En una decisión que altera profundamente el tablero fiscal y político de Colombia, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Con una votación mayoritaria, el alto tribunal determinó que los hechos invocados por el Ejecutivo no cumplían con los requisitos de «sobrevinientes» y «extraordinarios», enviando un mensaje contundente sobre los límites de las facultades excepcionales en el Estado de Derecho.
El fallo, que tuvo como ponente al magistrado Carlos Camargo Assis, retira del ordenamiento jurídico la base legal que permitía al Gobierno legislar mediante decretos con fuerza de ley. La Corte argumentó que problemas como el déficit fiscal derivado de la no aprobación de la ley de financiamiento o las obligaciones judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, son situaciones que deben ser tramitadas a través de los canales legislativos ordinarios en el Congreso de la República, y no mediante una «evasión» de los controles democráticos.
El desplome del impuesto a las compras por plataformas
Una de las medidas que más impacto directo genera en la ciudadanía es la caída del decreto que establecía impuestos a las importaciones a través de plataformas digitales.
Bajo el amparo de la emergencia, el Gobierno había reducido el umbral de las compras exentas de aranceles (conocido como de minimis) de 200 dólares a tan solo 50 dólares. Esta medida buscaba recaudar recursos frescos y proteger la industria nacional, pero golpeaba directamente el bolsillo de los consumidores de plataformas como Amazon, AliExpress y Shein.
Con la declaratoria de inconstitucionalidad, este gravamen queda sin efecto, permitiendo que las compras internacionales de bajo valor recuperen su beneficio tributario anterior. Analistas del sector comercio señalaron que esta decisión representa un alivio para la clase media, aunque el Ministerio de Hacienda advirtió que esto profundiza el hueco fiscal de 16,3 billones de pesos que el Gobierno intentaba tapar con el paquete de emergencia.
Además del impuesto a las plataformas, la decisión de la Corte arrastra consigo otras disposiciones clave. Entre ellas, el incremento del IVA al 19% para licores, el aumento de la sobretasa de renta para el sector financiero y el polémico impuesto al patrimonio, que pretendía gravar de forma progresiva activos superiores a los 2.000 millones de pesos. Estas medidas, que ya habían sido suspendidas preventivamente en enero, quedan ahora anuladas de forma definitiva al carecer de sustento constitucional.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia advirtiendo sobre las consecuencias financieras para el país. Según el mandatario, la caída de la emergencia podría disparar el costo de la deuda soberana y dificultar el cumplimiento de compromisos sociales básicos, como los subsidios de energía y gas para los sectores más vulnerables. «La justicia debe entender que estamos ante una crisis de liquidez que no puede esperar los tiempos del Congreso», afirmó el jefe de Estado desde la Casa de Nariño.
Por su parte, líderes de la oposición y gremios económicos celebraron el fallo, calificándolo como un triunfo de la separación de poderes. «No se puede gobernar por decreto lo que no se pudo concertar en el legislativo. La Corte ha protegido la estabilidad jurídica del país frente a la improvisación fiscal», señaló un vocero del Consejo Gremial Nacional. La decisión reafirma que el principio de «no hay impuestos sin representación» sigue siendo un pilar innegociable en la democracia colombiana.
El panorama que se abre ahora es de alta incertidumbre. Sin las facultades extraordinarias, el Gobierno nacional se verá obligado a presentar una nueva reforma tributaria o realizar un recorte severo en el gasto público para cumplir con la Regla Fiscal en 2026. La tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial alcanza su punto máximo, mientras los mercados observan con lupa cómo se resolverá el desbalance financiero de la nación.
La sentencia también deja en el aire la financiación de la equiparación de la UPC en el sistema de salud, un compromiso de 3,3 billones de pesos que el Gobierno pretendía cubrir con los recursos de la emergencia. Expertos en salud pública alertan que, sin una fuente de financiación clara y rápida, la prestación de servicios esenciales podría verse comprometida en los próximos meses, trasladando la crisis del papel a la realidad de los hospitales
