La ministra de Educación, Viviane Morales, anunció una revisión de los materiales escolares, especialmente los relacionados con la educación sexual integral, y aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscará “erradicar” la llamada “ideología de género” de los colegios. Aunque la funcionaria no ordenó suspender todavía los programas, su anuncio abre la posibilidad de una pausa administrativa que podría retrasar la formación docente, los planes territoriales y las rutas de prevención de violencias en las instituciones educativas.
La declaración fue entregada a medios de comunicación y tomada a través de este video publicado por La FM en su cuenta de X y luego transcrita por la propia emisora. Morales dijo que, al llegar al Ministerio, encontró intentos de introducir esa supuesta ideología en algunos colegios y afirmó que se había buscado manipular la educación sexual de los menores. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado públicamente un inventario de materiales, colegios, contratos o contenidos que sustenten esa afirmación.
“Aquí nada que se haga de espaldas a los padres, sin transparencia, sin el consentimiento y que no sea acorde con las edades de los educandos”.
Viviane Morales, ministra de Educación, en declaraciones difundidas por La FM.
La revisión que puede poner el sistema en pausa
Morales planteó que los contenidos deben ser revisados para garantizar el papel de las familias y evitar, según sus palabras, el adoctrinamiento de niños y adolescentes. El anuncio puede parecer limitado a una verificación de materiales, pero la educación sexual integral no funciona únicamente mediante cartillas: también incluye capacitación de docentes, proyectos pedagógicos, manuales de convivencia, orientación escolar, rutas de atención y coordinación entre el Ministerio, las secretarías y los colegios.
Si el Ministerio retira materiales mientras los evalúa, ordena a las secretarías esperar nuevos lineamientos o modifica los criterios de formación, el efecto práctico puede ser un retraso en cadena. Los docentes podrían quedar sin instrucciones claras; los colegios podrían aplazar actividades por temor a sanciones; y las entidades territoriales tendrían que rehacer planes que ya estaban en proceso de implementación.
No existe todavía un cronograma oficial de suspensión ni una estimación de cuántos estudiantes o instituciones resultarían afectados. Por eso, el retraso no es un hecho consumado, sino un riesgo derivado de una revisión que la ministra anunció sin precisar su alcance, duración, metodología ni equipo técnico.
Lo que ya está vigente y no se puede borrar con una declaración
La educación sexual no depende únicamente de la voluntad de un ministro. La Ley 115 de 1994 establece que debe impartirse en los establecimientos de educación formal, de acuerdo con las necesidades físicas, psicológicas y afectivas de los estudiantes y su edad. A su vez, la Ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y una ruta para prevenir, detectar y atender violencias, acoso escolar y vulneraciones de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. El Ministerio de Educación mantiene estos instrumentos como parte del marco oficial de convivencia escolar.
La Corte Constitucional también ha fijado obligaciones concretas. En la Sentencia T-478 de 2015, relacionada con el caso de Sergio Urrego, ordenó fortalecer la educación en derechos humanos, revisar los manuales de convivencia y garantizar que respeten la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. La Corte no trató esos asuntos como una moda ideológica, sino como parte de la protección del derecho a la educación, la igualdad y la dignidad. La sentencia puede consultarse en el portal del alto tribunal.
Además, el Gobierno anterior dejó en firme la Resolución 1350 de 2026, que adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035. La norma distribuye responsabilidades entre los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Culturas, y asigna a Educación tareas como elaborar lineamientos, acompañar a las secretarías, capacitar docentes y promover la incorporación progresiva de contenidos en los colegios. La Resolución 1350 está publicada en el sistema normativo oficial.
La política ordena que se formule un plan de acción dentro de los seis meses siguientes a su expedición. Si se cuenta desde el 10 de julio, el primer plazo vence en enero de 2027. Una revisión sin calendario público puede consumir parte de ese tiempo y retrasar la ejecución, aunque la ministra no tiene, por sí sola, la facultad de eliminar una política adoptada mediante una resolución conjunta ni de desconocer las leyes y las sentencias constitucionales que la respaldan.
Cómo se aborda el tema en los sistemas educativos más avanzados
La comparación internacional muestra que los sistemas educativos con políticas más consolidadas no suelen tratar la educación sexual como una cruzada moral ni como una actividad aislada. La organizan de forma gradual, con contenidos adecuados a la edad, formación docente, participación de las familias, prevención de violencias y evaluación. La guía técnica de la Unesco recomienda una educación basada en evidencia, derechos humanos, igualdad y el interés superior de los estudiantes.
Suecia. La educación sexual es obligatoria desde 1955. Desde 2011, los contenidos sobre sexualidad, relaciones, género e igualdad se incorporan en varias asignaturas, y desde 2022 el currículo utiliza el concepto “sexualidad, consentimiento y relaciones”. La Agencia Nacional de Educación establece que el tema debe abordarse repetidamente durante la trayectoria escolar, con una perspectiva transversal y herramientas para que los estudiantes tomen decisiones informadas y autónomas. Así lo explica el organismo oficial sueco.
Países Bajos. La educación sobre relaciones y sexualidad es obligatoria en la primaria y la secundaria desde 2012. El modelo comienza con contenidos acordes con la edad y avanza hacia el conocimiento del cuerpo, los límites personales, el consentimiento, la diversidad sexual, la prevención de abusos y las relaciones saludables. El Estado fija objetivos generales, pero permite que cada colegio escoja los materiales y métodos que mejor se ajusten a su comunidad educativa. El perfil comparado del sistema neerlandés registra ese enfoque progresivo.
Finlandia. El tema se integra principalmente en la educación para la salud y en distintas áreas del currículo. La Agencia Nacional Finlandesa de Educación ofrece materiales para que los estudiantes reconozcan y prevengan el acoso sexual, la violencia y la discriminación, y establece responsabilidades para docentes y directivos cuando ocurren estos hechos. La educación no se limita a explicar anatomía: también desarrolla habilidades para pedir ayuda, identificar riesgos y proteger la integridad física y emocional. La autoridad educativa finlandesa describe esas herramientas.
La comparación no significa que Colombia deba copiar un modelo extranjero ni que esos países carezcan de debates sobre contenidos, edades o participación de los padres. La diferencia está en el método: se discute con evidencia, se actualizan los currículos, se capacita a los docentes y se mantiene la continuidad mientras se introducen cambios. Una revisión política sin cronograma, criterios técnicos ni garantías transitorias puede producir exactamente lo contrario: desorientación en los colegios y retrasos en programas de prevención.
El factor religioso: el problema no es que Morales tenga fe
Viviane Morales es evangélica desde la adolescencia y su fe ha atravesado buena parte de su carrera política. Antes de llegar al Ministerio fue una de las principales opositoras a materiales de educación sexual durante la controversia de 2016, promovió un referendo para limitar la adopción a parejas heterosexuales y se pronunció contra la ampliación de los derechos reproductivos. La Silla Vacía registra su trayectoria dentro de los sectores evangélicos, mientras que El Espectador ha documentado sus posiciones frente a la educación sexual, la diversidad y los derechos reproductivos.
El debate, sin embargo, no debería reducirse a que la ministra sea religiosa. En una democracia, una funcionaria tiene derecho a profesar su fe. El límite aparece cuando una convicción particular se convierte en criterio oficial para definir qué estudiantes pueden ser reconocidos, qué familias son consideradas legítimas o qué conocimientos científicos y derechos deben desaparecer del aula.
La Corte Constitucional ha reiterado que Colombia es un Estado laico, con libertad religiosa, separación entre el Estado y las iglesias y deber de neutralidad frente a los distintos credos. En el ámbito educativo, esto significa que el Estado no puede imponer una religión ni utilizar la escuela pública para privilegiar una visión religiosa particular. La Sentencia T-357 de 2024 explica los límites de la religión en las instituciones educativas oficiales.
Qué podría retrasarse y a quién afectaría
El eventual retraso no se limitaría a una discusión sobre palabras o cartillas. Podría afectar cuatro frentes concretos:
La formación de docentes. Los maestros necesitan orientaciones para abordar prevención del abuso, cambios físicos y emocionales, consentimiento, respeto, discriminación, embarazo adolescente y violencias basadas en género. Si los contenidos quedan bajo revisión indefinida, la capacitación puede detenerse o fragmentarse.
Los manuales de convivencia. Los colegios deben mantener reglas y rutas para atender el acoso y la discriminación. Cualquier modificación debe respetar la participación de la comunidad educativa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Un mensaje político ambiguo desde el Ministerio puede llevar a algunos planteles a retirar contenidos por temor a entrar en conflicto con el Gobierno.
La prevención de violencias. La Ley 1620 vincula la formación para la sexualidad con la prevención del acoso, la violencia sexual y otras vulneraciones. Debilitar estos programas puede dejar a estudiantes y orientadores con menos herramientas para identificar señales de abuso o activar una ruta de protección.
Los estudiantes que no encajan en el modelo familiar defendido por la ministra. Niños y adolescentes LGBTIQ+, estudiantes con familias homoparentales y jóvenes que enfrentan discriminación podrían recibir el mensaje de que sus realidades son sospechosas o deben ocultarse. La Corte ha advertido que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas contra la discriminación.
Estos riesgos no significan que cada revisión produzca automáticamente un retroceso. También es legítimo evaluar materiales, corregir contenidos inadecuados y garantizar que la información sea apropiada para cada edad. Lo que no resulta aceptable es reemplazar la revisión técnica por una cruzada política basada en un concepto que la ministra utiliza, pero que no ha definido ni demostrado con documentos concretos.
La promesa de los padres y el derecho de los estudiantes
La ministra y el Partido Conservador, cuyo presidente Efraín Cepeda respaldó la idea de erradicar la “ideología de género”, presentan la revisión como una defensa del derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos. Ese derecho existe, pero no equivale a que una mayoría de familias pueda retirar del currículo la educación científica, impedir la protección de un estudiante discriminado o desconocer los derechos de otros menores.
La escuela tiene que trabajar con las familias, pero también debe proteger a los estudiantes cuando la familia no puede hacerlo, cuando hay violencia en el hogar o cuando el propio entorno familiar reproduce prejuicios. El Estado no puede delegar completamente en los padres una responsabilidad que la Constitución, las leyes y las sentencias le asignan también a las instituciones educativas.
La experiencia de Suecia, Países Bajos y Finlandia muestra que la participación familiar no desaparece cuando la educación sexual se vuelve integral. Lo que cambia es que la escuela no deja la protección de los menores a la suerte de cada hogar: ofrece información común, prepara a los docentes y establece rutas para actuar cuando aparece la violencia o la discriminación.
Qué debe aclarar el Ministerio
Para evitar que la polémica termine afectando a los colegios, el Ministerio debería publicar el inventario de materiales que serán revisados, los criterios pedagógicos y científicos de evaluación, el cronograma, los responsables técnicos y las instrucciones que deben seguir mientras concluye el proceso.
También debe explicar si mantendrá la ejecución de la Resolución 1350 de 2026, cómo cumplirá el plazo de enero de 2027 y de qué manera garantizará que la revisión no suspenda las rutas de atención a la violencia escolar ni la protección contra la discriminación. En paralelo, sería necesario escuchar a docentes, orientadores, estudiantes, padres, expertos y organizaciones de derechos humanos.
Colombia puede discutir qué educación sexual quiere para sus niños y adolescentes. Lo que no puede permitirse es que esa discusión quede atrapada entre la consigna de “meter a Dios en las aulas” y la etiqueta de “ideología de género”, mientras los colegios esperan instrucciones y los estudiantes quedan expuestos a un vacío institucional.
La experiencia reciente muestra que las controversias políticas sobre estos temas no son inocuas: durante la disputa por unas cartillas en 2016, la presión pública terminó retrasando la implementación de orientaciones contra la discriminación. Ahora el país enfrenta el riesgo de repetir la historia, esta vez desde el propio Ministerio de Educación.
La protección de los menores no se fortalece retirando derechos del currículo ni ocultando la diversidad que existe en las aulas. Se fortalece con información apropiada para la edad, docentes preparados, familias involucradas, instituciones transparentes y un Estado que cumpla la Constitución sin convertir una fe particular en política pública.
Este debate se conecta con otras obligaciones que ya tienen los colegios para proteger a niños y adolescentes, como las rutas frente al ciberacoso y la violencia digital. VOZCARIBE explicó recientemente qué deben hacer las instituciones educativas y las familias ante esos riesgos.
