El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo a la gerencia del Fondo Milagro después de que se conocieran los elevados salarios de su equipo. Pero la salida del funcionario no responde, por sí sola, las preguntas que importan a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto: cuánto dinero hay, cuánto se ha contratado, cuánto se ha pagado y cuándo llegarán las soluciones.
El reemplazo ya fue anunciado. Presidencia designó al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien afirmó el 14 de noviembre que asumirá sin sueldo y que el equipo tendrá remuneraciones austeras. Hasta ahora no se conoce una relación verificada y completa de los cargos eliminados, los contratos modificados ni la nueva nómina.
Por tanto, no puede afirmarse que la estructura desapareció o que los salarios ya se redujeron. Tampoco que el Fondo no haya hecho absolutamente nada: reportó procesos de contratación y beneficios de vivienda, aunque el balance disponible deja dudas sobre el ritmo de ejecución y los pagos efectivos.
Una nómina cuestionada y una promesa sin cifra nueva
La polémica se desató por una respuesta a un derecho de petición divulgado por la senadora Kamelia Zuluaga. Según Caracol Radio, al 9 de noviembre había 27 personas vinculadas mediante Fiducoldex, la fiduciaria administradora del patrimonio. El costo mensual de los salarios se estimó en $765,6 millones, sin incluir primas ni prestaciones, según la información publicada.
El salario reportado para Uribe era de $39.441.454 mensuales; el de su secretario privado y el de un directivo jurídico llegaban a $36 millones. Son cifras de remuneración asignada, no un cálculo verificado en esta revisión de todo lo pagado desde la creación del Fondo. Tampoco equivalen a nómina de 130 empleados efectivamente vinculados: las cifras superiores se han referido a una estructura prevista, no a puestos ya ocupados.
Después de la renuncia, Henao anunció que su trabajo sería ad honorem. Sobre el resto del equipo dijo, según Noticias Caracol:
“El equipo y sus sueldos serán modestos y austeros”.
La declaración fija una intención, pero deja pendientes los detalles: cuántas personas seguirán, desde cuándo regirían los cambios, qué ocurrirá con los contratos existentes y cuál será el costo mensual completo. Esas respuestas requieren documentos del Fondo y de la fiduciaria, no solo el anuncio del relevo.
Al costo de personal se suma la administración fiduciaria. El Colombiano reportó una comisión fija de 142 salarios mínimos mensuales, sin IVA, equivalentes en su cálculo a unos $248,6 millones. Sumada a la nómina reportada, la estructura supera $1.000 millones mensuales antes de precisar prestaciones, IVA aplicable y pagos efectivamente realizados. Esa es una estimación de costos mensuales, no prueba de cuánto se ha pagado en total.
¿Quién decidió los salarios?
El Decreto Legislativo 1379 de 2026 creó el Fondo como patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado mediante fiducia. No es simplemente una oficina que desaparece cuando renuncia su gerente.
Función Pública aclaró que las remuneraciones del personal no requerían su autorización ni la de Presidencia o Hacienda como entidades externas al Fondo. Esa aclaración no identifica por sí sola quién aprobó cada monto. La respuesta documental debe buscarse en los acuerdos, actas y decisiones de los órganos responsables y de la fiduciaria.
El decreto distribuye responsabilidades: el Consejo Directivo aprueba el presupuesto operativo y el plan de contratación, examina informes y ordena medidas correctivas; el gerente ejecuta sus decisiones y coordina los proyectos. El Consejo incluye cinco representantes del presidente, un delegado de Planeación Nacional y uno de Hacienda; la delegación de la Unidad de Gestión del Riesgo tiene voz sin voto. Por eso el control sobre las decisiones del Fondo no se agota en la figura del gerente.
Los $624.656 millones y los $7.440 millones
De acuerdo con la respuesta escrita del gerente saliente al Congreso, el Consejo aprobó hasta $624.656 millones para un Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Los recursos proceden del presupuesto nacional y tienen origen en un empréstito de US$200 millones del Banco Mundial, según El Espectador.
En ese mismo informe, conocido el 11 de noviembre, Uribe reportó procesos contractuales adelantados por $7.440 millones: aproximadamente el 1,19 % del techo aprobado para ese programa. Los procesos se concentraban en demoliciones e interventorías en Pereira y Cali, con plazos reportados hasta el 31 de diciembre.
Ese 1,19 % mide el valor de procesos contractuales reportados frente al presupuesto del programa. No demuestra que todo ese dinero haya sido pagado ni que las obras estén terminadas. Tampoco permite afirmar que el 98,81 % restante se perdió, fue desviado o está en una cuenta específica: para saber el saldo real hacen falta reportes financieros y bancarios, compromisos, pagos y rendimientos con una misma fecha de corte.
El mismo informe incluyó 154 beneficios de vivienda formalizados en municipios del Valle del Cauca y 34 en Armenia, además de 283 familias en proceso de verificación en Pereira, Dosquebradas y Manizales. Formalizar un beneficio no es lo mismo que entregar una vivienda terminada o pagar al vendedor. El Fondo debe aclarar cuántos beneficios se desembolsaron y cuántos hogares recibieron soluciones efectivas.
Las donaciones privadas y los anuncios del Gobierno
El Gobierno también ha presentado cifras más amplias de atención y reconstrucción. Según un balance atribuido a su vocero por El Colombiano, se anunciaron destinos por más de $332.000 millones para intervenciones de vivienda, $4.600 millones para apoyos al comercio y $50.000 millones para demoliciones. Son asignaciones o destinos anunciados; el informe no permite tratarlos automáticamente como pagos o trabajos concluidos.
En su respuesta al Congreso, el gerente afirmó que el Fondo todavía no había recibido donaciones, cooperación ni aportes territoriales o privados de las otras fuentes previstas. El vocero presidencial sostuvo que las donaciones privadas se manejan por canales separados. Que no hubieran ingresado al Fondo en ese corte no significa que no existieran aportes o ayudas por fuera de él; hace falta identificar a los administradores de cada bolsa y publicar sus cuentas por separado.
Un reporte de Transparencia por Colombia señaló que, a su fecha de corte, no había identificado en SECOP contratos derivados del Fondo Milagro. Ese hallazgo describe lo que la organización logró rastrear en esa plataforma; no prueba por sí solo que los procesos reportados al Congreso no existan. La diferencia exige publicar identificadores, contratos, actas, beneficiarios y pagos verificables.
Las respuestas que siguen pendientes
La renuncia abre una nueva etapa de dirección, no liquida automáticamente el patrimonio autónomo ni sus obligaciones. Según el decreto de creación, el Fondo debe durar lo necesario para cumplir sus planes y proyectos y, al terminar su objeto, proceder a la liquidación y rendición de cuentas. La norma también prevé una auditoría independiente y vigilancia de la Contraloría.
Para evaluar si el relevo cambia algo, el nuevo gerente y el Consejo Directivo tendrán que mostrar la nómina vigente y la anterior, los actos que modifiquen salarios, el costo fiduciario, el saldo por fuente, la relación de contratos y pagos, y un cronograma verificable por municipio. Los damnificados necesitan saber no solo cuánto se anunció, sino qué solución está contratada, cuándo se entrega y quién responde si no llega.
