El Gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de ley para trasladar $1,2 billones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y cubrir obligaciones pendientes de Air-e con las empresas generadoras de energía. La iniciativa apunta a evitar que la crisis financiera de la compañía intervenida se extienda por la cadena eléctrica, pero no equivale a una solución definitiva ni se traduce, por sí sola, en una rebaja de las facturas.
La discusión tiene un peso directo para Atlántico, Magdalena y La Guajira: Air-e presta el servicio a cerca de 1,4 millones de usuarios y su demanda representa el 11,1 % del Sistema Interconectado Nacional, según las cifras incluidas en el proyecto conocido esta semana.
La plata no va directamente a Air-e ni a los recibos
El traslado propuesto no crea recursos nuevos ni se giraría como caja libre para la empresa. El articulado plantea que el dinero llegue a los acreedores de Air-e, una vez estén liquidadas las obligaciones por los administradores del mercado eléctrico.
La finalidad es cubrir deudas con los generadores —incluidas las plantas térmicas— y contener el riesgo de que los incumplimientos de un operador afecten a otras empresas del sistema. De acuerdo con el proyecto, los $1,2 billones se moverían desde apropiaciones ya incluidas en el Presupuesto General de la Nación: $750.000 millones del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía.
Por eso, el anuncio no significa que los hogares recibirán un descuento automático ni que desaparecerán los problemas de calidad del servicio. El valor de la factura depende de componentes como generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas, subsidios y consumo de cada usuario. VOZCARIBE explicó recientemente cómo los aumentos tarifarios vuelven a presionar los presupuestos de los hogares del Caribe.
Un alivio temporal ante una deuda que sigue creciendo
El proyecto reconoce que se trata de una respuesta transitoria. El objetivo inmediato es sostener la cadena de pagos mientras avanza una salida estructural para Air-e, intervenida por la Superintendencia desde septiembre de 2024 y en administración temporal con fines liquidatorios desde enero de 2025.
“Este recurso tiene un único propósito, que es el de ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema eléctrico en la costa Caribe. Este recurso no es para salvar Air-e. Esto es para atender las obligaciones que tiene esa compañía temporalmente”.
Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en declaración citada por El Espectador.
Si el Congreso aprueba el traslado, los recursos se sumarían a $300.000 millones que, según el Gobierno, ya habían sido girados. La apuesta es reducir el riesgo de que los impagos afecten la disponibilidad de energía, en un momento en que el país se prepara para condiciones exigentes por el fenómeno de El Niño.
La preocupación no es abstracta. En agosto, VOZCARIBE documentó las alertas por deuda eléctrica y demanda no atendida en el Caribe, con efectos que van desde los hogares hasta comercios, fábricas y la actividad logística de la región.
De dónde saldrían los recursos
Según la exposición del proyecto, $450.000 millones provendrían de un saldo disponible en el rubro de subsidios de energía. El Ministerio de Minas sostiene que ese traslado no afectaría los subsidios previstos para los estratos 1, 2 y 3 durante 2026, porque el gasto ejecutado en el primer semestre fue menor al presupuestado.
Los otros $750.000 millones se trasladarían desde una apropiación del Ministerio de Hacienda destinada a inversión en transporte público de pasajeros. Como se trata de un traslado presupuestal, el monto total del Presupuesto General no aumentaría.
Ese origen obliga a mantener la vigilancia pública sobre dos preguntas: si los cálculos de los subsidios se cumplen hasta el cierre del año y qué programas dejan de contar con esos recursos. La respuesta final dependerá del texto aprobado por el Congreso, no solo de la propuesta radicada.
Lo que el Caribe debería exigir después del trámite
Evitar una ruptura en la cadena de pagos es necesario, pero no basta para resolver los cortes, la fragilidad de redes ni el costo acumulado que enfrentan usuarios y empresas en la región. El Gobierno y la Superintendencia deberán precisar el plan de inversión, los indicadores de continuidad, el futuro operativo de Air-e y el mecanismo que impedirá que la deuda vuelva a crecer.
El debate ocurre mientras el Caribe se prepara para meses de mayor presión sobre el sistema por el calor y la demanda. Las proyecciones sobre un El Niño fuerte hacen más urgente distinguir entre un salvavidas financiero y la solución de fondo que la región espera desde hace años.
Por ahora, el proyecto está en trámite legislativo. Hasta que no sea aprobado, los $1,2 billones no pueden girarse; y aun con su aprobación, el verdadero resultado se medirá en algo más concreto para los usuarios: menos interrupciones, redes más confiables y facturas que no castiguen al Caribe.
