La confrontación entre el presidente saliente Gustavo Petro y quien fuera una de sus funcionarias más cercanas, Angie Rodríguez, escaló a un terreno todavía más áspero. El mandatario anunció una acción penal, calificó como “calumnioso” el testimonio de la exdirectora del Dapre y afirmó que ella colaboró con sectores procedentes del paramilitarismo. Al mismo tiempo, salió en defensa de Juliana Guerrero y de la joven activista Gabriela Muñoz, mencionadas por Rodríguez en sus denuncias sobre presunta injerencia en entidades públicas.
La andanada presidencial llegó después de que Rodríguez declarara en Blu Radio que Petro habría sido “su mayor victimario”, lo acusara de maltrato laboral y asegurara que teme por su seguridad. Esas son afirmaciones de la exfuncionaria que deberán ser investigadas y contrastadas por las autoridades. Petro las niega y asegura que acudirá a la justicia.
“El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal”.
Gustavo Petro, en una publicación en X del 28 de julio de 2026.
De “mano derecha” a señalada por el propio presidente
El tono utilizado por Petro fue mucho más allá de una negación puntual. En su pronunciamiento público, sostuvo que no conocía a Rodríguez antes de que asumiera la dirección del Dapre y calificó su gestión como “un desastre”. Luego aseguró que, “por razones extrañas”, la funcionaria colaboró con sectores venidos del paramilitarismo.
El jefe de Estado también afirmó que los dineros públicos bajo responsabilidad de Rodríguez habrían estado sometidos al consejo de “políticos oscuros herederos del paramilitarismo”. Hasta el momento, Petro no ha presentado públicamente una decisión judicial que pruebe que la exfuncionaria haya colaborado con organizaciones paramilitares. Por tanto, se trata de un señalamiento político del presidente, no de un hecho judicialmente establecido.
Rodríguez había contado una versión diferente. Según su testimonio, el presidente la acusaba de estar aliada con paramilitares para derrocarlo y vinculaba esa sospecha con una supuesta relación sentimental de ella con el congresista Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. La funcionaria negó esas acusaciones y describió los intercambios como parte del maltrato que dice haber sufrido.
Petro vuelve a poner la salud mental en medio de la pelea
En su respuesta, Petro habló de una supuesta “paranoia” de Rodríguez y dijo que ella construía mentiras “en medio de algunas verdades”. Un día antes había divulgado que la funcionaria tuvo una incapacidad médica derivada de una valoración psiquiátrica. Rodríguez reconoció que ha enfrentado depresión y ansiedad, pero sostuvo que divulgar esa circunstancia fue “desafortunado y estigmatizante”.
Un diagnóstico de salud mental no invalida por sí mismo la capacidad profesional de una persona ni demuestra que sus denuncias sean falsas. La veracidad de sus afirmaciones debe establecerse mediante documentos, testimonios, investigaciones disciplinarias o decisiones judiciales, no a partir de su condición médica.
La defensa de Juliana Guerrero
Petro también respondió a las afirmaciones sobre Juliana Guerrero, la joven dirigente política que ha enfrentado cuestionamientos por sus títulos académicos y por la presunta influencia que habría ejercido en el Gobierno. El mandatario negó una relación amorosa con ella y aseguró que deberá responder ante la justicia por el asunto de sus estudios.
“Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos. Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa”, escribió el presidente. Agregó que Guerrero no llegó al Viceministerio de las Juventudes porque no cumplía el requisito de tener 25 años.
La Fiscalía ya radicó escrito de acusación contra Guerrero por el caso de los títulos que habría presentado para aspirar al cargo. Además, nuevas denuncias periodísticas la señalan, junto con su hermana Verónica, de participar presuntamente en un esquema de cobros a empresarios a cambio de contratos. Las hermanas han negado los hechos y las responsabilidades deberán ser determinadas por la justicia.
El respaldo de Petro ha provocado fisuras incluso dentro de la izquierda. Dirigentes como María José Pizarro, Gustavo Bolívar y otros integrantes del Pacto Histórico han pedido investigaciones de fondo. El episodio convierte el caso Guerrero en un problema no solo judicial, sino también político para el cierre del Gobierno.
Gabriela Muñoz: contratos familiares y una acusación sin probar
La otra mujer defendida por Petro fue Gabriela Muñoz Olaya, creadora de contenido y activista política que trabajó como Auxiliar 1 en la Aerocivil. Rodríguez aseguró que Muñoz habría manejado “a su antojo” esa entidad y comparó su presunta forma de operar con la atribuida a Guerrero.
El mandatario sostuvo que la acusación contra Muñoz es una calumnia. En otro mensaje publicado en X, afirmó que un periodista había mostrado la realidad de los contratos de la familia Muñoz Olaya, una familia que describió como de clase media y “sin riquezas”, y dijo que la joven no tenía responsabilidad alguna. Según Petro, Rodríguez habló “sin información” y “por venganza”.
Sin embargo, existen hechos administrativos que merecen explicación. La Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025 formalizó el nombramiento de Gabriela Muñoz como Auxiliar 1 de la Aerocivil. Ese mismo día, mediante la Resolución 01225, su hermano Santiago David Muñoz Olaya fue designado Auxiliar 5. Esos nombramientos no demuestran por sí solos tráfico de influencias ni prueban que la joven controlara decisiones internas, pero justifican que la entidad explique los criterios de selección, las funciones desempeñadas y la eventual participación de ambos en procesos de nombramiento.
Muñoz rechazó los señalamientos, afirmó que se han usado pruebas falsas en su contra y anunció acciones legales para defender su honra. También sostuvo que los ataques responden a violencia política y de género. Hasta ahora no existe una decisión judicial que establezca que ejerció control irregular sobre la Aerocivil.
La discusión que no puede quedar sepultada por los ataques
La dureza del enfrentamiento amenaza con desplazar el asunto de mayor interés público: las denuncias sobre el manejo de recursos del Estado y la posible existencia de poderes informales en entidades oficiales. Rodríguez asegura que frenó el traslado de más de $1,2 billones del Fondo Adaptación hacia la UNGRD porque esos recursos estaban comprometidos para obras en La Mojana. Petro sostiene que ella actuó de forma desleal y para fines particulares.
Este choque se suma a la controversia por la orden presidencial de trasladar $4 billones a la UNGRD a pocos días de terminar su mandato y a la cascada de revelaciones reunidas por VOZCARIBE en la anatomía de las denuncias de Angie Rodríguez.
La respuesta institucional no puede reducirse a insultos, diagnósticos médicos divulgados ni defensas personales. Petro tiene derecho a controvertir y acudir a los tribunales; Rodríguez, Guerrero y Muñoz también. Pero corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y los jueces establecer qué puede probarse. Mientras eso ocurre, la obligación periodística es clara: ninguna de las acusaciones pendientes debe presentarse como sentencia, pero tampoco debe ser enterrada bajo la furia de la confrontación.
