La primera intervención televisada de Gustavo Petro e Iván Cepeda como oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella terminó convertida en una disputa por la respuesta al terremoto del 10 de agosto y, sobre todo, por la forma en que se debe financiar la reconstrucción. El episodio dejó una frase de Petro en el centro de la controversia: el expresidente calificó como “limosnas” los aportes de los empresarios y sostuvo que apenas rondaban un billón de pesos.
El problema es que esa afirmación mezcla dos discusiones distintas: la proporción de las donaciones frente a una reconstrucción que Petro calcula en $30 billones y el tamaño real de la ayuda empresarial, que para entonces ya incluía aportes en efectivo, compromisos y asistencia en especie.
El estreno de Petro y Cepeda como oposición
La intervención duró cerca de 17 minutos y fue emitida por los medios públicos como réplica al discurso de emergencia del presidente Abelardo de la Espriella. La participación fue presentada como el derecho de respuesta del Pacto Histórico, que cuenta con 67 congresistas, y fue autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El País describió la intervención como el primer discurso televisado de la oposición.
Petro concentró su intervención en la actuación del nuevo Gobierno durante las primeras horas de la emergencia. Aseguró que “las 100 primeras horas” fueron determinantes y atribuyó parte de la gravedad de la crisis a una supuesta incapacidad de empalme. También preguntó por qué los $9.000 millones que, según él, dejó su administración no se convirtieron en una respuesta inmediata.
El exmandatario cuestionó, además, que el buque hospital Benkos Biohó no hubiera sido utilizado de inmediato y afirmó que permaneció siete días inactivo en Buenaventura. En otro de los apartes más polémicos, criticó la presencia de equipos de rescate de Israel y sostuvo que se trataba de personal de inteligencia militar sin experiencia suficiente. Esa acusación fue presentada sin pruebas en la intervención y debe distinguirse de los cuestionamientos administrativos sobre el funcionamiento del buque.
Cepeda empleó un tono más institucional. Defendió el trabajo de las brigadas de rescate, los centros de acopio y las cocinas comunitarias vinculadas al Pacto Histórico, bajo la idea de que “el pueblo salva al pueblo”. También pidió vigilancia sobre los decretos de la emergencia, advirtió que las medidas no pueden afectar a las poblaciones vulnerables y reclamó que el Congreso entregue a los damnificados la prima especial de servicios de los parlamentarios, estimada en unos $18 millones por congresista.
El senador llamó igualmente a preparar al país para una eventual temporada de sequía, incendios y fenómeno de El Niño, y propuso que las juntas de acción comunal tengan un papel directo en la reconstrucción.
La frase de las “limosnas” y la pelea por los $30 billones
“¿De dónde los vamos a sacar? ¿De las limosnas de los ricos, como anuncia la prensa?”
Gustavo Petro, durante la réplica del Pacto Histórico.
Petro sostuvo que la reconstrucción podría costar $30 billones y cuestionó que el país pretenda financiarla con donaciones privadas o con más deuda pública. Su propuesta fue revivir una reforma tributaria de $20 billones promovida durante su administración, con una carga mayor para los contribuyentes más ricos, y pedir al Banco de la República una reducción de las tasas de interés.
El argumento tiene una parte cuantitativa entendible: incluso un billón de pesos representa apenas una fracción de $30 billones. Pero la expresión “solo han dado” es discutible si se interpreta como el total de la ayuda del sector privado. La palabra “limosnas”, además, no describe una categoría contable: es una calificación política que presenta los aportes como insuficientes o marginales frente a la obligación que Petro atribuye al Estado.
¿Cuánto han aportado realmente los empresarios?
La cifra depende de qué se cuente. La ANDI informó que durante su Congreso Empresarial Colombiano se reunieron $201.637 millones entre aportes empresariales y la campaña de solidaridad que involucró a más de 500 compañías. Bruce Mac Master dijo que el sector empresarial estaba convirtiendo la solidaridad en acciones concretas. El dato fue publicado por la propia ANDI.
Un recuento posterior de El Colombiano elevó a cerca de $1,24 billones los recursos movilizados por empresas y familias. Allí aparecen, entre otros, los $200.000 millones anunciados por Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, los $150.000 millones de Jaime Gilinski y su esposa, los $100.000 millones de David Vélez y Mariel Reyes para el Chocó, los $100.000 millones de la familia Santo Domingo y los $50.000 millones del Grupo TQ.
También se registraron aportes de Grupo Argos, Bavaria, Bancolombia, Tecnoglass, Ecopetrol, Drummond, Grupo Éxito, Arturo Calle y otras compañías. A eso se suman ayudas que no aparecen necesariamente como dinero en efectivo: alimentos, agua, medicamentos, kits de supervivencia, materiales de construcción, maquinaria, transporte y logística. El mismo recuento mencionó miles de toneladas de alimentos, cientos de miles de litros de agua y apoyo para la recuperación de pequeños negocios.
Por eso no hay necesariamente una contradicción entre los $201.637 millones de la ANDI y los $1,24 billones del recuento periodístico: pueden estar midiendo universos distintos. La primera cifra corresponde a una campaña empresarial específica; la segunda reúne anuncios y aportes de diferentes actores. Lo que sí resulta incompleto es usar el billón como si fuera el total de la ayuda privada o desconocer los aportes en especie.
La discusión pendiente es más precisa: qué parte del dinero ya fue entregada, qué parte corresponde a compromisos futuros, cuánto se ha ejecutado en territorio y cómo se evitará que la solidaridad privada reemplace la responsabilidad presupuestal del Estado. Sin un registro público único, auditado y actualizado, las cifras seguirán siendo utilizadas como armas políticas.
Las reacciones: “cínicos”, “payasadas” y “no es ninguna limosna”
Desde el oficialismo, el exsenador Ernesto Macías calificó de “cínicos” a Petro y Cepeda y dijo que quienes, en su opinión, dejaron al país en crisis no podían presentarse como profesores de administración pública. También cuestionó que Petro interviniera en la réplica y calificó la transmisión como una serie de “payasadas”. Sus declaraciones fueron recogidas por Infobae, en su balance de las reacciones.
La concejal de Bogotá Sandra Forero defendió la respuesta de la administración de De la Espriella y cuestionó que el Pacto Histórico utilizara la emergencia para atacar al Gobierno. El analista Germán Ricaurte, por su parte, puso en duda la viabilidad política de revivir una reforma tributaria de $20 billones en un Congreso donde Petro ya no tiene el mismo margen de maniobra.
En el frente empresarial, la respuesta fue menos partidista y más enfocada en reivindicar la dimensión de los aportes. Hassan Nassar respondió en redes sociales que “no es ninguna limosna”, mientras que la ANDI insistió en que el empresariado ha respondido en momentos críticos y que sus aportes se han traducido en ayuda para los damnificados.
La respuesta institucional más concreta llegó por el caso del Benkos Biohó. La ministra de Salud, Ana María Vesga, negó que el buque estuviera listo para operar y explicó que no contaba con personal ni combustible; según su versión, la última misión había sido en junio y su reactivación requería contratos y recursos. Pulzo publicó la explicación del Ministerio. Esa versión contradice la lectura de Petro sobre una herramienta disponible que el nuevo Gobierno habría dejado inactiva.
La disputa política que queda abierta
Más allá del término utilizado por Petro, la controversia revela dos modelos de respuesta. El expresidente plantea que una emergencia de esta magnitud debe financiarse con impuestos progresivos, crédito público y una conducción estatal fuerte. El Gobierno y sus defensores destacan la capacidad de reacción de las empresas, las donaciones y la coordinación de la emergencia bajo la nueva administración.
Ambas posiciones tienen un límite. Las donaciones pueden aliviar la urgencia, pero no sustituyen un plan nacional de reconstrucción con presupuesto, controles y metas. Al mismo tiempo, anunciar una reforma tributaria de $20 billones no resuelve por sí solo la emergencia: requiere trámite legislativo, acuerdos políticos y una explicación detallada de quién pagará, cuándo entrarían los recursos y cómo se distribuirían.
Petro y Cepeda estrenaron la oposición con un discurso de confrontación y propuestas concretas, pero también con afirmaciones que necesitan verificación, especialmente las relacionadas con el buque hospital y los equipos israelíes. La frase de las “limosnas” puede funcionar como consigna política, pero el debate serio exige separar el monto de la reconstrucción, el dinero efectivamente recaudado, las ayudas en especie y la ejecución real en las zonas afectadas.
El siguiente capítulo será menos televisivo y más difícil: publicar un consolidado verificable de donaciones, aclarar qué aportes están ejecutados, explicar el destino de los recursos públicos y definir quién asumirá la factura de los $30 billones. Allí se sabrá si la polémica fue solo una pelea de discursos o el comienzo de un verdadero control político sobre la reconstrucción.
