El informe que en diciembre la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) le presentó al Gobierno, sobre la situación de la distribuidora de energía Electricaribe y las diferentes alternativas y requisitos para resolver este complejo problema, plantea un total de nueve opciones de estructuras de transacción para lograr la llegada de un nuevo operador.
Asimismo, formula varios aspectos que la firma española le había manifestado al Ejecutivo antes de la intervención, los cuales deben abordarse de forma integral para que la fórmula que se escoja pueda funcionar.
Y, según fuentes consultadas, cualquiera de estas posibilidades requiere que se garanticen unas inversiones mínimas y que se hagan cambios normativos (algunos de forma transicional) que permitan que la operación de este mercado eléctrico, correspondiente al 19 por ciento de todos los usuarios del país, siga siendo viable.
En el documento de 112 páginas, al que tuvo acceso EL TIEMPO, se analizaron cinco escenarios de inversión requeridos en un periodo de 10 años para bajar las pérdidas de energía y mejorar la calidad en el servicio, en función de los escalones planteados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en la propuesta de resolución 019 para actualizar la remuneración de la distribución de energía, que está en consulta ante el mercado.
Dichas proyecciones tienen montos que van desde los 4,3 billones de pesos hasta los 10 billones de pesos a 10 años, pero el análisis determinó un escenario base de 7 billones de pesos, bajo el cual se mejoran los indicadores de pérdidas, los de recaudo, mientras la calidad del servicio estaría en línea con los niveles exigidos por la Creg.
Las opciones de menor valor no logran cubrir dichos requerimientos de calidad y eficiencia, mientras que el escenario de inversión de 10 billones de pesos se descartó porque el equipo técnico de la empresa no lo ve ejecutable en función de la capacidad operativa y los recursos disponibles en la región Caribe.
Acciones adicionales
Pero el documento advierte sobre la necesidad de implementar acciones regulatorias y tomar decisiones para viabilizar el caso base de inversión, ya que este “no resulta atractivo para un inversionista bajo la resolución 019. Para generar un escenario viable se requieren, entre otras cosas, ajustes en tarifa que reconozcan el nivel de inversiones proyectadas, la situación actual de la empresa y aportes del Gobierno”.
Y agrega que del análisis hecho se concluyó que tanto la situación actual (con tarifa vigente y la nueva) como el caso base no permiten lograr una empresa viable, pues los flujos de caja serían negativos durante 10 años, haciendo imposible la vinculación de cualquier socio de capital privado.
Adicionalmente, el documento precisa que solo la aplicación de todas las propuestas que hizo Electricaribe sobre el marco de dicha resolución permiten alcanzar un valor presente positivo de los flujos futuros de la empresa.
Por ejemplo, se plantea que en la senda de pérdidas de energía reconocidas en esos 10 años la curva se inicie en 24,35 por ciento y vaya bajando de forma gradual, hasta llegar a un porcentaje final del 13,92 por ciento.
Otro ajuste solicitado por la empresa es que se agregue un 1 por ciento a los gastos de administración, operación y mantenimiento para activos existentes en la franja de salinidad, así como un punto porcentual adicional por este concepto para los activos nuevos, lo que tendría un impacto de 139.837 millones de pesos al año.
‘Todos ponen’
El informe recalca como necesario diseñar una solución viable que requiere “preferentemente” el esfuerzo de los ministerios de Hacienda, Minas y Energía, Trabajo; la Creg; los acreedores, empleados y sindicato; los usuarios y el accionista actual, la española Gas Natural Fenosa.
En concreto, señala que además de asegurar la prestación del servicio, se necesitan recursos frescos para ejecutar las inversiones a fin de mejorar la eficiencia y llevar el recaudo a niveles de la industria y definir un marco tarifario transicional que permita estabilizar la posición financiera de Electricaribe.
Igualmente, recalca que hay que determinar el tratamiento más adecuado para el pasivo pensional, lograr una reestructuración financiera con los acreedores y atraer inversionistas estratégicos en un proceso competitivo, que permitan maximizar el valor de la compañía y garantizar su continuidad en el tiempo.
Y para atraer a los potenciales inversionistas, un factor clave es que el Gobierno ponga recursos del presupuesto, pues los cambios en las normas no son suficientes para que un inversionista vea atractivo el negocio.
Por ejemplo, con dichos ajustes y un aporte de 1,5 billones de pesos del Gobierno en esos 10 años se bajarían a tres los años con flujo de caja por debajo de cero.
Al ritmo actual, el sistema podría colapsar dentro de 5 años
El documento advierte que si en Electricaribe se mantiene el ritmo de inversión histórico anual de 140.000 millones de pesos, el sistema de distribución de la Costa entraría en un colapso operacional dentro de 5 años.
Con este nivel, las interrupciones del servicio serían de 6 días cada año a partir del 2022, toda vez que la duración de los cortes subiría entre 6 y 8 horas cada año.
“Electricaribe considera que un Saidi (duración de interrupciones) que supere las 150 horas al año implica un colapso del sistema”, señala el informe.
El documento reconoce que debido a que el 54 por ciento de sus usuarios residenciales son de estrato 1, frente a cerca del 29 por ciento del promedio nacional, esto representa desafíos de gestión diferentes a los demás agentes del mercado, en términos de pérdidas y de recaudo.
Tomado de eltiempo.com
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