Ataques coordinados en Amalfi y Cali reabrieron hoy el debate sobre el costo económico del terrorismo en Colombia, apenas cuando la economía buscaba afianzarse tras un semestre marcado por la inflación y la desaceleración del consumo.
Helicópteros de la Policía que erradicaban cultivos ilícitos fueron emboscados en Antioquia, mientras explosiones sacudieron la base aérea Marco Fidel Suárez en la capital vallecaucana, dejando trece muertos entre uniformados y civiles, según los primeros reportes oficiales.
La ofensiva, atribuida al Clan del Golfo y a disidencias de las FARC, detonó críticas al Gobierno. “Su paz total está destruyendo a Colombia”, dijo la senadora María Fernanda Cabal, aludiendo a la política de “paz total” que, en su opinión, relajó la presión militar contra los grupos armados y estimuló el rearme en zonas cocaleras.
El mercado reaccionó con cautela: analistas consultados por Fedesarrollo advierten que choques de seguridad como el de hoy pueden restar hasta medio punto porcentual al crecimiento proyectado para 2025, ya presionado por la guerra comercial global y la persistente debilidad de la demanda interna.
CAUTELA EN LOS MERCADOS, SIN EMBARGO…
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ya alertaba en su Evaluación Nacional del Riesgo publicada este año que la financiación del terrorismo, apalancada en el narcotráfico y el contrabando de oro, inyecta capital ilícito que distorsiona precios y alimenta la inflación en economías regionales.
El reporte calcula que, en departamentos con alta presencia de grupos armados, el lavado de activos puede elevar el nivel general de precios hasta un 3% adicional, encareciendo bienes básicos y encogiendo el poder adquisitivo.
Antes de 2022, los indicadores apuntaban a una tendencia de reducción en atentados; estudios de Razón Pública recuerdan que durante el gobierno de Iván Duque las acciones terroristas cayeron acompañadas de capturas clave contra el ELN y el Clan del Golfo, lo que ayudó a sostener la inversión extranjera directa y a recuperar el turismo en regiones tradicionalmente golpeadas por la violencia. Ese avance permitió que el PIB creciera un promedio de 3,5% anual entre 2019 y 2021, según cifras recopiladas por expertos en seguridad económica. Hoy, sin embargo, empresarios del Valle y de Antioquia temen que el repunte de la inseguridad retrase proyectos agroindustriales y turísticos clave: un estudio de la Universidad Militar señala que cada atentado grave en corredor logístico puede destruir hasta 1,2% del PIB departamental por daños directos e inhibición de inversión.
El efecto rebote se refleja ya en el gasto público. Findeter estima que la factura de seguridad podría subir otro 0,4% del PIB en 2025 si se mantiene el escalonamiento de ataques, un desvío que comprometería partidas de salud y educación en el presupuesto nacional. En paralelo, los flujos de capital especulativo ligados a actividades ilegales presionan las tasas de cambio, generando episodios de volatilidad que golpean a importadores y encarecen insumos industriales.
La comunidad internacional observa con recelo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile condenó la escalada terrorista registrada desde julio, subrayando que la estabilidad colombiana es clave para la confianza inversionista regional. En las últimas horas, voceros del sector cafetero en Antioquia han pedido refuerzos militares permanentes en vías terciarias para garantizar la salida de cosechas, y la Cámara de Comercio de Cali advirtió que las pólizas de seguro se han encarecido hasta 30% en rutas donde operan las disidencias. Mientras el Gobierno despliega un plan de choque con refuerzos aéreos y recompensas millonarias, la reconstrucción de infraestructura dañada y el restablecimiento de la confianza inversionista se perfilan como los desafíos económicos inmediatos para un país que vuelve a sentir el golpe del terrorismo en plena curva de recuperación.
