El gobierno anterior obró mal al haberle quitado al concesionario actual las obligaciones de tomar medidas para controlar los riesgos de derrumbes de la vía al Llano. Así lo manifestó, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, al referirse al colapso económico que está generando a la ganadería bovina el cierre de la vía que comunica a esta región con la capital de la República.
Agregó que frente a esta situación, los entes de control deben interceder y encontrar al funcionario público culpable de esa irresponsabilidad, pues la interrupción del tránsito tiene a los
Llanos Orientales colapsado y al país sumido en graves riesgos económicos. “Por la imposibilidad de sacar ganado hacia Bogotá, el precio del kilo de ganado bovino se ha disminuido entre $300 y $400, lo cual, representa grandes pérdidas para los productores de esta zona netamente ganadera del país”.
Fedegán estima que las pérdidas generadas por los días de cierre total de la vía suman más de 87 mil millones de pesos; se dejan de movilizar diariamente 2.200 bovinos; el sobrecosto del transporte por vías alternas está entre 24 y 29 %; y los ganaderos dejan de recibir ingresos al día por no sacrificio por cerca de 3.900 millones de pesos. Más aún, el sacrificio en Bogotá ha disminuido en 1.9 %, reemplazando su oferta por la del Magdalena medio
El dirigente de Fedegán, gremio que administra los recursos parafiscales mediante el Fondo Nacional del Ganado-FNG, se mostró intranquilo porque es un inconveniente de difícil solución
que podría quebrantar los esfuerzos permanentes de mejoramiento de la competitividad por parte de los ganaderos, y asimismo, del consumo de carne promovidos por el FNG a lo largo y
ancho del país, sin contar con la posible disminución de dichos recursos.
“No puede ser posible que una concesión otorgada hace más de 10 años con el peaje más costoso, le quiten al concesionario la obligación del evidente mantenimiento de la vía al Llano”, resaltó.
Para el líder gremial resulta imposible que ese concesionario –que debió partir de unos diseños–, no haya previsto riesgos de derrumbes como los que se ven ahora.
“El trazado de una vía es lo primero que se tiene que verificar para saber cuál es el nivel de estabilidad que puede tener la carretera a lo largo de los últimos 30, 40 o 100 años”, recalcó. No es concebible que este paso no estuviera bastante estudiado por los geólogos que trabajaron en el trazado de la vía.
“Acá lo que hubo fue un detrimento patrimonial. Alguien tomó una decisión que le va a implicar al gobierno actual tener que usar $300.000 millones del presupuesto para corregir un problema de la vía, que claramente estaba, antes, a cargo del concesionario, y a cambio de nada, le quitaron esa obligación”, enfatizó.
Insistió en que alguien tendrá que responder, porque no puede ser posible que funcionarios públicos tomen decisiones, que claramente afectan el patrimonio público, y nadie responda. Supongo que deben venir unas demandas, porque no puede ser posible que el concesionario, simplemente, evada su responsabilidad.
