El celular suena. Un número desconocido ofrece un crédito que nadie pidió. Minutos después, otro busca cobrar una deuda —a veces de otra persona— y un tercero se hace pasar por un banco. La escena, repetida durante todo el día, ya no es una molestia aislada: durante el primer semestre de 2026, la tecnología de identificación de Truecaller detectó 9.576.734.824 llamadas spam en Colombia, 21,16 % más que en el mismo periodo de 2025.
La cifra equivale a cerca de 53 millones de llamadas no deseadas cada día, calculadas sobre los primeros 181 días del año. Dentro de ese universo, la plataforma clasificó alrededor de 2.651 millones como intentos de estafa telefónica. Son mediciones de una empresa privada basadas en su propia tecnología, no el conteo oficial de todas las llamadas cursadas en el país, pero describen una presión que millones de usuarios reconocen en su vida cotidiana.
La paradoja es incómoda: Colombia tiene desde 2023 una ley conocida precisamente como “Dejen de Fregar”, cuenta con un Registro de Números Excluidos y permite denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Aun así, el teléfono sigue sonando porque la protección tiene límites, las cobranzas no desaparecen con el registro y los estafadores no obedecen ninguna lista.
Una avalancha que sigue creciendo
En 2025, Truecaller había identificado más de 16.630 millones de llamadas spam en Colombia, cerca de 70 % más que en 2024. Solo durante los seis primeros meses de 2026, el volumen ya rozaba los 9.600 millones. Febrero fue el mes más intenso, con más de 1.710 millones.
“El crecimiento de las llamadas spam en Colombia durante 2025 es especialmente preocupante. Pasamos de cifras ya altas en 2024 a un aumento cercano al 70 %”.
Nicolás Vargas, country manager de Truecaller en Colombia, en el reporte divulgado por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS).
No todo el spam es lo mismo. Una parte corresponde a telemercadeo de compañías identificables; otra, a llamadas automatizadas o números rotativos; también están las casas de cobranza y los contactos dirigidos a personas que ni siquiera contrajeron la obligación. En el extremo más peligroso aparecen la suplantación de bancos, las falsas alertas sobre movimientos, los supuestos premios y las llamadas breves diseñadas para que el usuario devuelva la comunicación.
Ese último grupo encuentra terreno fértil en la saturación. Después de recibir decenas de llamadas comerciales o de cobro, el ciudadano ya no sabe si detrás del número desconocido está su banco, una empresa, un cobrador o un delincuente. El resultado es una erosión de la confianza: se dejan de contestar comunicaciones que podrían ser legítimas y, al mismo tiempo, aumenta el riesgo de atender una llamada fraudulenta en un momento de descuido.
La ley existe, pero no tiene un botón para apagar el problema
La Ley 2300 de 2023 impuso límites a las gestiones de cobranza y a los contactos comerciales. En términos generales, las empresas solo pueden utilizar los canales autorizados por el consumidor; deben contactar de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., y los sábados entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. No pueden hacerlo domingos ni festivos.
En cobranza, una vez establecido contacto directo, la regla limita las comunicaciones a una vez durante el mismo día y prohíbe abordar al consumidor por varios canales dentro de una misma semana. También impide contactar referencias personales y, salvo las excepciones legales, realizar visitas al domicilio o al lugar de trabajo.
Pero la norma no borra una deuda ni impide todo intento de cobro. Regula la manera de contactar. Por eso, inscribirse en el Registro de Números Excluidos puede cerrar el paso a mensajes y llamadas comerciales o publicitarias, pero no debe presentarse como un blindaje absoluto frente a la cobranza de una obligación existente.
Tampoco sirve contra redes criminales, números falsificados, llamadas originadas fuera del país o campañas que cambian de línea constantemente. La SIC puede investigar a una empresa identificable que trate datos sin autorización o incumpla las reglas; difícilmente puede hacer cumplir un horario a un estafador que oculta su identidad.
El Registro de Números Excluidos ayuda, pero no hace milagros
La SIC volvió a promover en julio de 2026 el uso del Registro de Números Excluidos (RNE), administrado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Allí una persona puede indicar que no desea recibir llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o comunicaciones por aplicaciones con fines comerciales y publicitarios.
Las empresas están obligadas a consultar el registro antes de realizar esos contactos. Sin embargo, hay tres grietas evidentes: una autorización comercial previa puede permitir que determinada compañía siga llamando; el registro no elimina las comunicaciones necesarias dentro de una relación contractual; y quien actúa para defraudar no consulta ni respeta el RNE.
La protección tampoco es instantánea. Según la información de la CRC, la inscripción o modificación debe ser tenida en cuenta por las empresas al día hábil siguiente. Si después de ese plazo una compañía identificable insiste con publicidad no autorizada, el registro se convierte sobre todo en una prueba para reclamar o denunciar, no en un filtro técnico que impida que el teléfono suene.
¿Y si cobran una deuda que no es suya?
Este es uno de los casos más desesperantes. El número pudo quedar asociado a un antiguo propietario de la línea, a un familiar o a un desconocido que lo entregó como referencia. La Ley 2300 prohíbe contactar referencias personales para adelantar la cobranza, pero el ciudadano necesita dejar constancia de que no es el deudor y solicitar a la empresa la corrección o supresión de su dato.
Conviene exigir por escrito el nombre de la entidad acreedora, la casa de cobranza, el origen de la información y un número de radicado. No es aconsejable entregar copia de la cédula, claves, códigos o datos financieros a quien llama. Si la empresa afirma que necesita verificar la identidad, el usuario debe cortar y utilizar exclusivamente los canales oficiales publicados por la entidad.
Qué puede hacer el ciudadano, aunque no exista una solución total
- Inscribir el número en el RNE. Es gratuito y permite excluir llamadas, mensajes, correos y contactos comerciales por aplicaciones. No detiene las estafas ni extingue las cobranzas, pero fortalece una eventual denuncia contra empresas que incumplan.
- Revocar autorizaciones. Solicite directamente a cada empresa que deje de usar sus datos con fines publicitarios. Hágalo por escrito y conserve el radicado. Si existe una relación contractual, la supresión puede tener límites para comunicaciones necesarias del servicio.
- Guardar evidencia. Tome capturas del historial, anote fecha, hora, número, empresa anunciada, motivo y canal. Conserve mensajes y grabaciones obtenidas legalmente. Bloquear un número alivia por un momento, pero la evidencia permite mostrar la reiteración.
- Reclamar primero ante la empresa. Si se trata de publicidad sin autorización, cobro fuera de horario, contacto excesivo o una deuda ajena, exija corrección y cese. Identifique al responsable: denunciar “un número desconocido” ofrece a la autoridad muy poco para investigar.
- Denunciar ante la autoridad competente. Las posibles infracciones sobre datos personales, publicidad y derechos del consumidor pueden ponerse en conocimiento de la SIC. Si la llamada proviene de una entidad vigilada del sector financiero, también puede acudirse al defensor del consumidor financiero y a la Superintendencia Financiera, según el caso.
- Si hay intento de fraude, cuelgue y verifique. Nunca entregue contraseñas, códigos enviados por SMS, números completos de tarjeta ni permita instalar aplicaciones. Llame a la entidad usando el número de su página o aplicación oficial. El intento puede reportarse en el CAI Virtual y el sistema A Denunciar.
- Use filtros del teléfono. Android y iPhone permiten silenciar números desconocidos y marcar spam; algunas aplicaciones identifican llamadas reportadas. Ayudan, pero pueden bloquear comunicaciones legítimas y no reemplazan la denuncia.
En casos de engaño digital también resulta útil revisar cómo reconocer archivos y mensajes maliciosos que circulan por WhatsApp y aplicar las recomendaciones para evitar “dar papaya” con los datos bancarios.
El trámite puede servir; el silencio absoluto, no está garantizado
Registrar el número, revocar permisos, reclamar y denunciar puede reducir una parte del acoso y crear antecedentes para que la autoridad sancione a empresas identificables. Sería engañoso prometer que con esos pasos dejarán de entrar llamadas.
El sistema colombiano descansa en buena medida sobre el cumplimiento de las compañías formales y en la capacidad del afectado para documentar cada abuso. Mientras tanto, los números cambian, las bases de datos circulan, las cobranzas encuentran excepciones y las redes de fraude operan por fuera de la ley. Por eso la respuesta más honesta para el ciudadano es incómoda: sí hay herramientas, pero ninguna funciona como un verdadero interruptor contra la pesadilla.
Fuentes: Ley 2300 de 2023; Comisión de Regulación de Comunicaciones; Superintendencia de Industria y Comercio; CAI Virtual de la Policía Nacional; informe de Truecaller divulgado en 2026. Las cifras de spam corresponden a detecciones de la plataforma y no a un censo oficial de todas las llamadas cursadas en Colombia.
