La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció este domingo un refuerzo contra el homicidio, la extorsión y el hurto en la ciudad y su área metropolitana. El anuncio llega en un momento en que la discusión no puede reducirse a una nueva estrategia ni a un balance de capturas: las cifras acumuladas, las denuncias de comerciantes y la percepción ciudadana muestran que la inseguridad sigue atravesando la vida diaria de miles de personas.
Septiembre dejó una reducción puntual de los homicidios —50 casos, frente a 111 en agosto, según el registro policial divulgado por El Heraldo—, pero ese dato no borra el acumulado. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, la jurisdicción de la MEBAR registró 849 homicidios, frente a 568 en el mismo periodo de 2025. En Barranquilla y Soledad, el mismo balance contabilizó 729 asesinatos.
La lectura responsable exige sostener las dos verdades a la vez: una caída mensual merece seguimiento, pero no es todavía una prueba de que la ciudad haya recuperado la tranquilidad.
Un anuncio que debe medirse por resultados
La estrategia anunciada por la MEBAR, denominada Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, plantea concentrar capacidades de prevención, disuasión, inteligencia e investigación contra estructuras delincuenciales. La comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, aseguró que el despliegue busca afectar a quienes sostienen los delitos en calles y barrios.
“Le estamos cerrando el cerco al delito. Trabajamos de manera contundente y articulada para afectar las estructuras criminales y capturar a quienes se dedican a cometer hechos delictivos en Barranquilla y su área metropolitana”.
Brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la MEBAR, citada por El Heraldo.
El reto no es el nombre de la operación. La ciudadanía necesita saber si bajan los asesinatos de forma sostenida, si se frenan las extorsiones antes de que obliguen a cerrar negocios y si los atracos dejan de ser una amenaza cotidiana. También debe conocerse cuántas capturas terminan en judicializaciones y condenas, y cuántas investigaciones logran identificar a los responsables de los homicidios.
La extorsión y el atraco no son una sensación aislada
La más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana de Barranquilla Cómo Vamos, realizada entre noviembre y diciembre de 2025 a 1.275 personas, retrata una ciudad partida: 49,7 % dijo sentirse seguro en la ciudad y 54,6 % en su barrio. Es decir, cerca de la mitad no comparte esa percepción de seguridad.
Los atracos fueron señalados como el principal problema de seguridad en los barrios por el 66,15 % de los encuestados. La extorsión, incorporada por primera vez en la medición, fue mencionada por el 41,88 %. El informe también recoge que los casos reportados de extorsión en Barranquilla pasaron de 106 en 2018 a 763 en 2025, mientras que el hurto a personas reportado por la Policía pasó de 7.490 a 10.246 entre 2024 y 2025.
Las cifras más recientes de la MEBAR mantienen la alarma: entre enero y septiembre de 2026 se reportaron 907 denuncias por extorsión, 15 más que en el mismo periodo de 2025. En ese lapso hubo 9.077 denuncias de hurto a personas. Aunque este último indicador bajó frente a los 9.662 reportes del año anterior, sigue siendo una carga considerable para víctimas, comerciantes y trabajadores que dependen de transitar la ciudad.
Las denuncias no describen por completo lo que ocurre. La misma encuesta de percepción halló que, entre quienes afirmaron haber sido víctimas de un delito, solo el 34,2 % denunció. Las principales razones para no hacerlo fueron la falta de confianza en que el trámite produzca una solución, experiencias previas sin resultados y el temor a represalias.
La violencia también altera la economía y la movilidad
El deterioro no se mide únicamente en homicidios. En julio, la Defensoría del Pueblo pidió medidas urgentes y verificables después de registrar 25 homicidios durante el último fin de semana de junio. La entidad advirtió que la disputa entre estructuras criminales estaba acompañada de cierres de comercios, panfletos y videos amenazantes, restricciones a la movilidad y hostigamientos contra la población.
El atentado del sábado contra dos funcionarios del Inpec en inmediaciones de la cárcel El Bosque agrega otra señal de vulnerabilidad. Las autoridades investigan el hecho y la Organización de Servidores Penitenciarios lo relacionó con un posible plan pistola; esa hipótesis deberá ser establecida por la investigación judicial.
Presentar cada operativo como una solución definitiva le haría un flaco favor a los barranquilleros. La violencia organizada tiene efectos distintos en el Centro, el suroriente, el suroccidente y los municipios metropolitanos; por eso la respuesta no puede limitarse a patrullajes ni a balances generales. Debe combinar protección a comerciantes y testigos, control efectivo en cárceles, investigación financiera de las estructuras extorsivas, respuesta rápida a las denuncias y prevención del reclutamiento de adolescentes.
La vara para evaluar el refuerzo
La ciudad no necesita resignarse a la inseguridad ni aceptar promesas sin indicadores. Las autoridades deberían publicar de manera periódica y verificable los resultados por localidad y municipio: homicidios, extorsiones denunciadas y evitadas, hurtos a personas, llamadas atendidas, capturas judicializadas, armas incautadas y esclarecimiento de casos.
Un descenso sostenido de la violencia letal sería una buena noticia. Pero será insuficiente si el tendero sigue pagando por miedo, el trabajador modifica su ruta para evitar un atraco o la víctima deja de denunciar porque no espera respuesta. Recuperar la seguridad no consiste en anunciar que se cerró el cerco: consiste en que la gente vuelva a sentir que puede abrir su negocio, moverse y regresar a casa sin vivir a merced del delito.
