Algunos hoteles entre Neguanje y Palomino reportan ocupaciones de hasta 15 %, mientras Cotelco Magdalena registra cancelaciones y aplazamientos antes del receso escolar. La crisis de seguridad también expone un problema persistente: la extorsión a prestadores del corredor turístico.
La situación de orden público de los últimos días ya tiene consecuencias medibles para el turismo del Magdalena. Hoteleros reportan cancelaciones, solicitudes para aplazar viajes y una menor velocidad de nuevas reservas, justo antes de la Semana de Receso Escolar. En algunos establecimientos ubicados entre Neguanje y Palomino, la ocupación no supera el 15 %, según Cotelco Magdalena.
El efecto no se limita a ese corredor. El gremio también señala una caída en el ritmo de reservas en El Rodadero, Bello Horizonte, Pozos Colorados, Don Jaca, el Centro Histórico y Taganga. Los establecimientos consultados continúan abiertos y reciben visitantes, pero el episodio ya modifica las decisiones de quienes evalúan viajar.
La alerta llega después del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tras un operativo militar en el que murió José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”. Durante esos días se alteraron actividades comerciales y de transporte, y las autoridades anunciaron refuerzos de seguridad en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe.
Reservas debilitadas antes del receso escolar
El impacto turístico no siempre aparece como un cierre de hotel o la cancelación de un vuelo. Puede empezar cuando un viajero aplaza una reserva, cambia de destino o decide no comprar un paquete. El aeropuerto Simón Bolívar mantenía sus operaciones y, según el Instituto Distrital de Turismo, no se habían cancelado vuelos; aun así, agencias y hoteles reportaron solicitudes de aplazamiento y cancelaciones.
El presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García Silva, advirtió que la afectación se transmite a quienes trabajan alrededor de los alojamientos: empleados, proveedores y familias que dependen del movimiento turístico. El gremio pidió que la presencia de Policía, Ejército, Armada y otras instituciones sea permanente en corredores turísticos y zonas rurales, no limitada a los días de emergencia o temporada alta.
La dimensión de la caída de reservas debe leerse con cuidado: el dato de ocupación de hasta 15 % corresponde a algunos establecimientos del corredor Neguanje–Palomino, no a todos los hoteles del departamento. Los reportes sobre Santa Marta también describen una reducción de reservas en varios sectores, pero todavía no hay un balance público consolidado de cancelaciones, noches perdidas o empleos turísticos afectados.
La pérdida económica alcanza a más sectores que los hoteles
La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena calculó de forma preliminar que durante la jornada de mayor parálisis dejaron de circular $39.590 millones en Santa Marta. Al incluir Ciénaga y Zona Bananera, su estimación asciende a $40.636 millones diarios. La cifra corresponde a afectaciones generales del comercio, la producción y el transporte; no equivale a pérdidas exclusivamente turísticas ni debe multiplicarse por varios días sin una nueva medición.
El golpe se distribuye por una cadena amplia: restaurantes, guías, agencias, operadores, lancheros, transportadores, vendedores informales y proveedores. La Cámara señala que el comercio ocupa a 48.140 personas en Santa Marta, el transporte a 26.010 y restaurantes y hoteles a 25.280. Cerca del 60 % de las personas expuestas a las interrupciones trabaja en la informalidad, por lo que perder una jornada puede afectar de inmediato el ingreso familiar.
“Para quien vive de la venta del día, no poder trabajar significa una preocupación inmediata por los gastos de su casa”.
Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, en el balance preliminar publicado por la entidad.
La estimación económica sirve para dimensionar la parálisis de la ciudad y municipios cercanos, pero no permite atribuir todo ese monto al turismo. Para conocer el costo turístico con precisión hacen falta datos desagregados de hoteles, agencias, transporte de visitantes, tours y comercios, además de comparar las reservas con el mismo periodo de años anteriores.
La inseguridad también encarece y condiciona la operación
El episodio de septiembre se superpone a denuncias de extorsión que afectan desde hace tiempo a negocios del corredor entre Santa Marta, el Parque Nacional Natural Tayrona, Buritaca y Palomino. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, citado por medios regionales, estima que las ACSN cobran extorsiones a cerca del 95 % de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes, transportadores y otros prestadores de esa zona. El porcentaje se refiere al corredor analizado por el estudio y no debe extenderse a todo el Magdalena.
Según el informe, los cobros pueden incluir pagos por turista y “matrículas” para abrir establecimientos. El estudio advierte que quienes se niegan pueden enfrentar amenazas, cierres forzados o agresiones. Además de reducir los márgenes de los negocios, esa presión limita la libertad con que comunidades y trabajadores prestan servicios en zonas de interés turístico.
El Parque Tayrona ya había vivido un cierre temporal por riesgo público en febrero. Parques Nacionales documentó amenazas contra funcionarios, intimidaciones en los accesos, bloqueos y cobros no autorizados que impedían garantizar condiciones mínimas de seguridad. El parque reabrió el 5 de marzo tras una coordinación entre autoridades. Ese cierre fue distinto de las pausas programadas para conservación y mostró que los problemas de seguridad pueden interrumpir directamente el acceso a uno de los principales atractivos del departamento.
La reapertura económica necesita confianza sostenida
El Gobierno informó el 23 de septiembre que había desplegado más de 500 soldados y 600 policías en Santa Marta, además de reforzar la presencia en Ciénaga y la Troncal del Caribe. La Gobernación reportó la reapertura progresiva de comercios y reuniones con gremios. Esas medidas atienden la emergencia inmediata, pero los hoteleros piden presencia permanente en las áreas turísticas rurales para que la recuperación no dependa únicamente de operativos temporales.
La pregunta para el sector es si los viajeros mantendrán sus planes para el receso escolar y cuánto tardará en recuperarse la confianza. El aeropuerto abierto y los hoteles en funcionamiento son señales de continuidad operativa, pero no bastan para revertir cancelaciones ni para resolver la percepción de riesgo que se extiende cuando las noticias de violencia circulan fuera del territorio.
El reto del Magdalena es doble: proteger a visitantes, comunidades y trabajadores, y demostrar con información verificable que los corredores turísticos pueden operar de forma segura. Sin resultados sostenidos contra las amenazas y la extorsión, la baja ocupación puede prolongarse más allá de los días del paro armado y golpear a quienes viven del turismo durante todo el año.
