Electricaribe, la empresa de distribución eléctrica que el grupo español Gas Natural posee en Colombia, según informó la agencia EFE, acumula facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros (1.295 millones de dólares), si bien la multinacional tiene aprovisionado el 83 % de este importe.
Gas Natural dio a conocer esta cifra coincidiendo con la presentación de los resultados del tercer trimestre del año, cuando la multinacional ganó 930 millones de euros (1.30 millones de dólares) hasta septiembre, un 15 % menos que en el mismo período de 2015.
Debido a la situación de morosidad y fraude que sufre Electricaribe, el beneficio después de impuestos de la filial del grupo en la región Caribe registró unas pérdidas de cerca de 24 millones de euros (26,5 millones de dólares) hasta septiembre, frente a los 14 millones de euros (15,5 millones de dólares) de pérdidas registrados en el mismo período de 2015.
Gas Natural Fenosa posee el 85 % de la empresa de distribución eléctrica Electricaribe desde el año 2009 y el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano.
Esta distribuidora cubre la zona del Caribe colombiano, que proporciona luz a 2,5 millones de clientes de bajos recursos económicos y a la industria de la zona.
La compañía distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena, aunque desde hace meses se multiplican las protestas en Colombia por fallos en el servicio.
A principios de octubre trascendió que Gas Natural Fenosa reclamaba 1.000 millones de euros (1.108 millones de dólares) de deuda acumulada a Colombia.
Gas Natural alega que su filial Electricaribe no puede dejar de suministrar electricidad, pero que, a la vez, tiene un problema de morosidad de sus clientes y de fraude, y para resolver esta situación la multinacional española ha solicitado abrir un diálogo de seis meses al amparo del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España.
En el caso de no alcanzar un pacto, una opción es recurrir al arbitraje internacional llevando el conflicto al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial.
