El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha convertido las capturas en uno de los principales símbolos de su ofensiva de seguridad. Pero una cifra acumulada de miles de detenidos no responde por sí sola a la promesa con la que el presidente llegó al poder: capturar o dar de baja a diez cabecillas importantes en sus primeros 90 días.
La meta venció el 5 de noviembre sin cumplirse. El Milagrómetro de La Silla Vacía cuenta cuatro resultados dentro de los objetivos que el mandatario fue señalando por nombre. Ese balance tiene una advertencia: no todos ocupaban el mismo nivel jerárquico, y no existe en esa medición una lista cerrada de solo diez nombres. La Silla elaboró una lista más amplia a partir de declaraciones de Abelardo y aplicó ese criterio a su seguimiento.
La ofensiva también tiene un costo humano. Al 5 de noviembre, el balance de Mindefensa citado por Caracol Radio registraba 35 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 197 heridos durante el Gobierno. Tras el ataque del 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el consolidado pasó a 38 muertos y 213 heridos. Esa segunda cifra ya incluye hechos posteriores al plazo de los 90 días.
La diferencia entre miles de capturas y diez objetivos
En abril, Abelardo prometió actuar contra diez cabecillas en 90 días. El alcance de su frase era amplio: se refirió a dirigentes del narcoterrorismo, bandas extorsivas y estructuras de gota a gota. La Silla decidió medir la promesa a partir de personas que el propio dirigente nombró, para evitar que cualquier detención de un mando menor terminara contabilizada automáticamente como un objetivo de alto valor.
Con ese criterio, el seguimiento registra a alias El Ruso, Bendito Menor, Arrieta y El Cholo como capturados o abatidos al vencer el plazo. La cuenta de cuatro se atribuye a ese medio: el carácter de “alto valor” admite discusión y cada caso exige revisar la posición del señalado dentro de su organización.
La conclusión es doble: la meta de diez no se cumplió, pero afirmar que no cayó ninguno de los señalados tampoco se sostiene con las fuentes consultadas.
Bendito Menor sí fue señalado por el presidente
Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, era presentado como uno de los mandos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Murió en una operación en Riohacha el 3 de septiembre. Según El Colombiano, De la Espriella lo había señalado públicamente como objetivo el 9 de julio, antes de posesionarse. También aparece en la relación de nombres de La Silla Vacía.
Eso no lo convierte automáticamente en la cabeza nacional de todas las estructuras criminales. La discusión sobre su rango o la trascendencia de su caída es legítima; excluirlo afirmando que nunca fue uno de los objetivos señalados no coincide con esos registros.
Entre los nombres de mayor proyección nacional que el presidente mencionó también figuran Iván Mordisco y Calarcá. El seguimiento debe distinguirlos de mandos regionales y verificar su situación en cada fecha, sin sugerir que la captura de un integrante equivale al desmantelamiento de la organización.
Qué hay detrás de las cifras globales
Algunos opositores cuestionan los anuncios y califican a los detenidos como “jíbaros” o “chirretes”. Son expresiones políticas y despectivas, no categorías que permitan establecer por sí mismas el perfil de miles de personas capturadas. Lo que sí se puede verificar es la composición de una parte del balance.
Una revisión de La Silla Vacía con información entregada por la Policía encontró que entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre el registro nacional comprendía 13.580 capturas por distintos delitos. El 87 % fueron en flagrancia y el 13 % por orden judicial. El tráfico o porte de estupefacientes representó el 27 %; también aparecían lesiones personales, hurto, violencia intrafamiliar y porte de armas.
La consecuencia es importante: el total incluye delincuencia común y no puede presentarse íntegramente como capturas de cabecillas o golpes al narcotráfico organizado. Pero tampoco permite concluir que cada capturado fuera un vendedor minorista o un delincuente de poca importancia. Una captura, además, no equivale a una condena.
El Ejecutivo sí ha informado operaciones contra estructuras armadas y mandos criminales. En septiembre, Presidencia reportó 19 cabecillas capturados y cinco muertos en operaciones durante sus primeros 36 días, con una clasificación más amplia que la usada por La Silla para medir la promesa. Las dos cuentas responden a criterios distintos y no son intercambiables.
Muertos y heridos: la comparación que importa
Caracol Radio informó de 38 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 213 heridos tras incorporar el ataque del 7 de noviembre. La emisora reportó aumentos del 58 % y 72 %, respectivamente, frente al periodo equivalente del inicio del Gobierno de Gustavo Petro, en 2022. No son porcentajes frente a 2025 y el consolidado de 38 y 213 rebasa el corte inicial del 5 de noviembre.
En un recuento posterior, Caracol informó de 43 uniformados asesinados hasta el 12 de noviembre. Ese total tiene un corte diferente y no debe compararse directamente con las cifras cerradas de 90 días sin ajustar los periodos.
La elección del punto de comparación cambia la lectura. Una verificación de Verídicos, basada en datos oficiales de agosto divulgados por prensa, indica que los asesinatos de uniformados en ese mes bajaron de 28 en 2025 a 12 en 2026, mientras los heridos pasaron de 64 a 86. Agosto completo no es idéntico a los primeros 90 días presidenciales; esas cifras no prueban por sí solas la tendencia para todo el trimestre.
La Fundación Ideas para la Paz concluye que el plan de choque no cumplió sus principales metas y advierte que el control sostenido requiere investigación, justicia e inteligencia financiera, además de despliegue militar. Un periodo de tres meses permite examinar promesas y resultados, pero no atribuir automáticamente cada muerte, herida o variación de un indicador a una sola decisión presidencial.
La pregunta de fondo sigue abierta: cuántos de los operativos golpean realmente las estructuras que ordenan la violencia y, sobre todo, si los habitantes de territorios como el Caribe, el Catatumbo y el Cauca viven con menos amenazas. Para responderla hacen falta balances por tipo de delito, jerarquía de los objetivos, judicializaciones y protección efectiva de civiles y uniformados.
