La principal acción judicial que busca tumbar la elección presidencial de 2026 contiene una precisión que marca los límites del debate: no acredita que los votos hayan sido alterados ni que el resultado sea falso. Su propósito es otro: pedirle al Consejo de Estado que ordene una auditoría técnica y obligue a las autoridades electorales a revelar registros internos que, según los demandantes, permitirían comprobar o descartar una manipulación.
La diferencia no es menor. El presidente Gustavo Petro ha presentado el documento como respaldo de su denuncia de fraude y este 3 de agosto volvió a hablar de supuestas pruebas de una intervención algorítmica. Sin embargo, la demanda de 61 páginas fue radicada por seis ciudadanos —no por Petro ni por el Gobierno— y admite que sus hallazgos todavía no demuestran una modificación fraudulenta del resultado.
“No se afirma que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado”.
Demanda de nulidad electoral divulgada por el presidente Gustavo Petro
La controversia adquirió un nuevo elemento este martes 4 de agosto. Una auditoría externa internacional elaborada por el IIDH/CAPEL concluyó que los diez componentes tecnológicos, operativos y logísticos examinados tuvieron condiciones adecuadas y que no encontró evidencia de manipulación, fabricación o alteración sistemática de datos.
Una demanda que pide buscar las pruebas
El escrito cuestiona la legalidad de la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral declaró elegidos a Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030.
Los demandantes sostienen que la Registraduría habría reducido los controles digitales de autenticidad, integridad y trazabilidad de los formularios E-14 frente a los utilizados en las elecciones de 2022. Para sustentar esa tesis compararon 97 archivos descargados del portal oficial y señalaron diferencias en los metadatos, la nomenclatura de los documentos y la identificación de las mesas.
También reportaron 254 mesas cuyas páginas aparecieron inicialmente con la leyenda “Página no digitalizada”; 83 actas con una marca de agua de “Confidencial”; y 859 archivos PDF con cambios en las dimensiones de sus páginas. La demanda menciona además un supuesto enlace con un servidor ubicado en California, la rápida transmisión de cerca del 20 % de las mesas, la creación de unas 5.000 mesas antes de la primera vuelta y una presunta bodega donde se habrían diligenciado formularios con anticipación.
El problema probatorio está en que varias de esas afirmaciones se presentan como hipótesis que requieren verificación. Según el análisis del contenido de la demanda publicado por EL PAÍS, el expediente divulgado no incluye el peritaje completo, las pruebas del supuesto servidor en California ni la documentación sobre la bodega mencionada.
Por eso, el documento solicita que el Consejo de Estado ordene exhibir los registros técnicos internos —logs, huellas criptográficas, metadatos, versiones de archivos y trazas de publicación— y practique una inspección sobre los sistemas usados para generar, escanear, procesar y publicar los formularios electorales.
En términos sencillos, la demanda no le entrega al juez la demostración de un fraude consumado: le pide que abra las puertas técnicas para buscar la evidencia que los accionantes consideran inaccesible. Esa petición puede ser estudiada por la justicia, pero no convierte las sospechas en hechos probados.
La Registraduría niega que hubiera eliminado los controles
La Registraduría ha rechazado el punto central de la acusación. En una respuesta oficial del 23 de junio sostuvo que el “candado hash” no fue suprimido y explicó que los datos visibles cambian según el canal utilizado para descargar los formularios.
De acuerdo con la entidad, los archivos entregados de manera masiva a campañas, organismos de control, observadores y auditores conservan la nomenclatura original y los registros de digitalización. En el visor ciudadano, afirmó, el sistema incorpora el código hash al nombre del archivo, mientras que ciertas referencias aparecen parcialmente ocultas para dificultar descargas automatizadas que puedan afectar la plataforma.
La auditoría final conocida este 4 de agosto evaluó, entre otros componentes, el preconteo, las comunicaciones, el escrutinio, los formularios E-14, las actas E-11 y la consolidación y divulgación de los resultados. Su conclusión contradice la tesis de una alteración sistemática, aunque no reemplaza la decisión que eventualmente adopte el Consejo de Estado sobre los cargos de la demanda.
Observadores internacionales avalaron el proceso
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también concluyó que la segunda vuelta del 21 de junio fue organizada de manera transparente y eficaz. En su declaración preliminar, señaló que el sistema de gestión de resultados fue fiable, cumplió estándares internacionales de transparencia, integridad y trazabilidad, y superó pruebas técnicas y de estrés observadas por la misión.
El escrutinio oficial confirmó 12.960.166 votos para De la Espriella y 12.708.312 para Iván Cepeda, una diferencia de 251.854 sufragios. Frente al preconteo, el ganador sumó 624 votos y Cepeda perdió 400. El Pacto Histórico presentó unas 57.000 reclamaciones, pero la revisión no modificó el vencedor. Cepeda terminó reconociendo la derrota.
Ese resultado sirve de contrapeso verificable a las acusaciones políticas: hasta ahora, ni el escrutinio, ni los observadores internacionales, ni la auditoría técnica final han confirmado la existencia de un fraude.
Petro insiste a tres días de la posesión
Petro retomó el asunto el 3 de agosto y atribuyó las supuestas irregularidades a cambios en metadatos, ausencia de controles digitales, intervención extranjera y manipulación de los documentos después de su transmisión. También volvió a calificar a De la Espriella como presidente ilegítimo, según el pronunciamiento divulgado por la Presidencia.
Las acusaciones se producen a tres días de la posesión del nuevo mandatario y profundizan una transición marcada por la confrontación. En su última intervención del 20 de julio, Petro ya había anunciado que pasaría a la oposición y promovería movilizaciones, como informó VOZCARIBE en la nota sobre su llamado a la resistencia frente al próximo Gobierno.
La discusión tendrá ahora dos caminos distintos. El político seguirá marcado por la disputa sobre la legitimidad del presidente entrante. El jurídico dependerá de que los demandantes logren demostrar una irregularidad concreta, su incidencia sobre el resultado y la causal de nulidad aplicable. Mientras eso no ocurra, hablar de fraude como un hecho probado excede lo que muestran tanto la demanda como las verificaciones conocidas.
