Un escándalo tras otro en el gobierno del ‘Tigre’. Liquidar un Ministerio de Igualdad que, en palabras del propio presidente Abelardo de la Espriella, «no ha servido para nada» parecía una tarea que debía ser sencilla y rápida. Pero el cierre de la cuestionada cartera ya suma contratos multimillonarios, asesores con costos superiores a la remuneración de un ministro y una cláusula de confidencialidad que abre preguntas sobre la transparencia.
Entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre, el ministerio en liquidación suscribió 46 contratos relacionados con el cierre por $5.735 millones, según una investigación de la revista CAMBIO, basada en documentos de la operación. Es el valor contratado en ese periodo: no equivale necesariamente al dinero pagado ni representa, por sí solo, el costo total final de la liquidación.
La controversia alcanza al liquidador John Milton Rodríguez, designado por De la Espriella, y vuelve a poner bajo la lupa la austeridad que el Gobierno dice defender. La representante Catherine Juvinao anunció que llevará sus cuestionamientos a los organismos de control.
Una asesoría de $2.490 millones para cerrar la cartera
El mayor contrato de los revisados por CAMBIO corresponde a Grupo Epyca S.A.S. que alcanzó $2.490 millones: cerca del 43,4 % de los $5.735 millones contratados en el periodo examinado. La firma debía acompañar asuntos de talento humano, supresión de cargos y otras tareas jurídicas y administrativas del cierre.
El acuerdo comenzó el 21 de septiembre por $1.660 millones y una duración hasta el 31 de diciembre. Menos de un mes después se tramitó una adición de $830 millones para ampliar el equipo y atender, entre otros asuntos, defensa judicial y gestión disciplinaria.
La justificación atribuida al liquidador señala que la supresión de empleos elevó las controversias, reclamaciones y litigios de exservidores. Esa explicación debe contrastarse con los estudios previos, los productos entregados y las cuentas efectivamente pagadas, documentos que permitirían determinar si la dimensión y el precio del equipo responden a las necesidades del proceso.
De acuerdo con CAMBIO, Epyca tiene experiencia en contratación pública y asesoría estatal; este es el contrato más alto que ha obtenido con el Estado. Por su parte, Infobae retomó los documentos y hallazgos de esa investigación.
Perfiles de hasta $44,8 millones al mes
Entre los valores del equipo inicial, el perfil de director general de Gestión y Administración del Talento Humano aparece con un costo de $44,8 millones mensuales; el director general de Apoyo Transversal al Proceso Liquidatorio, con $40 millones; y otros dos perfiles, con $32 millones cada uno.
El dato exige una precisión: se trata de costos mensuales atribuidos a los perfiles dentro de la consultoría, no de una prueba de que cada persona reciba esa suma neta. El cálculo incluye un factor de 1,4 para cargas asociadas al personal. En el primer cargo, por ejemplo, la base de $32 millones llega a $44,8 millones al aplicar ese factor.
Como referencia, CAMBIO y el reporte que reproduce sus hallazgos sitúan la remuneración mensual de un ministro en $30,7 millones, incluidas asignaciones adicionales. La comparación ilustra la magnitud de los costos, aunque no son conceptos idénticos: los consultores no pertenecen a la planta y las condiciones contractuales son distintas.
El equipo inicial de 13 perfiles representa un costo previsto de $309,4 millones mensuales. La cifra revive la discusión que provocó la costosa estructura del Fondo Milagro: allí el Gobierno cuestionó una nómina de 26 funcionarios estimada en $765,6 millones al mes. Se trata de equipos y funciones distintos, pero ambos ponen a prueba el discurso de austeridad.
Una multa que podría terminar en manos del liquidador
Otra de las revelaciones tiene que ver con una declaración de confidencialidad que, según los documentos conocidos por CAMBIO, prevé sanciones de hasta $500 millones por la divulgación o uso indebido de información reservada. Si la infracción afecta información institucional, el pago correspondería a la entidad o a Fonigualdad; si compromete datos personales del liquidador, se contempla que se le pague a Rodríguez «a título personal».
La representante Juvinao cuestionó esa condición y anunció que la expondrá ante los organismos de control:
«Esto para mí es coacción y es constreñimiento».
Su señalamiento es una valoración de la congresista, no una decisión judicial. La existencia de la cláusula tampoco demuestra que se haya cobrado una multa. El punto por esclarecer es cómo se justifica, cuál es su alcance jurídico y cómo se armoniza la protección legítima de datos personales y de información reservada con el derecho ciudadano a conocer el manejo de recursos públicos.
La liquidación empezó antes de Abelardo
El cierre tiene un antecedente que no puede omitirse. La Corte Constitucional declaró inexequible la ley de creación del ministerio por vicios de procedimiento y aplazó los efectos de su decisión. Después, durante el gobierno de Gustavo Petro, el Decreto 626 del 19 de junio de 2026 ordenó su liquidación.
La norma fijó un año de plazo, prorrogable mediante decreto motivado, y permitió celebrar los contratos necesarios para el proceso. De la Espriella había prometido eliminar la cartera y su Gobierno conduce ahora el cierre a través de Rodríguez. Que la liquidación requiera contrataciones no demuestra por sí solo una irregularidad; la discusión está en su necesidad, costos, resultados y transparencia.
Rodríguez anunció la supresión de cuatro viceministerios y una meta de recuperar cerca de $200.000 millones para el Estado. Ese propósito no equivale a un ahorro neto ya verificado: hace falta conocer cuánto se recuperó efectivamente y descontar los costos y obligaciones asociados al cierre.
Empleados y programas: la otra cuenta pendiente
El debate no termina en los honorarios. El cierre podría afectar a cerca de 580 empleados, de acuerdo con la información reportada por Infobae, mientras siguen las preguntas por los traslados y la continuidad de programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
Entre ellos están el Sistema Salvia y la Línea 155 para la atención de violencias contra las mujeres. Según ese medio, se ha planteado trasladar Salvia al Ministerio del Interior, pero la decisión requiere un acto administrativo. También se habilitaron recursos y se prorrogaron hasta el 31 de diciembre contratos para sostener la operación y los servicios tecnológicos. La incertidumbre sobre su futuro no significa que la atención ya haya sido suspendida.
CAMBIO informó que consultó a Rodríguez y al Ministerio sobre la asesoría, los valores y las cláusulas de confidencialidad, pero no recibió respuesta al cierre de su edición. Queda pendiente una explicación pública documentada sobre los contratos, los pagos, las multas y el destino de los programas: cerrar una entidad cuestionada también exige rendir cuentas sobre lo que cuesta cerrarla.




