Barranquilla se prepara para inaugurar en diciembre lo que la administración distrital ha calificado como su «regalo de Navidad»: la Luna del Río. Esta noria de 65 metros de altura y 262 toneladas de acero, ubicada en el Gran Malecón, es la pieza central de una narrativa oficial que busca convencer a la ciudadanía de que la capital del Atlántico ya juega en las grandes ligas del turismo global.
El alcalde Alejandro Char no ha escatimado en hipérboles para describir el proyecto, asegurando que la estructura «está poniendo a Barranquilla a volar» y prometiendo que la ciudad entrará a competir con destinos de talla mundial.
En su afán por vender una imagen cosmopolita, la publicidad oficial ha llegado al punto de advertir: «que se preparen Londres, Chicago y Dubái», sugiriendo que la instalación de una atracción mecánica equipara mágicamente a la ciudad con estas metrópolis financieras.
Sin embargo, detrás de las 44 cabinas climatizadas y las luces LED que prometen una vista de «ensueño», se esconde una realidad mucho menos brillante: una disputa legal por presunto plagio y denuncias de contratación irregular que amenazan con frenar la operación antes de que suba el primer pasajero.
Entre la «usurpación» de ideas y la megalomanía administrativa
La controversia estalló públicamente cuando el reconocido empresario Samuel Tcherassi lanzó un ultimátum a la Alcaldía, denunciando lo que califica como una «usurpación» de su propiedad intelectual.
Según Tcherassi, el proyecto de la noria no fue una idea original de la administración actual, sino una iniciativa privada que él estructuró y presentó en 2019, trayendo a la mesa a los fabricantes italianos Fabbri Group.
La denuncia sostiene que, tras la pandemia, la administración decidió apartarlo del negocio para ejecutarlo directamente a través de la empresa mixta Puerta de Oro y firmas aliadas, desconociendo sus derechos sobre los diseños y la concepción del atractivo.
Tcherassi ha sido enfático y cortante en sus declaraciones, señalando la falta de ética en el manejo de lo público: «Todos en Barranquilla saben quién creó este proyecto y saben que está protegido. Lo que ha ocurrido es inaceptable. Nadie puede usar mi trabajo ni atribuírselo, y mucho menos desde lo público».
La gravedad de la acusación escala con la advertencia de acciones penales y disciplinarias si no se detiene la obra antes del 20 de noviembre, fecha límite impuesta por el empresario para recibir una respuesta satisfactoria.
Mientras el alcalde Char celebra en redes sociales que la obra se levantó en «tiempo récord» y que «será una razón más para venir a Barranquilla», las investigaciones periodísticas apuntan a un «lado B» de la contratación.
Se ha revelado que contratos millonarios terminaron asignados «a dedo» a empresas cercanas al círculo de poder local, como Smart Steel, cuya participación se habría asegurado incluso antes de la firma oficial del contrato. Este patrón refuerza la crítica de que la ciudad se gestiona como una vitrina comercial donde se priorizan los negocios de unos pocos sobre la transparencia institucional.
La promesa de atraer a 400.000 nuevos visitantes al año y «llenar nuestros hoteles y restaurantes» choca con la realidad de una infraestructura social que no avanza al mismo ritmo que las atracciones del Malecón.
Al intentar emular el modelo de Miami o Las Vegas, la administración invierte capital político y económico en una «Miami de papel», una fachada de modernidad que gira sobre un eje de litigios y sospechas, mientras los críticos se preguntan si el verdadero progreso de Barranquilla debería medirse en vueltas de 20 minutos con aire acondicionado o en el respeto a la ley y la propiedad privada.
La ciudad de dos caras: luces en el norte, sombras en el sur
Esta obsesión por el maquillaje urbano contrasta dolorosamente con los diagnósticos sociales más recientes. Un informe del Banco de la República publicado en noviembre de 2025 revela que la pobreza, la informalidad y el bajo logro educativo siguen concentrados de manera alarmante en las localidades Suroccidente y Suroriente, apenas a unos kilómetros de la resplandeciente noria. Mientras la «Luna del Río» ofrece vistas panorámicas a los turistas, los habitantes de los barrios «sures» continúan atrapados en trampas de pobreza que ninguna atracción turística ha logrado mitigar.
La insistencia en vender una ciudad de «talla mundial» choca con la realidad de miles de familias para quienes el «progreso» se reduce a ver las luces del Malecón desde la distancia de la exclusión.
Resulta paradójico que, a pesar de contar con un presupuesto histórico aprobado para 2025 superior a los 6.7 billones de pesos, la administración priorice discursiva y mediáticamente obras de entretenimiento sobre soluciones estructurales de fondo.
Aunque el discurso oficial asegura que el 82% de los recursos se destinarán a «inversión social», la materialización más visible de esta bonanza es una rueda de la fortuna envuelta en líos legales, reforzando la percepción de una gestión que prefiere el «pan y circo» —o en este caso, aire acondicionado y vistas al río— antes que cerrar las profundas brechas de desigualdad que fracturan a la ciudad.
