La noticia de este lunes no es que los señalamientos de Eva Ferrer hayan sido comprobados. Es que entraron a una ruta institucional: la Procuraduría llamó a la catalana y a otras cinco personas a declarar bajo juramento, y ordenó recaudar pruebas para establecer los hechos relatados en publicaciones de Semana.
Ese paso no convierte las acusaciones en verdad judicial. Pero sí pone un nuevo reflector sobre una historia más larga: la de un proyecto que llegó al poder como la coalición más amplia de la izquierda colombiana y que, con el ejercicio del Gobierno, fue exhibiendo fisuras cada vez más públicas. Unas fueron políticas; otras, judiciales; otras, choques personales que se volvieron asuntos de Estado.
La pregunta no es si toda diferencia equivale a una implosión. La pregunta es por qué, después de haber conquistado la Presidencia con la promesa de cambio y cohesión, el progresismo terminó resolviendo buena parte de sus conflictos ante cámaras, estrados, entrevistas y redes sociales.
2022: una coalición que parecía capaz de contener sus diferencias
El Pacto Histórico reunió sectores de izquierda, movimientos sociales, sindicatos, activismos territoriales y figuras que hasta entonces competían por liderazgos propios. Gustavo Petro y Francia Márquez sintetizaron esa alianza en la fórmula presidencial de 2022. La vicepresidenta había llegado a la consulta con votación propia y fue designada como fórmula de Petro por el Pacto Histórico, según su perfil institucional.
En los primeros meses, la unidad se expresó también en símbolos de Gobierno. Petro y Márquez radicaron juntos la iniciativa para crear el Ministerio de Igualdad; la nueva cartera quedó en manos de la vicepresidenta. La Presidencia presentó ese proyecto como una promesa compartida de campaña.
La cohesión, sin embargo, convivía desde el comienzo con una pregunta sin resolver: cómo repartir poder, vocerías y burocracia en un Gobierno compuesto por corrientes con trayectorias, prioridades y bases muy distintas.
2023: los problemas del círculo cercano dejaron de ser privados
La primera gran sacudida no nació de una diferencia programática. En agosto de 2023, la Fiscalía imputó a Nicolás Petro Burgos los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; él ha tenido derecho a controvertir esas acusaciones y una imputación no equivale a una condena. La información oficial de la Fiscalía registró entonces la imputación y la medida no privativa de la libertad.
El expediente no prueba responsabilidad del presidente ni explica por sí solo las divisiones de la izquierda. Sí alteró el terreno político: por primera vez, una controversia judicial de alto impacto llegaba al núcleo familiar del mandatario y erosionaba la promesa de renovación ética con la que la coalición había llegado al poder.
En paralelo, las disputas en el entorno presidencial dejaron de manejarse puertas adentro. La controversia entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, ambos figuras centrales de la campaña y del Gobierno, abrió un ciclo de recriminaciones públicas que alimentó la percepción de un equipo incapaz de tramitar sus diferencias sin convertirlas en crisis nacionales.
Febrero de 2025: la fractura se transmitió en directo
El 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros televisado produjo una imagen difícil de revertir: ministros y altos funcionarios cuestionaron en público decisiones, nombramientos y el rumbo del Gobierno. Francia Márquez y Susana Muhamad expresaron reparos frente al retorno de Benedetti; Petro respondió que el problema de fondo no era un solo funcionario, sino lo que llamó “juegos de doble agenda”. La propia Presidencia confirmó después que el Consejo seguiría transmitiéndose; su publicación institucional lo describió como un hecho inédito para la televisión reciente.
“El auto […] ordena a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicar las pruebas para establecer los hechos denunciados”.
Procuraduría General de la Nación, auto divulgado el 13 de octubre de 2026.
Aquel episodio fue más que una mala jornada televisiva. Dejó a la vista tres tensiones que nunca desaparecieron: la disputa por los nombramientos, el choque entre sectores que reclamaban coherencia con las banderas de cambio y la dificultad de Petro para conservar como aliadas a figuras con autonomía política. En marzo, Márquez dejó el Ministerio de Igualdad, una cartera que había encarnado desde el arranque del Gobierno. La salida fue leída como un símbolo de su pérdida de influencia, aunque mantuvo la Vicepresidencia.
De gobierno a oposición, con las heridas abiertas
La salida de Petro de la Casa de Nariño no cerró esas diferencias. Por el contrario, el Pacto Histórico entró a la oposición con disputas de liderazgo, vocería y estrategia. VOZCARIBE ha reseñado el anuncio de Petro de asumir la dirección política del Pacto y el debate sobre el tipo de oposición que el movimiento quiere ejercer.
Ese punto importa para entender la coyuntura: no todos los desacuerdos que hoy sacuden al progresismo obedecen a las denuncias de Ferrer, ni todos tienen consecuencias penales. Pero sí comparten un escenario: un proyecto con reglas internas débiles para procesar sus diferencias y con sus principales figuras acostumbradas a dirimirlas ante el país.
Eva Ferrer: qué se sabe, qué se investiga y qué no está probado
Ferrer, quien fue cercana a Verónica Alcocer, formuló en entrevistas una serie de señalamientos contra personas del entorno del antiguo Gobierno. Petro los rechazó públicamente, los calificó como calumniosos y anunció acciones legales, según la respuesta recogida por El Colombiano.
Lo comprobable hasta ahora es el acto de la Procuraduría del 13 de octubre: Ferrer, Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas fueron llamados a declarar bajo juramento. La entidad explicó que se trata de una investigación ya abierta y que ordenó pruebas para establecer los hechos denunciados. Ese comunicado no concluye que los hechos hayan ocurrido.
La diferencia es esencial. Un testimonio, una entrevista o una acusación pública pueden abrir una investigación; no sustituyen la prueba, la contradicción ni una decisión de autoridad competente. Tampoco es válido usar el caso para adjudicar responsabilidades colectivas a toda la izquierda colombiana.
La pregunta que deja la cronología
El Gobierno de Petro fue la primera oportunidad de la izquierda de encabezar el Ejecutivo nacional. Tuvo reformas, conflictos con la oposición y resultados que merecen un balance separado. Pero su costo político no se explica solamente por los choques con la derecha o con el Congreso: las fracturas internas se volvieron parte de su marca.
De Nicolás Petro al Consejo de Ministros, de la salida de Francia Márquez a los señalamientos de Eva Ferrer, cada capítulo exige una lectura propia y un estándar probatorio distinto. El error sería mezclarlo todo en una sola condena. La evidencia disponible sí permite otra conclusión, más precisa: el proyecto progresista llegó al poder sin construir una fórmula duradera para administrar sus propios desacuerdos.
Lo que sigue corresponde a los órganos de control y a la justicia. Para el Pacto, la tarea es política: explicar cómo pretende reconstruir credibilidad mientras sus disputas más sensibles siguen librándose entre antiguos aliados.
Nota de verificación: esta pieza diferencia actuaciones oficiales, acusaciones públicas y procesos judiciales. Los señalamientos atribuidos a Eva Ferrer están en etapa de recaudo de pruebas por parte de la Procuraduría; no constituyen, por sí mismos, hechos comprobados ni una decisión contra los mencionados.
