En el marco del desarrollo del plan choque «El que la hace la paga, seguridad con legalidad» y la estrategia de lucha contra el contrabando y comercio ilícito, la Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de una estructura criminal, dedicada al ingreso, almacenamiento y distribución de ganado
bovino de contrabando, de origen venezolano.
El ganado era ingresado a pie por la zona fronteriza de la Guajira, por indígenas Wayuu de Venezuela, la mayoría de veces el ganado era ingresado sin marca de hierros venezolanos, con el fin de poder marcarlos con los hierros registrados por los propietarios de fincas en Colombia, para darle apariencia de legalidad, una vez en territorio colombiano, era transportado en vehículos tipo camión 750 hacia fincas con límite de la Majayura, y a otras ubicadas en sectores aledaños a Maicao.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, junto con la Polfa y el Invima, instalaron hoy el puesto de mando unificado para combatir el contrabando de ganado, del que hará parte el ICA, Invima y la Polfa. Además se extremaron medidas sanitarias, de vigilancia, control y seguridad para erradicar la fiebre aftosa, enfermedad que tiene origen venezolano.
«Este puesto de mando unificado busca quitarles una de las principales fuentes de ingresos a los grupos armados ilegales, el contrabando de ganado y carne. Estos puestos de control integral, también revisarán que esté en regla la documentación del ganado en pie y productos perecederos. Por ahora el centro de operaciones, que funcionará 24 horas y está ubicado en el ICA», indicó el jefe de la cartera agropecuaria.
Además, explicó que se hará la centralización de las expediciones de Guías Sanitaria de Movilización Interna de Animales en Bogotá para mayor control en las zonas de frontera. Es decir, no aplicarán más los convenios de expedición de guías de movilización en territorios.
En el caso de esta organización criminal, una vez que los semovientes eran llevados a estas fincas, en complicidad con algunos funcionarios del ICA, legalizaban las vacunaciones, inventarios y las guías para la movilización; de esta manera los comercializaban en cualquier parte del país sin ningún problema. Por cada trámite de los documentos requeridos para la movilización de estos semovientes, que los funcionarios del ICA realizaban, los integrantes de esta organización les pagaban $153.000.
