El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció desde el búnker de la Fiscalía que denunció a Viva Air por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y ofrecimiento engañoso de productos y servicios, 15 días después del anuncio de la aerolínea de suspender sus operaciones por una supuesta crisis financiera.
El ministerio asegura que Viva Air recaudó, antes del cese de operaciones, una suma que asciende a los $272.000 millones, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes, suma que se desprende de las indagaciones preliminares, en las que también se determinó que la compañía mantuvo sus canales de venta hasta unas horas antes de anunciar el cese de operaciones.
Esta es una de las pruebas más relevantes para el Gobierno, pues, a su juicio, permite evidenciar el dolo por parte de la compañía Fast Colombia SAS, propietaria de Viva Air. “La aerolínea, sabiendo que no podía cumplirle a sus usuarios, los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podían materializarse”, dijo el ministerio.
Viva Air nada que da la cara hasta el momento
Según la denuncia, a la fecha, Viva Air no se ha contactado con sus pasajeros y mucho menos ha hecho efectivo el rembolso de los productos y servicios, así como tampoco ha dado respuesta a las agencias de viajes, que a través de su gremio informaron que la aerolínea puso en riesgo más de $.500 millones, producto de los pagos que las agencias le hicieron para comprar tiquetes de sus clientes.
Por todo esto, el Ministerio de Transporte considera que la actuación de la aerolínea generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y además, no descarta que la suspensión de operaciones haga parte de una presunta estrategia para presionar indebidamente a las autoridades administrativas para acelerar el trámite de integración con Avianca.
“Confiamos en que la Fiscalía General, como titular de la acción penal y en el marco de sus competencias constitucionales, determinará no solo si las conductas denunciadas revisten características de delito, sino también qué personas deberán ser judicializadas en calidad de presuntos autores y/o partícipes de los hechos que se han puesto en consideración del ente investigador”, concluyó la cartera de transporte.
