La decisión de la Cámara de Representantes de trasladar a Cali la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella abrió de inmediato otra discusión: quién pagará los tiquetes, el hospedaje y los viáticos de los congresistas que deberán desplazarse para la ceremonia del próximo 7 de agosto.
La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, anunció la radicación de una proposición para que la Cámara y su Dirección Administrativa no destinen recursos públicos a cubrir esos gastos. Su planteamiento es que cada legislador que decida asistir asuma el viaje con dinero propio.
“Ellos decidieron que el Congreso se traslade, pues que sean ellos mismos quienes paguen”.
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
La proposición está radicada, pero todavía no ha sido aprobada
La iniciativa de Carrascal busca impedir que el presupuesto de la Cámara cubra pasajes aéreos, alojamiento y viáticos de quienes se desplacen a la capital del Valle. Por ahora, se trata de una proposición radicada: no existe todavía una decisión de la plenaria que obligue a los representantes a pagar de su bolsillo.
El Pacto Histórico, que anunció que no asistirá a la posesión, también aseguró que sus integrantes aceptarán el descuento correspondiente a ese día de salario. La bancada intenta responder así a quienes sostienen que ausentarse de la sesión debe tener una consecuencia económica.
“Le corresponde a la Dirección Administrativa descontar en este caso el día del salario de los congresistas que no asistan. En el Pacto Histórico lo asumiremos como debe ser”, afirmó el representante Heráclito Landinez, según declaraciones divulgadas durante la controversia.
La Cámara aprobó Cali por 117 votos contra 7
La plenaria de la Cámara aprobó por 117 votos a favor y 7 en contra sesionar en Cali para la posesión del presidente electo. El cambio respondió a una solicitud de De la Espriella, quien desistió de su intención inicial de realizar el acto en una guarnición militar y dejó atrás la opción de Popayán.
El debate venía marcado por la controversia sobre el carácter civil de la transmisión del mando. VOZCARIBE ya había explicado cómo la propuesta de una posesión en una instalación militar generó divisiones incluso entre sectores de derecha.
La sesión de la Cámara se extendió durante más de cuatro horas. Quienes apoyaron el traslado defendieron la descentralización de los actos del Estado y el envío de un mensaje al suroccidente del país. Desde la oposición, en cambio, se calificó la medida como un gasto innecesario y un capricho político.
El Senado todavía debe modificar su decisión
Aunque la votación de la Cámara despejó una parte del camino, la posesión en Cali todavía requiere una decisión concordante del Senado. Esa corporación había aprobado previamente que su sesión del 7 de agosto se realizara en el departamento del Cauca, por lo que ahora deberá modificar lo resuelto para coincidir con la nueva sede.
En consecuencia, no es exacto afirmar que el traslado a Cali ya quedó completamente definido. La Cámara dio su aval, pero falta que el Senado ajuste su convocatoria y que se precisen las disposiciones administrativas y logísticas de la ceremonia.
El costo, nuevo frente de la pelea política
El traslado de los congresistas implica pasajes, transporte terrestre, hospedaje, viáticos y movimientos de los esquemas de seguridad. Cálculos divulgados en medios sitúan únicamente el desplazamiento de parlamentarios y sus equipos de protección entre $300 millones y $600 millones, pero hasta ahora no se conoce una liquidación oficial definitiva de la Cámara que permita fijar el costo real.
Ese vacío presupuestal le da fuerza al planteamiento de Carrascal: antes de comprometer recursos públicos, la corporación tendrá que explicar qué rubros cubrirá, cuántos congresistas viajarán y cuál será la regla aplicable a quienes decidan asistir por voluntad propia a una sesión trasladada fuera de Bogotá.
Los defensores de la ceremonia en Cali sostienen que llevar el Congreso a las regiones es una inversión institucional. Sus críticos responden que la descentralización no puede usarse como argumento automático para justificar cualquier costo. La discusión de la proposición permitirá saber si la mayoría que aprobó el cambio de sede también está dispuesta a asumir personalmente la factura.
Qué viene ahora
Quedan tres decisiones pendientes: el pronunciamiento del Senado sobre Cali, la votación de la proposición que busca impedir el pago de viajes con recursos de la Cámara y la presentación de un presupuesto oficial desagregado para la sesión del 7 de agosto.
Hasta que esos pasos no se cumplan, hay dos certezas: la Cámara respaldó el traslado y el Pacto Histórico anunció que no participará. Quién pagará el viaje de los que sí vayan sigue siendo, precisamente, el centro del nuevo pulso.
