Una cifra de $30,2 billones abrió la última gran pelea económica del gobierno de Gustavo Petro. A tres días de la posesión de Abelardo De la Espriella, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, calificó como una “tronera fiscal” la brecha con la que fue presentado el Presupuesto General de la Nación para 2027. Petro respondió que el propio Restrepo ayudó a producirla cuando, como ministro de Hacienda de Iván Duque, mantuvo el subsidio a los combustibles.
El choque escaló con la intervención de María Fernanda Cabal y con los pronunciamientos del gobierno entrante, que responsabilizan a la administración saliente de dejar unas finanzas deterioradas. Sin embargo, el rifirrafe está mezclando dos cuentas diferentes: los ingresos todavía no asegurados del presupuesto de 2027 y el déficit que acumuló el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, principalmente durante 2022.
Ambos problemas son reales y afectan las finanzas públicas, pero no son la misma deuda ni puede demostrarse que uno explique por sí solo al otro.
La “tronera” no estaba escondida
El proyecto de presupuesto radicado el 29 de julio asciende a $575,6 billones, equivalentes al 27 % del producto interno bruto. El propio Ministerio de Hacienda reconoce que $30,2 billones —el 1,4 % del PIB— corresponden a ingresos contingentes que dependen de que el Congreso apruebe una ley de recursos adicionales.
Eso significa que la brecha existe, pero no apareció como un pasivo oculto descubierto durante el empalme. Está expresamente identificada en el proyecto que llegó al Congreso. En términos simples: el Gobierno saliente propuso gastar $575,6 billones, aunque una parte de los recursos necesarios para financiarlos todavía no está garantizada.
La Constitución permite que un presupuesto sea presentado en esas condiciones, siempre que el Gobierno tramite por separado las nuevas rentas. La discusión de fondo es si esos ingresos tienen posibilidades políticas y económicas de ser aprobados o si el Congreso debe recortar el gasto para evitar que las apropiaciones queden respaldadas por dinero incierto.
“Una tronera fiscal de casi $30 billones en el presupuesto de 2027”, afirmó José Manuel Restrepo al cerrar las mesas técnicas con la Contraloría.
Restrepo sostuvo que el presupuesto prevé gastos por $575,6 billones frente a ingresos por cerca de $545,4 billones. El vicecontralor Carlos Enrique Silgado señaló que el diagnóstico entregado al equipo entrante fue técnico y no tuvo connotación política.
Más deuda y menos espacio para invertir
La preocupación no se limita al monto pendiente de financiación. El presupuesto muestra que el servicio de la deuda pasaría de $100,4 billones en 2026 a $118 billones en 2027, un aumento nominal de 17,5 %. Dentro de ese componente, los intereses subirían 27,6 %, hasta $87,7 billones.
Mientras tanto, el funcionamiento crecería apenas 0,5 %, hasta $367,7 billones, y la inversión tendría una variación similar, hasta casi $90 billones. Como la inflación proyectada para 2027 es de 4,4 %, ambos componentes perderían capacidad real de compra.
El cuadro deja al próximo gobierno con poco margen: buena parte del gasto es inflexible porque corresponde a pensiones, salud, transferencias territoriales, educación, nómina estatal y otras obligaciones legales. Si el Congreso niega los recursos adicionales, De la Espriella tendrá que definir qué partidas aplaza o recorta.
A ello se suman las alertas sectoriales divulgadas por Restrepo después de 62 mesas con la Contraloría: $5,6 billones pendientes en subsidios de energía y gas, $3,2 billones que faltarían para sostener compromisos de Colombia Mayor, obras inconclusas que necesitarían cerca de $54 billones para ser rescatadas y reclamaciones potenciales en infraestructura por unos $14 billones. Son riesgos y necesidades de financiación distintos; sumarlos como si constituyeran un solo hueco fiscal inflaría artificialmente el problema.
Petro devuelve la acusación a Restrepo
Petro reaccionó señalando al vicepresidente electo por su gestión como ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque. “Si el hueco fiscal de 30 billones lo produjo él mismo, señor Restrepo”, escribió el mandatario, antes de atribuirlo “exclusivamente” al costo de pagar el subsidio a la gasolina.
La acusación tiene una base comprobable: el déficit causado por el FEPC llegó a $36,7 billones en 2022, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Restrepo ocupó la cartera de Hacienda entre mayo de 2021 y agosto de 2022, periodo en el que el Gobierno Duque mantuvo congelados o rezagados los precios internos frente a los internacionales para contener la inflación y el impacto social de la pandemia y de la crisis energética mundial.
Ese desfase se convirtió en una cuenta que la Nación debía pagar a los productores e importadores de combustibles. El gobierno Petro asumió la mayor parte de la obligación causada en 2022 y elevó gradualmente el precio de la gasolina para reducir el subsidio. En 2023, no obstante, el FEPC generó otro déficit de $20,5 billones, explicado principalmente por el ACPM, cuyo ajuste fue aplazado.
El presidente también habló de un costo cercano a $70 billones. Esa cifra puede aproximarse a la suma de déficits y pagos del Fondo durante varios años, pero no equivale a una deuda de $70 billones dejada íntegramente por Restrepo. El FEPC existe desde antes del gobierno Duque, su desbalance se agravó por el salto internacional del petróleo y la tasa de cambio, y el gobierno Petro mantuvo parte del subsidio al diésel.
Por qué no es correcto decir que el FEPC explica todo
El pago del fondo de combustibles redujo el espacio fiscal y elevó las necesidades de financiación del Estado. En ese sentido, sí forma parte de la herencia que recibió Petro. Pero atribuirle de manera exclusiva la brecha del presupuesto de 2027 pasa por alto otros factores.
Entre ellos están el crecimiento del gasto de funcionamiento, el aumento de los intereses de la deuda, la caída de algunos ingresos tributarios, las obligaciones sociales y las decisiones presupuestales tomadas durante los cuatro años del gobierno saliente. El mismo documento de Hacienda admite una “insuficiencia estructural de los ingresos corrientes” y plantea que la corrección exige reformas tributarias y del gasto de mayor alcance.
Además, la propuesta para 2027 fue elaborada por el gobierno Petro. Aunque la deuda acumulada condiciona las cuentas futuras, fue la administración saliente la que decidió presentar apropiaciones por $575,6 billones y dejar $30,2 billones sujetos a nuevos ingresos.
Cabal acusa de “saqueo” y Petro le responde
María Fernanda Cabal endureció el lenguaje del bloque político que acompañará a De la Espriella. Aseguró que el gobierno Petro pasó cuatro años “saqueando el erario”, señaló el presupuesto desfinanciado y pidió al Congreso impedir nuevos impuestos.
Petro le respondió que la brecha también es consecuencia de la oposición a gravar a los sectores de mayores ingresos. Luego volvió sobre el FEPC y afirmó que Restrepo “puso el subsidio a la gasolina” que su gobierno debió pagar y desmontar.
En otro cruce, Cabal fue más específica:
“El subsidio a la gasolina que usted ‘acabó’ no explica un déficit de 30 billones en 2027”, escribió la dirigente política.
El intercambio resume la estrategia de los dos bandos. El petrismo presenta el déficit como una herencia de Duque y de la negativa opositora a aprobar más impuestos. El abelardismo lo atribuye a cuatro años de gasto desbordado y mala administración. Las cifras disponibles muestran que ninguna de las dos explicaciones, por sí sola, cubre todo el problema.
El gobierno electo cierra filas, pero aún debe mostrar sus recortes
El equipo de De la Espriella ya había fijado su posición el 22 de julio, al rechazar la reforma tributaria presentada por la administración saliente. En un comunicado sostuvo que los ciudadanos no debían asumir el costo de “cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos”.
Restrepo agregó ahora el diagnóstico de las mesas con la Contraloría y anticipó la necesidad de un ajuste del gasto. El presidente electo ha prometido reducir burocracia, eliminar despilfarros y promover el crecimiento económico. Sin embargo, todavía falta conocer qué partidas concretas recortará y cuánto dinero espera ahorrar con cada medida.
Ese detalle será decisivo. Los $30,2 billones representan una suma demasiado grande para cubrirla únicamente con anuncios generales de austeridad. Si el nuevo gobierno rechaza los ingresos adicionales y el Congreso reduce el presupuesto, tendrá que decidir cómo proteger programas sociales, inversión regional y obligaciones pendientes, incluido el frágil panorama energético y del gas natural.
La pelea política no resuelve la cuenta
El Congreso tendrá la última palabra sobre el presupuesto de 2027 y sobre las fuentes adicionales de financiación. Puede aprobar nuevos ingresos, reducir apropiaciones o combinar ambas vías. La Contraloría ha pedido que el resultado final esté respaldado por recursos ciertos y sea compatible con la sostenibilidad fiscal.
Restrepo acierta al advertir que el próximo gobierno recibirá un presupuesto con una porción sustancial aún sin financiar. Petro acierta al recordar que el déficit del fondo de combustibles fue una carga enorme heredada de la administración Duque. Pero el presidente exagera al presentarlo como la causa exclusiva de la brecha de 2027, mientras el bloque entrante omite que parte del desbalance fiscal también responde a problemas estructurales y decisiones acumuladas durante varios gobiernos.
Después del cruce de acusaciones quedará la tarea más difícil: convertir el discurso de austeridad en cifras verificables, definir quién pagará el ajuste y evitar que la “tronera” termine reduciendo inversión y programas que llegan directamente a los hogares.
