La obra de la calle 72 de Barranquilla llega a su tercera fecha de entrega con $12.601 millones adicionales, dos prórrogas y un corredor comercial que todavía carga con cierres, excavaciones y reclamos. El proyecto, rebautizado por la Alcaldía como Avenida Shakira, fue contratado inicialmente por $20.849 millones y debía terminar el 31 de diciembre de 2025. La última fecha oficial conocida es el 30 de agosto de 2026.
Hay una precisión importante: aunque en el debate público se habla del “concesionario”, el responsable no es una concesión sino el Consorcio Urbano LP, contratista de una obra pública. El consorcio está integrado por Lopeca S.A.S., con una participación del 80 %, y Grupo Proyectos y Desarrollo S.A.S., con el 20 %. La interventoría está a cargo de Edubar.
Qué se contrató y cuánto iba a costar
El proceso LP-024-2024 fue convocado por el Distrito de Barranquilla para ejecutar obras de pavimentación, urbanismo y obras complementarias en la calle 72, entre las carreras 38 y 60. En el expediente de contratación aparece una cuantía estimada de $22.201.483.414, mientras que el contrato adjudicado al Consorcio Urbano LP quedó en $20.849 millones. Esa diferencia es clave: una cosa era el presupuesto o cuantía de la convocatoria y otra el valor finalmente adjudicado.
El anuncio oficial de marzo de 2025 presentó la intervención como una transformación más amplia de la calle 72, con una primera etapa entre las carreras 38 y 60 y una segunda hasta la Vía 40. El tramo contratado en el proceso LP-024-2024 corresponde a los 2,5 kilómetros entre las carreras 38 y 60, aunque al tratarse de una vía de doble calzada la intervención implica varios kilómetros de obra lineal.
El alcance prometido incluía:
- Reconstrucción de los tramos de pavimento deteriorados.
- Demolición del separador central y ampliación de las calzadas.
- Andenes más amplios, rampas, losetas táctiles y accesibilidad universal.
- 3.000 metros cuadrados de parqueaderos longitudinales.
- Reubicación de paraderos de buses.
- Soterramiento de redes eléctricas y de telecomunicaciones.
- Reposición o adecuación de redes de acueducto y alcantarillado.
- Nuevo alumbrado público, bordillos, señalización y paisajismo.
La presentación inicial de la Alcaldía hablaba de una inversión cercana a $20.000 millones de los impuestos de los barranquilleros. El expediente de contratación y la resolución de adjudicación fijaron el valor en $20.849 millones.
La cronología de las fechas incumplidas
| Hito | Fecha o valor |
|---|---|
| Proceso de licitación | LP-024-2024, publicado en diciembre de 2024 |
| Firma del contrato | 21 de febrero de 2025 |
| Valor inicial adjudicado | $20.849 millones |
| Primera fecha de entrega | 31 de diciembre de 2025 |
| Primera prórroga | Hasta el 30 de marzo de 2026 |
| Solicitud de más plazo y dinero | 15 de enero de 2026 |
| Segunda prórroga y adición | Firmada el 25 de marzo de 2026 |
| Valor total después de la adición | $33.450 millones |
| Última fecha contractual conocida | 30 de agosto de 2026 |
La primera fecha falló y la segunda también. La segunda prórroga añadió cinco meses al cronograma y elevó el valor en $12.601.162.260. En términos nominales, el contrato pasó de $20.849 millones a $33.450 millones: un incremento aproximado del 60,4 %.
Por qué el contratista pidió más tiempo y más plata
El Consorcio Urbano LP solicitó el 15 de enero de 2026 una adición presupuestal y cinco meses adicionales. La petición fue respaldada por Edubar y autorizada por el Distrito. La explicación oficial y contractual se divide en dos grandes grupos:
1. Mayores cantidades de obra
Según los documentos revisados por La Contratopedia Caribe, $4.832 millones corresponden a actividades que ya estaban contempladas, pero que terminaron ejecutándose en cantidades superiores a las previstas. En esta categoría se ubican trabajos que, de acuerdo con el contratista, aumentaron por las condiciones encontradas en el terreno y por ajustes de diseño.
2. Ítems que no estaban en el presupuesto original
Otros $7.768 millones corresponden a actividades nuevas. Entre ellas aparece el uso de concreto rígido de fraguado acelerado, con una habilitación prevista en tres días, para reducir el tiempo de cierre de cada tramo y disminuir el impacto sobre los negocios. También se incluyó tubería de presión para el mantenimiento de la jardinería y el sistema de riego.
En los andenes se modificó la especificación de las losetas. Los informes de obra señalan que el diseño inicial no contemplaba losetas de varios colores y que, después de reuniones con residentes y comerciantes, se definió una paleta con tonos beige, naranja, gris claro y negro. La fabricación especializada y la aprobación de nuevos precios agregaron tiempo al cronograma.
La versión de la Alcaldía
La administración distrital sostiene que los estudios y diseños con los que se licitó el proyecto eran definitivos y que los cambios no alteraron de manera sustancial la concepción original. El secretario de Obras Públicas, Rafael Lafont, dijo que los ajustes respondieron a solicitudes de comerciantes y propietarios, especialmente para incorporar más zonas verdes, estacionamientos y soluciones que hicieran más funcional el corredor.
La Alcaldía también afirma que hubo jornadas de socialización antes de la licitación y mesas de trabajo durante la ejecución. Según esa explicación, las modificaciones no fueron improvisaciones del contratista sino decisiones tomadas en comités de obra y espacios de concertación para atender necesidades que aparecieron o se hicieron más evidentes durante la construcción.
En abril, el Distrito informó que ya había habilitado cerca de un kilómetro de vía y que mantenía frentes activos entre las carreras 41 y 43, 54 y 58, además de otros sectores. En julio reportó más de 2.500 metros cuadrados de paisajismo ejecutados entre las carreras 38 y 60, con nueve tramos intervenidos.
La Alcaldía también ha justificado los cierres mediante planes de manejo de tráfico. En julio publicó desvíos para las intersecciones de las carreras 49 y 53 y aseguró que había señalización y auxiliares de tránsito en los puntos de cierre.
Lo que dicen comerciantes, residentes y usuarios
La versión del comercio es mucho menos optimista. Comerciantes consultados por Diario La Libertad denunciaron caída en las ventas, problemas de acceso, escombros, aguas residuales y andenes bloqueados. Ese medio reportó el cierre definitivo de algunos negocios y la dificultad de otros para sostenerse financieramente.
En un reporte de Caracol Radio, comerciantes estimaron pérdidas de entre 70 % y 80 % en algunos casos, especialmente porque buena parte de sus clientes llega en vehículo y durante meses no tuvo dónde parquear. La comunidad también cuestionó la acumulación de escombros en alcantarillas, la falta de información clara y la diferencia entre la promesa de entregar en diciembre y el estado real de la obra.
En otra publicación, Luis Ernesto Vergara, de Importadora El Hueco, aseguró que sus ventas habían caído alrededor de 50 % y que la mercancía se ensuciaba o se dañaba. Luis Dávila cuestionó que se hubieran intervenido simultáneamente las dos aceras en algunos puntos, porque eso habría bloqueado por completo la movilidad peatonal y aumentado los riesgos para comerciantes y transeúntes.
La suspensión de trabajos entre el 17 de octubre de 2025 y el 5 de enero de 2026 fue solicitada por comerciantes para evitar el golpe de las obras durante la temporada de fin de año. Esa pausa atendió una petición de la comunidad, pero también comprimió el calendario de ejecución y dejó menos margen para cumplir la fecha inicial.
Los cuellos de botella que aparecen en los informes
Los informes ejecutivos del contratista de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026 identificaron tres frentes especialmente problemáticos:
- Urbanismo peatonal: la redefinición de la paleta de losetas retrasó la instalación de andenes. En enero ese componente presentaba un rezago reportado de 42,69 % frente al cronograma.
- Alcantarillado: la entrega tardía de tuberías por parte de Triple A afectó el reemplazo de redes de asbesto-cemento. Sin cerrar las excavaciones no podían avanzar los acabados.
- Electricidad y telecomunicaciones: estos trabajos dependían de la terminación de las redes húmedas. Los retrasos en los empalmes subterráneos también aplazaron la certificación para energizar completamente el nuevo alumbrado.
El último porcentaje de ejecución ampliamente documentado en los informes consultados es 83,30 % a febrero de 2026. La Alcaldía reportó posteriormente tramos habilitados, nuevos semáforos y paisajismo, pero no publicó en las páginas consultadas un porcentaje consolidado más reciente que permita saber cuánto falta exactamente para la entrega integral.
El debate jurídico sobre el aumento del 60 %
El aumento del valor abrió una discusión sobre el límite legal para adicionar contratos estatales. El artículo 40 de la Ley 80 establece, como regla general, que los contratos no pueden adicionarse en más del 50 % de su valor inicial, expresado en salarios mínimos.
La explicación atribuida al Distrito es que no todo el aumento debe tratarse como una adición: $4.832 millones serían mayores cantidades de actividades ya pactadas y $7.768 millones corresponderían a nuevos ítems. Esa diferencia ha sido discutida en la jurisprudencia para contratos a precios unitarios.
Sin embargo, el asunto no es automáticamente pacífico. En el Concepto C-017 de 2025, Colombia Compra Eficiente explicó que existen posturas distintas sobre si las mayores cantidades están sometidas al límite y advirtió que aumentos desproporcionados pueden ser indicio de fallas de planeación. En el Concepto C-465 de 2026, la misma agencia reiteró que, como regla, cualquier incremento del valor inicial debe observar el tope, aunque también recogió la discusión jurisprudencial sobre contratos pactados por precios unitarios.
Por eso, la pregunta no es únicamente si el contrato terminó 60 % más caro, sino qué parte corresponde realmente a mayores cantidades autorizadas dentro del alcance original, qué parte amplió el objeto con nuevos ítems y si la planeación permitió anticipar cambios como los acabados, el paisajismo, el riego y las soluciones de fraguado rápido.
Veedurías, Concejo y órganos de control: qué está documentado
La Alcaldía explica en su página de control social que los ciudadanos pueden vigilar contratos y proyectos mediante veedurías. No obstante, en la documentación pública consultada para esta nota no aparece publicado el acta de constitución de una veeduría específica de la calle 72 ni un informe formal de observaciones de una organización ciudadana sobre este contrato.
Lo que sí está documentado es el control político. El concejal Antonio Bohórquez anunció un debate en el Concejo de Barranquilla por los retrasos y la adición. El cuestionario debía ser enviado a la Secretaría de Obras y a la interventoría antes de fijar la fecha de la sesión. Hasta el cierre de esta revisión no apareció una conclusión pública del debate que despeje el destino detallado de los $12.601 millones adicionales.
También circularon en redes versiones sobre una eventual indagación de la Contraloría General. No se encontró, en los portales institucionales consultados, un boletín o acto formal accesible que permita confirmar el alcance, número de expediente o estado de esa actuación. Por esa razón, no puede presentarse como una investigación oficialmente confirmada sin que el órgano de control publique o entregue la documentación correspondiente.
¿Cuándo se entregará?
La fecha contractual vigente que aparece en la segunda prórroga es el 30 de agosto de 2026. Esa es la tercera fecha: después del 31 de diciembre de 2025 y del 30 de marzo de 2026.
Pero una fecha contractual no equivale a una obra recibida a satisfacción. Para que la intervención pueda considerarse terminada deberán cerrarse los frentes pendientes, habilitarse completamente las calzadas y andenes, resolver las redes de servicios, certificar el alumbrado, completar la señalización, verificar el paisajismo y corregir eventuales defectos. Hasta el 20 de agosto no encontramos una comunicación oficial que anuncie otra prórroga o una fecha posterior, pero tampoco un acta de recibo final que permita afirmar que la obra ya está concluida.
La pregunta que queda abierta
La calle 72 puede terminar convertida en un corredor más accesible, verde y ordenado. Ese es el beneficio que defiende la Alcaldía. Pero el costo de llegar a ese resultado ya no es el mismo que se presentó en 2025: son $12.601 millones adicionales, dos prórrogas, una suspensión temporal y más de un año de afectaciones para los negocios y quienes viven o trabajan en el sector.
El debate de fondo no consiste en negar que una obra pueda encontrar redes deterioradas, requerir ajustes o responder a solicitudes comunitarias. Consiste en establecer si esos cambios fueron razonablemente imprevisibles, si se socializaron de manera suficiente, si la interventoría los justificó con rigor y si el Distrito protegió tanto los recursos públicos como a los comerciantes que soportaron la ejecución. La respuesta final tendrá que estar en los documentos de cierre, en la calidad de lo construido y en la capacidad de la administración para explicar, peso por peso y día por día, por qué una obra contratada por $20.849 millones terminó costando $33.450 millones.
Esta nota fue elaborada con base en el expediente del proceso LP-024-2024, publicaciones de la Alcaldía de Barranquilla, documentos de la segunda prórroga y la adición, informes ejecutivos del contratista y reportes periodísticos de La Contratopedia Caribe, Diario La Libertad, Caracol Radio y Emisora Atlántico. Las cifras y fechas corresponden a la información pública disponible al 20 de agosto de 2026.
