Si la propuesta de Abelardo De la Espriella prospera, Barranquilla podría despertar un lunes cualquiera con una nueva especie incorporada a su paisaje urbano: la caravana oficial. Primero dos motocicletas; después una camioneta, luego otra, cuatro más con vidrios oscuros y, al final, el vehículo en el que tal vez viaje un ministro, un viceministro o alguien que necesita que los demás crean que es ministro.
Detrás vendrían los asesores, los escoltas, los contratistas, los lobistas, los dirigentes regionales, los alcaldes con una carpeta bajo el brazo y los ciudadanos convencidos de que el favor estatal se consigue mejor haciendo antesala cerca del poder. Bogotá no perdería inmediatamente su condición de capital, pero parte de su fauna política podría descubrir que en Barranquilla también hay aire acondicionado.
La escena es una exageración satírica. La propuesta, en cambio, es real. El presidente electo anunció que presentará un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla como “capital alterna de Colombia” y aseguró que gobernará desde las regiones. La ciudad ya funciona como su centro político de operaciones y una sede presidencial está siendo adecuada dentro de la Segunda Brigada del Ejército.
“Yo no voy a defender el centralismo (…), yo voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones, con ustedes, y además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia”.
Abelardo de la Espriella, durante una intervención en Montería, citada por EFE.
Una sede presidencial no equivale todavía a una segunda capital
En las versiones públicas conviven, por ahora, tres ideas distintas que no deben confundirse. La primera es que De la Espriella despache algunos días desde Barranquilla. La segunda consiste en establecer mediante decreto una sede alterna de la Presidencia. La tercera —mucho más ambiciosa— es reformar la Constitución para reconocer formalmente a la ciudad como capital alterna del país.
El artículo 322 de la Constitución establece que Bogotá es la capital de la República. Para otorgarle a Barranquilla una condición constitucional equivalente o complementaria no bastaría una firma presidencial: el cambio tendría que superar el trámite de un acto legislativo.
Ese camino exige ocho debates en el Congreso, distribuidos en dos periodos ordinarios y consecutivos. En la primera vuelta se requiere mayoría simple y en la segunda, mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Por eso, el decreto que ha mencionado el alcalde Alejandro Char podría organizar una sede de trabajo del Ejecutivo, pero no convertir por sí solo a Barranquilla en segunda capital constitucional.
La diferencia no es menor. Un despacho alterno puede desaparecer con el siguiente gobierno. Una capital reconocida por la Constitución pretende convertirse en una institución duradera y obliga a precisar qué funciones se trasladan, qué presupuesto las sostiene y qué relación mantendrán con Bogotá.
La Presidencia, dentro de una guarnición militar
La obra que sí está en marcha se encuentra dentro de las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en Barranquilla. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, inspeccionó las adecuaciones y afirmó que el espacio deberá contar con dotación tecnológica, seguridad y las facilidades propias de la Presidencia.
La elección de una unidad militar resuelve de entrada parte del problema de seguridad, pero abre otras preguntas. ¿Cómo accederán los ciudadanos, periodistas, organizaciones sociales y autoridades civiles a una Presidencia instalada tras controles castrenses? ¿Qué actividades oficiales podrán celebrarse allí? ¿Cuánto cuestan las obras, quién las contrató y con cargo a qué presupuesto se están ejecutando?
Hasta ahora no se ha divulgado públicamente un plan integral que responda esas preguntas. Tampoco se conoce un calendario que precise cuántos días a la semana gobernaría el presidente desde Barranquilla ni qué parte de su equipo se trasladaría con él.
La Aduana: de posible sede a interrogante patrimonial
El edificio de la antigua Aduana fue presentado inicialmente como una opción para la sede presidencial. Una información posterior de EFE, publicada el 23 de julio, indicó que la alternativa fue descartada por razones de ubicación y seguridad. No existe, hasta el momento de esta publicación, confirmación oficial suficiente de que los ministerios vayan a instalar sedes permanentes en ese inmueble.
La precisión es necesaria porque la Aduana no es un edificio desocupado. Construida a comienzos del siglo XX, declarada monumento nacional en 1984 y restaurada en la década de 1990, alberga el Archivo Histórico del Atlántico, la Biblioteca Piloto del Caribe, espacios culturales y otras instituciones. Cualquier reconversión administrativa tendría que explicar qué áreas se utilizarían, cómo se protegería el patrimonio y qué ocurriría con los servicios culturales que funcionan allí.
En otras palabras: antes de repartir ministerios por sus arcos republicanos, alguien tendría que mostrar planos, permisos, costos y una decisión oficial. La burocracia puede ser creativa, pero todavía no tiene facultad para convertir un rumor inmobiliario en política de Estado.
La ciudad de las caravanas interminables
Ahora sí, imaginemos que el proyecto deja de ser anuncio, supera el Congreso y adquiere funciones reales.
La Vía 40 podría convertirse en una versión tropical de la carrera Séptima de Bogotá. A las seis de la mañana aparecería la primera caravana rumbo a la Segunda Brigada. A las ocho, otra bloquearía una intersección para que pasara un consejo de ministros. A las diez, una tercera transportaría a un alto funcionario que llegó a inaugurar una obra que todavía no empieza. Al mediodía, el barranquillero atrapado en el tráfico tendría tiempo suficiente para aprenderse de memoria la placa de cada camioneta blindada.
Las reuniones en la Aduana —si alguna vez se confirma su uso— obligarían a blindar el entorno de la Vía 40. Los hoteles del norte tendrían nuevos huéspedes con escarapela. Los restaurantes estrenarían mesas reservadas para “delegaciones”. En los vestíbulos circularían proyectos, hojas de vida y solicitudes de audiencia. Y en el aeropuerto se reconocería al recién llegado por un equipaje básico: una maleta, una carpeta y la esperanza de regresar a su departamento con un convenio firmado.
No llegarían únicamente funcionarios. El poder atrae una economía completa: abogados, consultores, gremios, proveedores, periodistas, diplomáticos, aspirantes a contratistas y dirigentes de todas las regiones. Para una ciudad de más de 1,2 millones de habitantes —y un área metropolitana que supera ampliamente los dos millones— el flujo no sería inmanejable por definición, pero sí exigiría planificación.
La sátira termina donde comienzan los problemas urbanos reales: cierres viales, perímetros de seguridad, presión sobre hoteles y vivienda temporal, aumento del precio del suelo en sectores cercanos al nuevo centro de poder y competencia por el espacio público. El poder nacional no llega solo; llega con escoltas, antenas, protocolos y una extraordinaria capacidad para convertir diez minutos de trayecto en cuarenta y cinco.
¿Qué podría ganar Barranquilla?
La propuesta puede producir beneficios concretos si se traduce en funciones permanentes y no únicamente en ceremonias.
- Mayor capacidad de interlocución: alcaldes, gobernadores, universidades, empresarios y organizaciones del Caribe tendrían parte del Ejecutivo más cerca.
- Empleo y servicios: una estructura administrativa estable demandaría personal, tecnología, mantenimiento, logística, hotelería, alimentación, transporte y producción audiovisual.
- Inversión nacional: la presencia del Gobierno podría acelerar proyectos de conectividad, seguridad, espacio público y renovación urbana.
- Visibilidad internacional: visitas diplomáticas, consejos de ministros y eventos oficiales reforzarían el papel de Barranquilla como centro político y empresarial del Caribe.
- Contrapeso al centralismo: decisiones nacionales tomadas regularmente fuera de Bogotá podrían incorporar con mayor rapidez problemas regionales que suelen llegar tarde a la agenda central.
Pero ninguno de esos beneficios es automático. Una oficina presidencial puede generar fotografías sin descentralizar un peso. Para que exista redistribución real del poder tendrían que trasladarse competencias, equipos técnicos, capacidad de contratación y decisiones presupuestales. De lo contrario, Barranquilla tendría el tráfico de una capital sin recibir necesariamente sus facultades.
¿Le construirían un aeropuerto a la altura?
No hay un anuncio confirmado sobre la construcción de un nuevo aeropuerto por la eventual capitalidad. El Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad, movilizó más de tres millones de pasajeros en 2025. La ANI y la Aerocivil ya trabajan en la actualización de su Plan Maestro y en proyectos de modernización para atender la demanda futura.
La llegada frecuente del presidente, el gabinete, delegaciones y misiones internacionales aumentaría la presión para mejorar conectividad, salas, seguridad, plataforma, accesos terrestres y oferta de rutas. También reabriría una vieja inconformidad local: una ciudad que aspira a compartir la capitalidad necesitaría una terminal internacional cuya experiencia, conexiones y capacidad correspondan a esa ambición.
Sin embargo, pasar de una modernización a un aeropuerto nuevo exigiría estudios de demanda, suelo, impacto ambiental, financiación y conectividad metropolitana. La capital alterna puede acelerar el debate, pero no convierte una pista en Barajas mediante decreto. Por ahora, la pregunta responsable no es “¿cuándo harán el nuevo aeropuerto?”, sino qué inversiones adicionales requiere el Cortissoz y quién las financiará.
El Caribe ya había votado contra el centralismo
La propuesta de De la Espriella entra en una historia regional mucho más antigua. El 14 de marzo de 2010, cerca de 2,5 millones de ciudadanos apoyaron el Voto Caribe, una consulta que pedía constituir la Región Caribe como entidad territorial de derecho público, con autonomía para promover su desarrollo económico y social.
Aquel voto no buscaba separar al Caribe de Colombia ni crear un país independiente. Su propósito era obtener autonomía territorial dentro del Estado colombiano: mayor capacidad de decisión, instituciones regionales y manejo de recursos con enfoque propio. Como la consulta tuvo carácter pedagógico y no vinculante, no produjo por sí sola la nueva entidad territorial.
El proceso continuó con la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, RAP Caribe, y con la aspiración de avanzar hacia una Región Entidad Territorial. Eduardo Verano ha propuesto un segundo Voto Caribe para 2027, esta vez dentro de una ruta que busca efectos jurídicos y fiscales más concretos.
Aquí aparece una tensión de fondo. La capital alterna acerca el Gobierno central al Caribe; la autonomía regional pretende que el Caribe dependa menos del Gobierno central. No son ideas incompatibles, pero tampoco son equivalentes. Una trae ministros desde Bogotá. La otra busca que parte de las decisiones no necesite esperar a los ministros.
Países donde el poder se reparte entre ciudades
La existencia de más de una capital o de una capital oficial distinta de la sede de Gobierno no es una rareza absoluta. Los modelos, sin embargo, responden a historias y arreglos institucionales específicos.
- Sudáfrica: Pretoria concentra el Ejecutivo; Ciudad del Cabo alberga el Parlamento; y Bloemfontein es reconocida tradicionalmente como capital judicial por ser sede de la Corte Suprema de Apelaciones. El reparto nació como compromiso político y territorial.
- Bolivia: la Constitución reconoce a Sucre como capital. La Paz es la sede del Gobierno y alberga los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras Sucre conserva instituciones judiciales.
- Sri Lanka: Sri Jayawardenepura Kotte es la capital administrativa y sede del Parlamento; Colombo mantiene un papel dominante como capital comercial y todavía concentra instituciones estatales.
- Países Bajos: Ámsterdam es la capital constitucional, pero el Gobierno, el Parlamento, la residencia de trabajo del monarca y las embajadas se encuentran en La Haya.
- Tanzania: Dodoma es la capital oficial y sede política, mientras Dar es Salaam conserva un enorme peso comercial y todavía alberga funciones e instituciones públicas.
La lección común es sencilla: una segunda capital funciona cuando la división de tareas está definida. Sin reparto de competencias, Barranquilla correría el riesgo de recibir un título vistoso y una agenda de visitas, pero no una porción verificable del poder nacional.
Las preguntas que faltan antes de descorchar el Old Parr
Antes de celebrar la mudanza parcial del poder, el Gobierno entrante, la Alcaldía, la Gobernación y el Congreso deberían responder al menos estas preguntas:
- ¿Qué texto exacto tendrá el proyecto de acto legislativo y qué artículo de la Constitución modificará?
- ¿Qué diferencia jurídica habrá entre “capital alterna”, “sede alterna de la Presidencia” y una oficina regional?
- ¿Cuántos días gobernará el presidente desde Barranquilla y qué dependencias lo acompañarán?
- ¿Se trasladarán ministerios o solo equipos temporales? ¿Cuáles y con qué funciones?
- ¿Cuál es el costo de adecuar la sede en la Segunda Brigada y qué entidad lo paga?
- ¿Cómo se garantizará el acceso civil, ciudadano y periodístico a un despacho ubicado dentro de una guarnición militar?
- ¿La antigua Aduana quedó definitivamente descartada? Si tendrá algún uso estatal, ¿cómo se protegerán la biblioteca, el archivo y el patrimonio?
- ¿Qué inversiones adicionales necesitarán el aeropuerto, las vías, la seguridad, las telecomunicaciones y el transporte público?
- ¿La condición será permanente o dependerá de la voluntad del presidente de turno?
- ¿Qué poder y recursos recibirá el Caribe que hoy no tiene?
Capital alterna o sucursal del centralismo
Barranquilla tiene ventajas evidentes para convertirse en un segundo centro político: ubicación estratégica, tradición empresarial, puerto, oferta de servicios, capacidad para organizar grandes eventos y una identidad regional capaz de desafiar el monopolio simbólico de Bogotá.
También tiene problemas que un nuevo título no resolverá: desigualdad, pobreza, movilidad, costos de los servicios públicos, presión metropolitana y una infraestructura aeroportuaria que todavía busca ponerse al día. La presencia del Gobierno puede ayudar a atenderlos o limitarse a contemplarlos desde detrás de una caravana blindada.
La verdadera medida del proyecto no será el tamaño del despacho presidencial ni el número de ministros fotografiados frente al río Magdalena. Será la cantidad de decisiones, recursos y oportunidades que permanezcan en la región cuando se apaguen las sirenas y las camionetas regresen a Bogotá.
Nota editorial: los pasajes sobre caravanas, antesalas y visitantes constituyen una proyección satírica. No describen hechos que ya hayan ocurrido. Los datos sobre sedes y decisiones oficiales corresponden a información disponible hasta el 23 de julio de 2026.
