Ajustes estructurales al mercado mayorista de energía para fomentar la competencia y racionalizar el alza en las tarifas del servicio al usuario final, pidieron el exministro de Minas, Amylkar Acosta y el director de Frontier Economics, Fernando Barrera Rey, al intervenir en el Caribe BIZ Forum 2022.
Para ello propusieron cambios en la normatividad y la regulación vigente, advirtiendo que con ello no se pretende atentar contra la institucionalidad, sino adecuarlas a la nueva realidad energética con el fin de tener una matriz de generación robusta, diversificada y más resiliente frente al cambio climático; y al modelo de mercado que se derivará del ingreso de las fuentes renovables.
En el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, los ponentes propusieron establecer precios zonales para tener un precio único para la demanda; ofertas de servicios complementarios que permitan el acoplamiento y la integración de las fuentes no convencionales de energía renovables, de forma tal que sirvan de respaldo a las convencionales hídricas y térmicas, y viceversa; e introducir mecanismos como las subastas para generar una mayor competencia en el mercado de contratos.
Usuarios no son responsables de los problemas de Hidroituango
También solicitaron que las restricciones, causadas por atrasos en la ejecución de los proyectos de transmisión o de generación, como Hidroituango no las paguen los usuarios sino los responsables directos de esas situaciones. Este cargo es después del indexador IPP y de las pérdidas reconocidas, el factor que más presiona el alza de las tarifas de energía en la Región Caribe.
Igualmente propusieron desmontar el cobro del cargo por confiabilidad que aplican las hidroeléctricas, el cual fue concebido exclusivamente para las térmicas; modificar los límites para acceder al mercado no-regulado, de manera que el usuario pueda escoger su comercializador, y desagregar XM de ISA, tal como se ha planteado reiteradamente.
Al analizar los efectos de las leyes 142 y 143 de 1994, que son el marco normativo del servicio público domiciliario de energía eléctrica, Acosta y Barrera señalaron que deben corregirse la desintegración vertical del mercado de la Región Caribe; la concentración de la capacidad hidráulica en tres empresas; y el incumplimiento de las revisiones tarifarias que tienen que hacerse cada 5 años, lo que ha llevado a que las eficiencias y reducciones de costos no se repartan con los usuarios.
Al abordar la situación particular de la Región Caribe, Acosta advirtió que la deuda de los usuarios con los operadores AIR-e y AFINIA, ya supera los $4 billones y seguirá creciendo hasta hacerse impagable para aquellos e insostenible para las empresas.
Por ello ambos expertos insistieron en soluciones de fondo al incremento desmesurado de las tarifas de energía, tras advertir que de no hacerlo pronto las deudas seguirán aumentando cuando suban los precios del mercado. “Ahora los distribuidores y prestadores del servicio están solicitando que, así como les aplican a sus usuarios la opción tarifaria, los generadores que les venden la energía hagan lo mismo con ellos, lo cual convertiría este esquema en una bola de nieve de enormes proporciones”, señaló el exministro.
Renegociar contratos con Air-e y Afinia
Para avanzar en esas soluciones Acosta propuso dos medidas: la primera titularizar los ingresos previstos del Fonenergía en los próximos 5 años, para constituir un capital autónomo con destinación especifica al programa de normalización de redes y de usuarios. Con ello se mejoraría la calidad del servicio y se persuadiría a los usuarios para que lo paguen. Este programa se acompañaría de un plan masivo de instalación de paneles solares en las residencias de los estratos 1, 2 y 3 y en lo sucesivo en todos los programas de viviendas de interés social (VIS) gestionados por el Gobierno.
La segunda propuesta es que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, renegocie los contratos con Air-e y Afinia para que a medida que las pérdidas no técnicas vayan bajando, por la gestión de cartera de las empresas, y por sus inversiones y las que se hagan con el capital autónomo, bajen también paulatinamente las pérdidas reconocidas y con ellas las tarifas. De esta manera esas pérdidas no irían al P&G de las empresas, que es lo que acontece actualmente.
Entre tanto, Fernando Barrera destacó que las pérdidas por robo en Electricaribe alcanzaron niveles más bajos antes de la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos, por lo que planteó que el Estado asuma parte de ese deterioro y no se pase a la tarifa.
El Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza se mostró de acuerdo con la hoja de ruta planteada por Amylkar Acosta y Fernando Barrera, como un insumo a tener en cuenta por el Gobierno nacional para darle una solución estructural a la crisis económica y social desatada en el Caribe por las altas tarifas de energía eléctrica que seguirán creciendo a pesar del Pacto por la Justicia Tarifaria acordado entre distintos actores del sistema.
