A solo 15 días de entregar la Presidencia, Gustavo Petro pidió trasladar $4 billones que estaban previstos en vigencias futuras para el programa Colombia Solar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La intención declarada es preparar al país frente a un eventual fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027, pero el anuncio abre interrogantes sobre el origen de los recursos, el trámite necesario para moverlos y la capacidad real de comprometer una suma de ese tamaño antes del cambio de Gobierno.
La instrucción fue anunciada el martes 21 de julio durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Allí se recomendó declarar una situación de desastre nacional ante la posibilidad de una sequía severa. La decisión, según el Gobierno, fue adoptada por unanimidad.
“Que los $4 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda en vigencias futuras no colocó para el programa Colombia Solar […] se lleven a la UNGRD y entonces tengamos $8 billones”.
Gustavo Petro, durante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del 21 de julio de 2026, según el registro citado por La República.
El anuncio no significa que el dinero ya esté en las cuentas de la UNGRD
Hasta ahora, lo que está documentado públicamente es una petición presidencial. No se conoce un decreto de traslado presupuestal, una resolución del Ministerio de Hacienda ni un certificado que demuestre que los $4 billones ya fueron incorporados al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La diferencia no es menor. Las vigencias futuras son autorizaciones para asumir obligaciones que afectarán presupuestos de años posteriores; no equivalen necesariamente a dinero disponible en caja. Moverlas de un programa a otro exige definir la fuente, la vigencia, la entidad ejecutora y el instrumento jurídico correspondiente. Tampoco está claro cuánto de los $8 billones mencionados por Petro corresponde a apropiaciones existentes, recursos futuros o estimaciones de necesidades.
Por eso, afirmar que Petro “entregó” o “giró” ya $4 billones a la entidad sería prematuro. Lo comprobado es que pidió reorientarlos. El Gobierno debe publicar el acto que materialice la operación y explicar qué ocurrirá con Colombia Solar, el programa del cual saldrían los recursos.
Una decisión a 15 días del relevo presidencial
El momento del anuncio aumenta el escrutinio. Petro dejará la Presidencia el 7 de agosto y la declaratoria fue promovida después de meses de alertas sobre la posible llegada de El Niño. El Ejecutivo sostiene que la anticipación es indispensable para proteger el agua, los alimentos y el sistema eléctrico; los cuestionamientos se concentran en por qué una reasignación de esta magnitud se plantea en la recta final y qué compromisos podría dejarle al gobierno entrante.
La amenaza climática sí tiene especial importancia para el Caribe. Una sequía intensa puede reducir la disponibilidad de agua, afectar cultivos, elevar el riesgo de incendios y presionar la generación hidroeléctrica. Petro también ordenó acelerar una planta desalinizadora para Santa Marta y planteó instalar paneles solares en hogares afectados por el frente frío en Córdoba. Sin embargo, la urgencia ambiental no elimina la obligación de publicar los soportes presupuestales, los proyectos específicos, sus beneficiarios y los mecanismos de vigilancia.
VOZCARIBE ha explicado anteriormente cómo el fenómeno de El Niño pone a prueba la seguridad energética de Colombia, altamente dependiente de la generación hidráulica.
La ordenación del gasto vuelve a concentrarse en el director
La controversia no ocurre en el vacío. La UNGRD informó este 22 de julio que su director encargado, Javier Pava, asumió directamente la ordenación del gasto. Según la entidad, la medida busca priorizar emergencias en Arauca, Casanare y Chocó, atender obligaciones derivadas del frente frío y garantizar una transición ordenada.
El exdirector Carlos Carrillo cuestionó la centralización y advirtió sobre una supuesta carrera contractual al final del mandato. “A mí sí me preocupa que en los últimos días del Gobierno haya tanto afán por firmar, firmar y firmar. Eso no se ve bien”, declaró a Caracol Radio.
Pava rechazó que la decisión suprima controles. Explicó que reasumió la firma final porque varios subdirectores renunciaron tras la salida de Carrillo y aseguró que continúan vigentes las revisiones técnicas y jurídicas. También sostuvo que procesos como el estadio Marino Klinger de Buenaventura no alcanzarían a ser adjudicados durante su encargo y quedarían para la siguiente administración.
El peso del escándalo que golpeó a la entidad
Cualquier movimiento multimillonario hacia la UNGRD carga con un antecedente inevitable: el caso de corrupción que comenzó con los carrotanques para La Guajira y se extendió a presuntos sobornos y direccionamiento de contratos. La Fiscalía y las altas cortes han vinculado a exdirectivos, exministros y congresistas; varias responsabilidades siguen bajo investigación o juicio y no deben darse por definidas antes de sentencia.
Ese historial no demuestra que la nueva reasignación sea irregular. Sí eleva el estándar de transparencia. El Gobierno tendría que publicar, como mínimo, el decreto de desastre, el acto presupuestal, el plan de acción, la distribución territorial de los recursos, los procesos contractuales y los responsables de aprobar cada gasto.
El caso también tiene un antecedente reciente en VOZCARIBE: el proceso contra el exministro Ricardo Bonilla por el entramado de la UNGRD, cuya evolución mantiene abierto el debate sobre impunidad y responsabilidad política.
Cinco preguntas que el Gobierno todavía debe responder
- ¿Qué acto jurídico autoriza el traslado de los $4 billones y cuándo será publicado?
- ¿De qué vigencias, partidas y fuentes exactas saldrán los recursos?
- ¿Qué componentes de Colombia Solar se aplazarán, reducirán o cambiarán de ejecutor?
- ¿Cuánto dinero podrá comprometer la UNGRD antes del 7 de agosto y cuánto quedará a decisión del nuevo Gobierno?
- ¿Qué proyectos, territorios, contratistas y mecanismos de control integrarán el plan para enfrentar El Niño?
La respuesta a esas preguntas permitirá distinguir entre una preparación climática legítima, una reasignación presupuestal todavía incompleta y una eventual carrera contractual. Por ahora, el monto fue anunciado, la emergencia fue recomendada y la ordenación del gasto fue centralizada; la documentación que convertiría el anuncio político en una operación presupuestal verificable aún debe hacerse pública.
