La Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas) volvió a poner el fracking en el centro del debate energético justo cuando Colombia enfrenta una caída de sus reservas probadas, mayores importaciones y la amenaza de un déficit que puede encarecer el servicio para hogares, industrias y generadoras eléctricas.
La presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, sostuvo este miércoles en Barranquilla que el país tiene gas atrapado en el subsuelo y que la fracturación hidráulica podría ayudar a ampliar la oferta nacional. Pero la discusión exige una precisión: el fracking podría convertirse en una fuente adicional de gas en el largo plazo, pero no resolvería por sí solo el faltante inmediato ni garantiza automáticamente una reducción en las facturas.
La propuesta de Naturgas y el momento en que aparece
Naturgas planteó que Colombia podría reducir su déficit de gas natural si desarrolla el potencial de los yacimientos no convencionales mediante fracking.
La propuesta no aparece aislada. En abril, Murgas le dijo a CAMBIO que el problema del país no sería únicamente la falta de recursos, sino la demora para convertir los hallazgos en gas disponible. Allí incluyó el fracking entre las alternativas, pero también reclamó acelerar los proyectos convencionales, costa afuera y la infraestructura para importar gas.
“Colombia debe desarrollar todo su potencial de gas atrapado en el subsuelo”, dijo Luz Stella Murgas a CAMBIO.
La posición del gremio, por tanto, no es que una sola técnica vaya a resolver la crisis. Su planteamiento es que Colombia debería habilitar todas las fuentes posibles: producción nacional convencional, gas costa afuera, importaciones y yacimientos no convencionales.
El dato que explica la urgencia: las reservas probadas siguen cayendo
El más reciente Informe de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra que las reservas probadas de gas natural bajaron de 2.064 giga pies cúbicos en 2024 a 1.717 giga pies cúbicos al cierre de 2025: una caída de 16,8 % en un año.
La cifra de reservas probadas —conocida técnicamente como 1P— representa el volumen que puede recuperarse con un nivel razonable de certeza bajo las condiciones económicas y operativas existentes. No debe confundirse con todos los recursos que aparecen en estudios geológicos.
El mismo informe registra 10.540 giga pies cúbicos de recursos contingentes de gas. Son volúmenes descubiertos y potencialmente recuperables, pero que todavía enfrentan alguna contingencia técnica, económica, ambiental, social, contractual o regulatoria. De ese total, 7.855 giga pies cúbicos están costa afuera, equivalentes al 74,5 %.
La diferencia es decisiva para entender el debate: Colombia puede tener mucho gas identificado bajo tierra o en el mar, pero eso no significa que pueda entregarlo mañana a una cocina, una fábrica o una termoeléctrica.
Colombia ya está importando gas para cubrir la demanda
El país dejó atrás la autosuficiencia que mantuvo durante décadas. En mayo de 2026, Naturgas le dijo a EL HERALDO que Colombia estaba importando cerca del 25 % del gas que consumía.
En diciembre de 2025, el gremio había advertido que para 2026 podría faltar alrededor del 20 % del gas necesario para atender la demanda, y que el déficit podría superar el 50 % hacia 2030 si no entraban nuevos proyectos. Esa proyección corresponde a Naturgas y debe leerse como una alerta sectorial, no como un balance oficial independiente.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas ya adoptó reglas para que el gas natural importado pueda participar en contratos firmes de suministro. La Resolución CREG 102-24 de 2026 contempla las condiciones comerciales para incorporar gas importado destinado al servicio público domiciliario.
La importación es una respuesta rápida frente a un faltante, pero expone al país a los precios internacionales, al costo del transporte marítimo, a la regasificación y a la tasa de cambio. El gas nacional puede ser más competitivo, pero solo si existe producción disponible, contratos, transporte y capacidad para llevarlo hasta las regiones consumidoras.
¿Cuánto tardaría el fracking en producir gas?
El fracking no consiste en abrir una válvula y comenzar a extraer. La técnica requiere estudios geológicos, contratos, perforación exploratoria, licencias ambientales, consulta y acuerdos con comunidades, infraestructura de transporte, plantas de tratamiento y una etapa de evaluación antes de pasar a una producción comercial.
Colombia tampoco tiene hoy una operación comercial de fracking en marcha. La técnica fue objeto de proyectos piloto de investigación, pero los proyectos Kalé y Platero, en Puerto Wilches, no llegaron a convertirse en producción comercial.
Además, el Congreso discute una nueva iniciativa para prohibir la exploración y producción de yacimientos no convencionales y el uso del fracking. El Proyecto de Ley 011 de 2026 Senado aparece en la agenda legislativa del nuevo periodo constitucional, mientras el Gobierno ha respaldado la prohibición a través de los ministerios de Minas y Ambiente.
Eso significa que la propuesta de Naturgas no es solamente técnica o económica. También requiere una decisión política y legislativa sobre si Colombia permitirá investigar y eventualmente explotar esos yacimientos, bajo qué reglas y con qué nivel de control estatal.
El potencial existe, pero no es una reserva lista para usar
Uno de los argumentos de la industria es que en las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería se ha identificado un potencial importante de gas no convencional. Naturgas ha citado estimaciones de Ecopetrol de alrededor de 10 terapiés cúbicos en esas dos cuencas.
Pero una estimación de potencial no equivale a una reserva probada. Para convertirse en gas comercial debe demostrar productividad, viabilidad económica, aceptación social, cumplimiento ambiental y conexión con el sistema nacional de transporte.
El mismo principio aplica al gas costa afuera. El proyecto Sirius, en el Caribe colombiano, es una de las mayores esperanzas para recuperar la seguridad energética. Naturgas ha señalado que podría abastecer una porción significativa de la demanda nacional, pero su entrada se proyecta hacia el final de la década, no para resolver el faltante de los próximos meses.
El informe de la ANH refuerza esa idea: tres cuartas partes de los recursos contingentes de gas están en el mar. El reto no es solamente encontrar moléculas, sino lograr que lleguen a tierra, obtener las licencias, resolver consultas con comunidades, financiar la infraestructura y conectar la producción con los centros de consumo.
¿El fracking bajaría la factura del gas y la energía?
Una mayor producción nacional podría reducir la dependencia de importaciones y aliviar la exposición a los precios internacionales. Ese efecto sería relevante para los hogares, el comercio, la industria, el transporte que usa gas natural vehicular y las plantas térmicas que utilizan gas para generar electricidad.
Sin embargo, no existe una relación automática entre producir más gas y pagar menos en la factura. El precio final depende del costo de producción o importación, transporte, distribución, comercialización, impuestos, contratos y regulación. En el caso de la electricidad, el gas es apenas uno de los componentes que inciden en el costo de generación y en el precio de bolsa.
Para el Caribe, la discusión tiene una importancia especial. La región concentra una parte importante de la demanda industrial y comercial, depende de la infraestructura de regasificación de Cartagena y utiliza generación térmica cuando cae la producción hidroeléctrica. Un suministro más abundante y estable podría mejorar la confiabilidad, pero el beneficio solo llegaría al usuario si existe competencia, contratos transparentes y capacidad de transporte.
En otras palabras, el fracking podría ayudar a ampliar la oferta en el futuro, pero no corrige por sí mismo los problemas de infraestructura ni asegura que el ahorro se traslade a los recibos.
El costo ambiental y social que vuelve a la discusión
Quienes se oponen al fracking advierten sobre el uso intensivo de agua, el manejo de sustancias químicas, la posibilidad de contaminación por fallas en los pozos, las emisiones de metano, la actividad sísmica inducida y los impactos sobre territorios agrícolas y comunidades.
El Gobierno que impulsa el proyecto antifracking sostiene que la prohibición busca proteger el agua, los ecosistemas y la salud pública. La posición oficial se apoya en los riesgos ambientales y sociales identificados en la discusión científica y política de los últimos años.
Del otro lado, la industria sostiene que la tecnología ha evolucionado, que existen estándares de control aplicados en otros países y que Colombia no debería cerrar la puerta sin haber concluido una investigación integral. La Comisión de Expertos convocada en 2019 recomendó evaluar proyectos piloto bajo condiciones técnicas, ambientales y sociales estrictas antes de una eventual explotación comercial.
El desacuerdo no es menor. Mientras Naturgas ve en el fracking una herramienta para recuperar seguridad energética, las organizaciones ambientales consideran que abrir esa puerta prolongaría la dependencia de los combustibles fósiles y trasladaría los riesgos a zonas rurales con conflictos por el agua y la tierra.
La solución inmediata está en otro lugar
Aunque el fracking pueda ser parte de una discusión de largo plazo, las necesidades de 2026 y 2027 deben resolverse con proyectos que estén más cerca de entrar en operación.
Naturgas ha identificado campos convencionales que podrían sumar cerca de 60 millones de pies cúbicos diarios hacia 2027, pero reconoce que no alcanzarían para cubrir todo el faltante. También reclama ampliar la capacidad de importación y acelerar las regasificadoras, mientras avanzan los proyectos costa afuera.
En ese escenario, la hoja de ruta realista combina cuatro frentes: recuperar producción de campos existentes, acelerar los proyectos convencionales y offshore, ampliar la infraestructura de importación y decidir con evidencia si Colombia abrirá o no la puerta a los yacimientos no convencionales.
La discusión sobre el fracking no debería presentarse como una solución mágica ni como el único camino para evitar una crisis. Colombia necesita gas ahora, mientras las nuevas fuentes tardan años. La pregunta que queda planteada es si el país está dispuesto a asumir los costos ambientales, sociales y políticos de explorar una técnica controvertida para obtener una respuesta que, en el mejor de los casos, sería de mediano y largo plazo.
Mientras esa decisión se toma, los usuarios seguirán pagando las consecuencias de una transición energética incompleta: menos reservas probadas, más importaciones, infraestructura insuficiente y un gas que puede llegar más caro a los hogares y empresas de la Región Caribe.
Para ampliar: Del fracking al gas: la apuesta energética que puede cambiarle la cuenta al Caribe y Gas natural en Colombia: nuevos yacimientos avivan las expectativas.
