El Gobierno nacional enfrenta una paradoja fiscal: mientras recorta $21,9 billones del gasto previsto para 2026 porque, según el ministro de Hacienda, no hay recursos suficientes para sostenerlo, presentó ante el Congreso un proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,95 billones, una cifra superior a la del presupuesto vigente y al proyecto que había dejado la administración anterior.
La tensión no es solamente contable. El recorte inmediato busca evitar problemas de caja en los últimos meses del año, pero el trámite del presupuesto de 2027 obliga al Ejecutivo a explicar de dónde saldrán los recursos para financiar un gasto mayor, qué obligaciones fueron subestimadas y cuál será el costo del ajuste para la inversión, los servicios públicos y los territorios.
El recorte de $21,9 billones corresponde a 2026
La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros del 29 de agosto y confirmada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara. El ajuste se aplicará mediante un decreto presidencial y recae sobre el presupuesto de 2026 que ya está en ejecución; no modifica directamente el proyecto del PGN de 2027.
“No estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que debemos”, afirmó Miguel Gómez Martínez al explicar el ajuste ante el Congreso.
El Gobierno sostiene que el recorte es necesario porque la caja no alcanzaría para atender todo el gasto apropiado durante el cierre de la vigencia. La explicación oficial atribuye la presión a la situación fiscal heredada, pero esa afirmación corresponde al diagnóstico político y administrativo de la nueva administración: no reemplaza una auditoría independiente sobre las cuentas ni determina por sí sola qué entidades o programas soportarán la reducción.
El PGN aprobado para 2026 ascendió a $546,9 billones, después de que el Congreso redujera en $10 billones la propuesta inicial del Gobierno anterior. El gasto quedó distribuido, según el Ministerio de Hacienda, en $358,1 billones para funcionamiento, $100,4 billones para servicio de la deuda y $88,4 billones para inversión pública. El nuevo recorte equivale aproximadamente al 4 % de ese monto total, aunque todavía debe conocerse el detalle sectorial del decreto para establecer qué partidas serán aplazadas, reducidas o definitivamente retiradas.
Por qué el presupuesto de 2027 es más alto
El Gobierno presentó para 2027 un presupuesto de $634,952 billones. La cifra supera en cerca de $88 billones el PGN aprobado para 2026 y es alrededor de 10 % mayor que el proyecto de $575,6 billones que había sido radicado inicialmente y luego devuelto por las comisiones económicas.
La administración del presidente Abelardo De la Espriella sostiene que no se trata simplemente de aumentar el gasto, sino de “sincerar” las cuentas públicas. En el mensaje presidencial de la reformulación afirma que el primer proyecto no incorporaba de manera completa obligaciones relacionadas con personal, pensiones, salud, subsidios de energía y gas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El documento oficial también relaciona la revisión con las nuevas presiones derivadas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y con el inicio del programa de gobierno 2026-2030. La administración plantea que parte de la inversión deberá atender la reconstrucción y la recuperación económica de las zonas afectadas, aunque el proyecto no detalla en un solo rubro cuánto costará esa respuesta.
El problema de financiación que encontró el CARF
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el proyecto inicial de 2027 presentaba una diferencia de $20,7 billones entre el gasto primario programado y el techo previsto en el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo. En otras palabras, el gasto antes del pago de intereses superaba el límite compatible con la programación fiscal del Gobierno.
El CARF también señaló que el presupuesto incluía $30,2 billones de ingresos contingentes sujetos a leyes futuras, mientras la reforma tributaria radicada por el Ejecutivo calcula un recaudo de $21,9 billones. La diferencia deja un faltante cercano a $8,3 billones incluso en el escenario de que la reforma sea aprobada completamente y cumpla su meta.
Este es un punto que puede generar confusión: los $21,9 billones del recorte de 2026 y los $21,9 billones de recaudo tributario previsto para 2027 tienen el mismo valor, pero son operaciones distintas. El primero es una reducción del gasto de la vigencia en curso; el segundo es un ingreso esperado para financiar el presupuesto del próximo año.
Más deuda y menos margen para la inversión
La reformulación aumenta el tamaño total del presupuesto, pero buena parte de la presión adicional proviene de obligaciones rígidas y del servicio de la deuda. La información divulgada sobre el proyecto ubica el pago de intereses y vencimientos de 2027 en alrededor de $155,4 billones, mientras la inversión pública quedaría en $86,9 billones, por debajo de los cerca de $90 billones contemplados en la versión inicial.
La composición importa porque no todo aumento presupuestal significa más obras, subsidios o programas nuevos. Cuando crecen las pensiones, la salud, los subsidios energéticos o los intereses, el Gobierno dispone de menos espacio para decidir libremente dónde invertir. Además, cualquier reducción de la inversión puede tener efectos visibles en infraestructura, empleo y transferencias a las regiones, incluida la Región Caribe.
El Gobierno anunció una futura Ley de Ajuste Fiscal equivalente a cerca de 2,2 puntos del producto interno bruto, con la que pretende reducir el déficit. Esa iniciativa todavía debe ser presentada y discutida. Mientras no exista un articulado concreto, no es posible saber qué gastos serán eliminados, qué entidades se fusionarán, qué programas se modificarán ni si el ajuste dependerá también de nuevos impuestos.
El Congreso levanta el debate por ausencia de ministros
El trámite legislativo comenzó con un problema político. El 2 de septiembre, las comisiones económicas conjuntas levantaron la sesión convocada para discutir el PGN de 2027 porque no asistieron los ministros de Hacienda, Educación y Vivienda, ni el director del Departamento Nacional de Planeación.
La ausencia provocó críticas de congresistas de distintas bancadas, incluidos sectores cercanos al Gobierno. Los legisladores reclamaron explicaciones directas sobre un presupuesto que debe aprobarse en un calendario estrecho y que incluye un nivel de endeudamiento mayor. El episodio dejó en evidencia que, además del debate técnico, el Ejecutivo necesita construir una relación política suficiente para sacar adelante el proyecto y la ley fiscal que lo acompaña.
Las comisiones económicas deben aprobar el monto global del presupuesto antes del 15 de septiembre para que el proyecto pueda continuar su trámite. La aprobación definitiva en las plenarias está prevista para octubre. Si el Congreso no logra aprobarlo dentro de los plazos constitucionales, el Gobierno enfrentaría un escenario institucional y financiero de alta complejidad.
Qué está en juego para los colombianos
El recorte de 2026 puede traducirse en aplazamientos de contratos, menor ejecución de inversión o reprogramación de proyectos, dependiendo de la distribución que establezca el decreto. El presupuesto de 2027, por su parte, definirá las prioridades del nuevo Gobierno en un año marcado por la reconstrucción, el pago de la deuda y la necesidad de recuperar la confianza de los mercados.
La discusión no debería reducirse a la disputa entre la versión fiscal del Gobierno actual y la responsabilidad que atribuye a la administración de Gustavo Petro. El Congreso tendrá que comprobar si las obligaciones incorporadas en la reformulación están técnicamente sustentadas, si los ingresos son realistas, si la reforma tributaria cubre el faltante y qué impacto tendrá el ajuste sobre la inversión y los servicios esenciales.
La pregunta de fondo es si Colombia está ante un ejercicio de transparencia fiscal que corrige omisiones anteriores o frente a un presupuesto que crece para reconocer obligaciones sin contar todavía con ingresos permanentes para pagarlas. La respuesta dependerá de los documentos de soporte, del detalle del decreto de recorte y de la ley de ajuste fiscal que el Ejecutivo aún debe radicar.
