En un giro defensivo que resalta su legado como una de las marcas más icónicas del Caribe colombiano, Supertiendas y Droguerías Olímpica emitió este jueves un comunicado contundente rechazando las acusaciones del Ministerio del Trabajo sobre presuntas irregularidades en sus prácticas laborales.
La empresa, nacida en Barranquilla en 1953 bajo la visión de la familia Char y convertida en un pilar del retail en la región con más de 400 tiendas que generan miles de empleos directos e indirectos, defendió su trayectoria de 72 años enfatizando un «compromiso permanente con el empleo digno, el respeto a la ley, la transparencia, el fomento de los valores y el bienestar de las familias colombianas».
En palabras directas de su comunicado, Olímpica afirmó que brinda a sus colaboradores «oportunidades constantes de empleo de calidad, con programas estructurados de salud y seguridad en el trabajo», posicionándose como un empleador responsable que ha impulsado el desarrollo económico en el Caribe, donde es sinónimo de accesibilidad y tradición para comunidades desde Atlántico hasta La Guajira.
La respuesta de Olímpica se centra en desmentir punto por punto las críticas, argumentando que todos sus contratos se ajustan a la normativa vigente y que cuentan con un «control interno automatizado para verificar y contabilizar las horas trabajadas de manera oportuna y transparente».
NO HAY PRECARIZACIÓN LABORAL: OLÍMPICA
Sobre el pago de horas extras, la compañía insistió en que se realiza «de acuerdo con las disposiciones laborales», y rechazó cualquier insinuación de precarización, destacando su rol en la generación de empleo en una región donde el desempleo juvenil ronda el 20% según datos recientes del DANE.
Esta postura no solo defiende su imagen, sino que resalta su contribución al tejido económico del Caribe, donde Olímpica ha invertido en expansiones como centros de distribución en Barranquilla y Cartagena, fomentando cadenas de suministro locales y apoyando a proveedores regionales que dependen de su red para distribuir productos básicos como alimentos y medicamentos.
De hecho, la marca ha sido clave en la dinamización del comercio minorista en el Caribe, contribuyendo a un sector que representa alrededor del 15% del PIB regional según estimaciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y ha sobrevivido a crisis económicas pasadas mediante estrategias de precios asequibles que benefician a hogares de bajos ingresos.
Fundada por Fuad Char Abdala y su familia, Olímpica surgió como una pequeña droguería en Barranquilla y evolucionó hacia un imperio comercial que hoy abarca supermercados, supertiendas y farmacias, con una presencia dominante en el Caribe colombiano que la convierte en un referente cultural y económico.
Su expansión ha estado marcada por alianzas locales y un enfoque en la inclusión, empleando a miles en áreas como logística y ventas, lo que la ha posicionado como un motor de movilidad social en una región con altos índices de informalidad laboral, superando el 50% en departamentos como Atlántico y Magdalena según informes del Banco de la República.
Sin embargo, esta imagen positiva se ve ahora cuestionada por la investigación ministerial, que pone el foco en prácticas que podrían contradecir su narrativa de responsabilidad social.
LO QUE HABRÍA ENCONTRADO MINTRABAJO
Este pronunciamiento surge en medio de una investigación iniciada por el Ministerio del Trabajo a principios de agosto, tras denuncias de trabajadores que llevaron a 60 inspecciones simultáneas en tiendas y centros de distribución a nivel nacional.
Los hallazgos preliminares, revelados entre el 18 y 19 de agosto, apuntan a un «patrón de precarización y negligencia sistémica», con solo el 10% del personal contratado directamente por Olímpica bajo términos indefinidos, mientras que el 90% restante depende de empresas externas como Incopac S.A., Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur S.A., Inverosur, Gestica S.A.S. e Ihungo S.A.S..
El ministro Antonio Sanguino, quien participó en una de las visitas, describió estos mecanismos como una posible «tercerización sistémica» que evade responsabilidades laborales, aunque la práctica está permitida en ciertos límites por la ley colombiana, específicamente bajo la reforma laboral de 2012 que buscaba flexibilizar el mercado pero ha generado controversias por su impacto en la estabilidad de los trabajadores.
Además, el Ministerio detectó violaciones en jornadas laborales, con horas extras impagas o no registradas que superan los límites legales de 8 horas diarias y 48 semanales establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, y deficiencias graves en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo ausencia de señalización adecuada, brigadas de emergencia, puestos ergonómicos y espacios para descansos.
Estos problemas, según el reporte de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial, representan un «peligro inminente para la salud y seguridad» de los empleados, configurando un escenario que podría derivar en sanciones administrativas o multas que oscilan entre 1 y 5.000 salarios mínimos mensuales si se confirman las irregularidades.
La controversia revive debates nacionales sobre tercerización, similares a casos con otras cadenas retail como D1 y Éxito, donde el MinTrabajo también intervino por quejas análogas bajo el actual gobierno de Gustavo Petro, que ha impulsado reformas para fortalecer los derechos laborales y reducir la precarización a través de decretos como el de 2023 que limita la subcontratación abusiva.
En el Caribe, esto adquiere relevancia adicional por la dependencia económica de empresas como Olímpica, que emplean a más de 20.000 personas a nivel nacional y contribuyen significativamente al consumo interno, pero donde expertos en derecho laboral advierten que prácticas como las detectadas podrían perpetuar desigualdades en una región con brechas salariales superiores al promedio nacional.
