La reciente decisión del Ministerio de Minas y Energía de modificar el esquema de recaudo para cubrir el déficit financiero de la intervenida empresa Air-e, eximiendo a los estratos 1, 2, 3 y 4, ha transformado un debate técnico en una controversia nacional sobre equidad y eficiencia económica.
Si bien la medida busca proteger a los hogares más vulnerables, diversos analistas del sector energético y líderes gremiales han calificado la estrategia como un «castigo a la productividad» que no soluciona los problemas estructurales de la prestación del servicio en la Costa Caribe.
El ajuste normativo traslada la carga del saneamiento financiero casi exclusivamente a los estratos 5 y 6, así como al sector comercial e industrial del país. Esta focalización ha revivido las preocupaciones sobre la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego en el mercado eléctrico. Expertos señalan que financiar pérdidas operativas de una empresa regional mediante una sobretasa nacional sectorizada sienta un precedente peligroso para futuras intervenciones de servicios públicos.
Cuestionamientos a la gestión de la intervención
Para Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y una de las voces más autorizadas en la materia, la medida es un «paño de agua tibia» que ignora la raíz del problema: las pérdidas técnicas y el robo de energía.
Acosta ha sostenido en reiteradas ocasiones que, desde la intervención del Gobierno a Air-e, los indicadores de recaudo y control de pérdidas no han mostrado la mejoría prometida. «Seguimos socializando las pérdidas mientras la gestión operativa no muestra los resultados necesarios para hacer la empresa viable por sí misma», advirtió el experto en declaraciones recientes a medios regionales.
La crítica central radica en que el hueco fiscal de Air-e no es estático; sigue creciendo debido a que la compañía, bajo administración estatal temporal, continúa comprando energía en bolsa a precios volátiles sin lograr trasladar eficientemente esos costos ni recuperar la cartera vencida.
Según datos preliminares de la Superintendencia de Servicios Públicos, el déficit operativo mensual se ha mantenido en niveles alarmantes, lo que obliga a inyecciones constantes de liquidez que ahora saldrán del bolsillo de un segmento específico de la población y del tejido empresarial.
El impacto en la competitividad industrial
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la preocupación es palpable. Bruce Mac Master, presidente del gremio, ha alertado sobre el efecto cascada que este tipo de sobrecostos tiene en la economía.
Al cargar el costo del salvamento de Air-e sobre la industria y el comercio, se encarecen los procesos productivos, lo que inevitablemente termina trasladándose al precio final de los bienes y servicios que consumen todos los colombianos, diluyendo el supuesto beneficio de la exención a los estratos bajos.
«El sector productivo no puede ser la caja menor para cubrir fallas regulatorias o de gestión en la prestación de servicios públicos», han manifestado voceros de los grandes consumidores de energía (Asoenergía).
El argumento de los gremios es que la tarifa de energía en Colombia ya incluye componentes de subsidios cruzados y cargos por confiabilidad, por lo que añadir un cobro extra para sanear una empresa específica distorsiona el mercado y resta competitividad frente a países vecinos donde la energía industrial es más económica.
Antecedentes de una crisis cíclica
Este escenario evoca los fantasmas de la liquidación de Electricaribe, un proceso que le costó billones de pesos a la nación y que culminó con la entrada de los nuevos operadores, Air-e y Afinia, en 2020.
En aquel momento, se prometió que la segmentación del mercado y la llegada de capital privado solucionarían el problema histórico de la región Caribe. Sin embargo, cinco años después, el esquema ha demostrado fragilidad ante choques externos como el Fenómeno de El Niño y las variaciones en el precio de generación.
Expertos legales también han puesto sobre la mesa dudas sobre la constitucionalidad de la medida. La diferenciación de tarifas para cubrir deudas corporativas podría violar principios de igualdad tributaria, dado que los usuarios de otras regiones del país —que pagan cumplidamente a sus propios operadores— están siendo obligados a subsidiar la operación de una compañía con la que no tienen relación contractual.
La situación se agrava al considerar que la deuda acumulada por la Opción Tarifaria (el mecanismo creado durante la pandemia para diferir los aumentos de precio) sigue vigente. Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno asuma estos pasivos con recursos del Presupuesto General de la Nación y no vía tarifa, argumentando que la demanda «no tiene capacidad de pago infinita» para absorber las ineficiencias del sistema.
