Una mujer que conoció por dentro el corazón administrativo de la Presidencia acaba de describir un Gobierno atravesado, presuntamente, por poderes informales, presiones para nombrar funcionarios, disputas por recursos públicos, amenazas y miedo. Si el relato de Angie Rodríguez llega a probarse, Colombia no estaría únicamente ante una pelea entre antiguos aliados de Gustavo Petro: estaría frente a la posible descomposición de la forma en que se ejerció el poder durante los últimos cuatro años.
Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y todavía gerente titular del Fondo Adaptación mientras permanece incapacitada, habló durante cerca de una hora en Mañanas Blu, con Néstor Morales. Sus afirmaciones son de enorme gravedad, pero no constituyen decisiones judiciales ni demuestran por sí solas la comisión de delitos. Las personas mencionadas conservan plenamente la presunción de inocencia.
La importancia de su testimonio está en el lugar desde el que habla. Rodríguez no observó el Gobierno desde afuera: dirigió el Dapre, tuvo acceso directo al presidente y pasó por espacios donde se tramitan nombramientos, decretos, presupuesto y decisiones sensibles. Precisamente por eso, sus denuncias exigen algo más serio que una guerra de insultos: investigación penal, disciplinaria y fiscal, documentos, testimonios y derecho a la defensa.
Una Presidencia donde, según Rodríguez, casi nadie contradecía a Petro
Rodríguez presentó una Casa de Nariño en la que el criterio técnico habría quedado subordinado, en determinados momentos, a la voluntad presidencial y a influencias personales. Dijo que se enfrentó a Petro cuando consideró que una orden no cumplía los requisitos legales y que esa resistencia deterioró su relación con el mandatario.
“Yo era prácticamente la única que le revertía algo que él dijera, porque la gente lo tenía tan idealizado”.
Angie Rodríguez, en Mañanas Blu
La frase no prueba que el Estado hubiera dejado de operar con controles, pero sí plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas decisiones pudieron avanzar sin contradicción interna por temor, lealtad política o cercanía personal? La eventual podredumbre institucional no se mediría únicamente en contratos irregulares. También podría manifestarse en el silenciamiento del criterio técnico, la obediencia acrítica y la sustitución de procedimientos por favores.
Juliana Guerrero y el presunto poder de una persona sin autoridad formal suficiente
El eje principal del relato es Juliana Guerrero. Rodríguez aseguró que la joven llegaba con hojas de vida, invocaba conversaciones con el presidente y buscaba influir en el nombramiento de secretarios generales y otros cargos con capacidad para ordenar gasto. También sostuvo que existía una “red de mujeres” que pretendía intervenir en decisiones administrativas.
Según la exdirectora del Dapre, el quiebre con Petro comenzó cuando ella se opuso a que Guerrero fuera nombrada viceministra de Juventudes porque no acreditaba el título profesional requerido. Rodríguez afirmó que posteriormente recomendó retirarla como delegada presidencial ante el consejo directivo de la Universidad Popular del Cesar, pero que el mandatario no atendió la recomendación.
Las inconsistencias en la formación académica de Guerrero han sido objeto de denuncias públicas y actuaciones de las autoridades. Sin embargo, la supuesta intervención en contratos y nombramientos, así como la existencia de una red organizada, debe ser establecida por los organismos competentes. Rodríguez describió el vínculo entre Petro y Guerrero como “no normal” y “no necesariamente laboral”, pero evitó afirmar que fuera sentimental. Convertir esa insinuación en un hecho sería irresponsable.
La defensa pública de Guerrero ha incluido la negación de haber recibido dinero, comisiones o beneficios económicos por gestiones contractuales. El exviceministro de Agua Edward Libreros, mencionado en informaciones relacionadas, también negó cualquier complicidad y aseguró que su relación con ella se limitó a reuniones y canales institucionales.
La pelea por La Mojana: más de un billón de pesos en el centro
El relato adquiere una dimensión regional y presupuestal con los recursos del Fondo Adaptación. Rodríguez aseguró que se opuso al traslado de cerca de $1,2 billones comprometidos para proyectos de La Mojana y cuestionó que se pretendiera mover el dinero sin los estudios técnicos necesarios.
VOZCARIBE ya había documentado que Petro pidió trasladar recursos hacia la UNGRD a pocos días de terminar su mandato. Que exista una solicitud de reasignación no demuestra apropiación indebida ni corrupción. Lo que debe establecerse es si los recursos estaban legalmente comprometidos, qué proyectos quedarían desfinanciados, cuáles soportes técnicos acompañaron la orden y quiénes resultarían beneficiados por el eventual cambio.
La coincidencia temporal hace indispensable una vigilancia reforzada: las entidades que entregarían y recibirían el dinero quedaron provisionalmente bajo una misma dirección encargada. El Gobierno sostiene que los recursos responderían a necesidades relacionadas con El Niño; Rodríguez afirma que pertenecen a obras de protección contra inundaciones en La Mojana. El dinero no puede desaparecer entre dos versiones políticas.
Amenazas, extorsión y el miedo de quedar fuera del Gobierno
Rodríguez relató que recibió amenazas, que habría sido extorsionada por una persona de su entorno laboral y que entregó chats y conversaciones a la Fiscalía y al Gaula. Desde abril sostiene que existiría un grupo de más de veinte personas con funciones diferenciadas para desacreditarla, sacarla del Fondo o causarle daño. Ha mencionado, entre otros, a Juliana Guerrero y a funcionarios o exfuncionarios como Carlos Carrillo, quienes deben tener oportunidad de responder ante las autoridades.
También contó que, durante una discusión privada, Petro la habría acusado de integrar redes de fentanilo, contrabando y paramilitarismo. Cuando Néstor Morales le preguntó si el mandatario la amenazó recordándole su pasado guerrillero, Rodríguez no aportó la frase completa ni describió el episodio con precisión: dijo que se reservaba detalles hasta contar con acompañamiento jurídico.
Por eso, lo correcto es hablar de una amenaza percibida y denunciada por Rodríguez, no de una amenaza de muerte demostrada. Petro no ha admitido tal conducta. Sí respondió públicamente calificándola de “gran manipuladora”, pidió declararla insubsistente por incompetencia y divulgó un oficio que mencionaba una incapacidad por razones psiquiátricas.
La salud mental utilizada como arma en una disputa de poder
Rodríguez confirmó que fue diagnosticada con depresión y ansiedad en noviembre de 2025. Aseguró que su experiencia en el Gobierno agravó su estado y llamó a Petro su “mayor victimario”. Esa afirmación expresa su vivencia y no equivale a una determinación médica o judicial de responsabilidad.
Lo que sí es verificable es que el presidente divulgó información administrativa relacionada con su incapacidad y la utilizó en una descalificación pública. La Asociación Colombiana de Psiquiatría advirtió que la salud mental no debe emplearse para desacreditar y recordó que un diagnóstico no define la idoneidad moral ni la capacidad ética de una persona.
En un Gobierno que hizo de la dignidad y el cuidado parte de su lenguaje político, convertir una condición de salud en munición contra una subordinada representa, como mínimo, una contradicción ética que merece escrutinio.
El coronel Dávila: una versión de terceros frente a una conclusión forense
Uno de los pasajes más sensibles de la entrevista fue la referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila. Rodríguez dijo que policías cercanos al oficial le manifestaron que no se había suicidado y le recomendaron tener cuidado. Ella misma aclaró que no investigó esas versiones y no obtuvo pruebas que las respaldaran.
La conclusión oficial vigente es distinta: la Fiscalía y Medicina Legal determinaron en 2023 que Dávila se quitó la vida. La necropsia, el análisis de trayectoria y los residuos de disparo sustentaron esa conclusión. En 2025, Medicina Legal informó que unos accesos irregulares a archivos fueron investigados disciplinariamente, pero precisó que no se documentaron alteraciones en los informes periciales ni en las conclusiones forenses.
Por tanto, el comentario recibido por Rodríguez no permite reabrir periodísticamente el caso como si existiera evidencia de homicidio. Solo adquiere relevancia como parte del ambiente de temor que, según ella, encontró en la Presidencia.
La posible podredumbre no se prueba con una entrevista, pero tampoco se barre con insultos
Las denuncias de Angie Rodríguez dibujan una posible estructura de degradación institucional: poder sin cargo, hojas de vida impulsadas desde círculos de confianza, funcionarios temerosos de contradecir, recursos billonarios en disputa, campañas de descrédito y la seguridad personal convertida en asunto político. Ese dibujo todavía no es una sentencia.
También debe examinarse la conducta de la denunciante. Su cercanía con el poder durante buena parte del mandato no la exime de explicar qué supo, cuándo lo supo, qué decisiones firmó, por qué permaneció y cuáles documentos entregó. Haber estado dentro le da valor a su testimonio, pero también le impone responsabilidades.
La salida institucional no consiste en escoger entre creerle completamente a Rodríguez o aceptar sin examen las descalificaciones de Petro. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría deben establecer si existen delitos, faltas disciplinarias o daño fiscal. El Gobierno y cada persona mencionada tienen derecho a responder y aportar pruebas.
Si las denuncias resultan falsas, deberá determinarse la responsabilidad de quien las formuló. Si se prueban, Colombia tendría que reconocer que parte del poder presidencial pudo haber sido colonizado por una trama de influencias y miedo. En ambos escenarios, lo inadmisible sería dejar que el cambio de Gobierno cierre la puerta y convierta cuatro años de preguntas en otro expediente olvidado.
