió una indagación a partir de los señalamientos y anunció diligencias para escuchar a personas que podrían aportar información. Las autoridades deberán definir las competencias aplicables a los hechos que se atribuyen a Petro según el cargo que ejercía en cada momento.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó diligencias en la Secretaría del Senado para verificar los contratos de Jiménez. También se realizó una copia forense de su teléfono para el análisis de su contenido, según reportaron Noticias RCN y Blu Radio.
De acuerdo con este último medio, Jiménez fue citada por la Fiscalía para el 10 de noviembre, luego de que no asistiera a una diligencia previa. La extracción de información del celular fue una actuación distinta a la toma de su declaración. La Procuraduría también adelanta actuaciones y citó a la denunciante para el 9 de noviembre, según informó Blu Radio.
La seguridad de la denunciante y el contexto político
La abogada Dina Luz Malo afirmó que personas no identificadas siguieron y fotografiaron a Jiménez y pidió medidas de protección. También señaló que el anterior abogado de la denunciante renunció tras amenazas. Son hechos denunciados por la defensa cuya verificación corresponde a las autoridades; no se ha establecido públicamente quién estaría detrás.
El caso aparece después de las denuncias de Angie Rodríguez sobre el funcionamiento de la Casa de Nariño durante el Gobierno Petro, que también generaron controversia política y solicitudes de investigación. Esos antecedentes no prueban las acusaciones actuales, pero ayudan a entender por qué la contratación y la influencia de personas cercanas al poder volvieron al centro del debate.
Lo que sigue será decisivo: contrastar las declaraciones con los expedientes de contratación, establecer la autenticidad y el contexto de los mensajes y analizar el material digital. Solo después de esa valoración podrán las autoridades determinar si hubo irregularidades y quiénes tendrían alguna responsabilidad.
