El Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967. La decisión fortalece el acercamiento con Israel, pero rompe con la posición de Naciones Unidas y abre un costo diplomático para un país que todavía no logra proteger plenamente a su propia población.
Colombia no enviará tropas a Siria ni se ha convertido en parte militar de la guerra de Medio Oriente. Pero sí tomó partido de manera explícita en una disputa territorial internacional y se convirtió en uno de los pocos gobiernos del mundo que acepta como legítima la soberanía israelí sobre una zona que Naciones Unidas sigue considerando territorio sirio ocupado.
El anuncio fue hecho el 10 de agosto por la Cancillería colombiana, apenas tres días después de la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella.
“El Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio”.
Comunicado de la Cancillería de Colombia, 10 de agosto de 2026.
Una decisión acordada antes de la posesión
El reconocimiento no apareció como una decisión improvisada. La propia Cancillería señaló que el comunicado respondía a un compromiso adquirido entre ambos países el 8 de agosto.
Días antes, el canciller israelí Gideon Sa’ar se reunió en Barranquilla con De la Espriella, cuando todavía era presidente electo. Sa’ar calificó posteriormente el reconocimiento como una “decisión histórica” y un logro diplomático para Israel.
El anuncio forma parte de un giro mucho más amplio de la política exterior colombiana. Según el Gobierno israelí, el paquete negociado incluye el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas, el nombramiento de embajadores, el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, la eliminación de visas, la reactivación de la cooperación comercial y una mayor colaboración en seguridad, tecnología y defensa.
La versión israelí también incluye el retiro de Colombia de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y la salida del llamado Grupo de La Haya. Esos puntos han sido divulgados por el Ministerio de Exteriores de Israel y medios que reprodujeron su comunicado, pero no todos aparecen desarrollados en el anuncio inicial de la Cancillería colombiana.
El cambio es radical frente al Gobierno de Gustavo Petro, que rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 por la ofensiva militar en Gaza y suspendió buena parte de la cooperación militar y comercial con ese país. El giro hace parte de las primeras decisiones del nuevo Gobierno, como ya se advertía en este balance sobre el comienzo de la era de Abelardo.
¿Qué son los Altos del Golán?
Los Altos del Golán son una meseta estratégica situada al suroeste de Siria. Israel tomó el control de la mayor parte del territorio durante la Guerra de los Seis Días, en 1967. La zona domina sectores del norte de Israel, el lago de Galilea y rutas estratégicas hacia Damasco.
En 1981, Israel extendió allí sus leyes, jurisdicción y administración, lo que la comunidad internacional consideró una anexión unilateral.
La Resolución 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró que esa decisión era nula y sin efecto jurídico internacional y reafirmó que el territorio permanecía bajo ocupación.
Durante décadas, ningún país había reconocido formalmente la soberanía israelí sobre el Golán. Estados Unidos lo hizo en 2019, durante el primer Gobierno de Donald Trump. Colombia se convirtió ahora en el segundo país en adoptar esa posición.
El reconocimiento de Bogotá no cambia el estatus jurídico internacional del territorio. No modifica las resoluciones de Naciones Unidas ni convierte automáticamente al Golán en territorio israelí ante la comunidad internacional.
El contraste con la Colombia que sigue bajo fuego
El argumento central del Gobierno colombiano es que Israel necesita conservar el Golán para proteger a su población. Pero la decisión genera una pregunta inevitable: ¿por qué Bogotá asume como propia la doctrina de seguridad de otro Estado mientras todavía no logra garantizar la seguridad de millones de colombianos?
Colombia lleva más de seis décadas de conflicto armado interno. La confrontación ha dejado más de 450.000 muertos y millones de víctimas, mientras grupos como el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC, el Ejército Gaitanista de Colombia —antes conocido como Clan del Golfo— y otras estructuras criminales disputan territorios, rutas de narcotráfico, minería ilegal y corredores fronterizos.
La Defensoría del Pueblo y ACNUR reportaron que más de 39.000 personas tuvieron que confinarse durante el primer trimestre de 2026 por hechos relacionados con el conflicto armado. La cifra aumentó 63 % frente al mismo periodo del año anterior.
En el Catatumbo, la crisis provocada por los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC dejó más de 100.000 personas desplazadas. La Defensoría también documentó homicidios, secuestros, reclutamiento de menores, ataques con drones, amenazas y despojo de tierras.
Es decir: Colombia no está ante una amenaza hipotética ubicada a miles de kilómetros. Tiene comunidades confinadas, campesinos expulsados de sus tierras, líderes sociales asesinados y regiones enteras sometidas a normas impuestas por grupos armados.
¿Qué busca realmente el Gobierno?
La explicación oficial habla de solidaridad con Israel y de la necesidad de reconocer sus preocupaciones de seguridad. Pero el contexto permite leer la decisión como parte de una estrategia más amplia.
El nuevo Gobierno busca acercarse a Estados Unidos, restablecer alianzas militares con Israel y recuperar cooperación en inteligencia, drones, ciberseguridad, vigilancia fronteriza y tecnología de defensa.
Israel ha sido durante décadas un proveedor importante de las Fuerzas Militares colombianas. Colombia adquirió aviones Kfir, fusiles Galil, sistemas de comunicaciones y otros equipos de origen israelí. En un momento en que los grupos armados utilizan drones explosivos y amplían su capacidad tecnológica, el Gobierno puede considerar que esa cooperación resulta útil.
El problema es que una alianza tecnológica no reemplaza la presencia estatal, la justicia rural, la sustitución de economías ilegales, la protección de comunidades ni una política coherente de seguridad.
La Defensoría documentó 394 ataques con drones en Colombia entre abril de 2024 y diciembre de 2025. De ellos, 275 ocurrieron solo en 2025. El fenómeno demuestra que el país sí necesita capacidades tecnológicas más avanzadas, pero también que la inseguridad colombiana no se resuelve únicamente comprando armas o copiando modelos extranjeros.
El costo diplomático de ponerse del lado de Israel
La reacción internacional fue inmediata. Siria rechazó el reconocimiento y acudió a Naciones Unidas para defender su soberanía. Turquía calificó la decisión de Colombia como un intento de legitimar la ocupación israelí y recordó que contradice la Resolución 497.
La Organización de Cooperación Islámica, integrada por 57 países, también condenó el anuncio y sostuvo que la declaración colombiana no altera el estatus jurídico del Golán. Arabia Saudita, Catar, Egipto, Jordania y Omán también rechazaron la decisión.
Colombia no enfrenta por ahora una amenaza militar por haberla tomado, pero sí puede perder margen diplomático con países árabes y con gobiernos del llamado Sur Global.
El riesgo mayor es reputacional. Colombia históricamente defendió el principio de que ningún país puede apropiarse de un territorio mediante la fuerza. Al reconocer la soberanía israelí sobre el Golán, el Gobierno puede ser acusado de aplicar una doble vara: defender la integridad territorial de unos países y aceptar la anexión cuando conviene a sus nuevos aliados.
Una apuesta política con beneficios inciertos
El Gobierno puede obtener beneficios concretos: cooperación militar, acceso a tecnología, respaldo de Estados Unidos, apertura comercial y mayor cercanía con Israel.
Pero esos beneficios todavía son promesas diplomáticas. En cambio, el costo político ya es visible: Colombia abandonó una posición tradicional, se apartó del consenso de Naciones Unidas y se convirtió en un actor activo de una controversia que no afecta directamente su seguridad nacional.
Colombia puede mantener relaciones con Israel, comprar tecnología, cooperar contra el terrorismo y fortalecer sus capacidades de inteligencia sin reconocer como legítima la anexión de un territorio sirio.
Por eso, el debate no es si Colombia puede tener vínculos con Israel. El debate es por qué decidió pagar el precio diplomático de respaldar una ocupación extranjera cuando todavía tiene regiones enteras donde el Estado no puede garantizar que una familia llegue viva a su casa, que un campesino permanezca en su tierra o que un niño no sea reclutado por un grupo armado.
Nada se le ha perdido a Colombia en los Altos del Golán. Lo que sí tiene pendiente es recuperar el control de su propio territorio.
