Por Ronald Rangel
Como “absurdo” e “ilógico” ha sido calificado el fallo del Tribunal Administrativo de La Guajira que, en segunda instancia, ordena a la empresa Promigas y al Ministerio de Minas y energía a pagar de manera solidaria una suma cercana a los $3,700 millones por los daños físicos y materiales de un atentado perpetrado en 2001 por las Farc contra el gasoducto Ballenas -Barranquilla.
Por estos hechos que dejaron siete muertos y varios heridos además de daños a transmisores, varios de los afectados presentaron una acción de grupo que les fue fallada a favor por un juzgado de Riohacha y que fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal de La Guajira. Este se constituye en el primer fallo en la historia del país que condena a una empresa privada a indemnizar a los afectados por un atentado terrorista.
Las reacciones de los gremios a esta decisión judicial no se han hecho esperar, pues aseguran que si bien la respetan, no la comparten. “Los empresarios respetamos los pronunciamientos de la justicia pero resulta absurdo que un empresario que cumple cabalmente con sus deberes, deba responder por actos de la guerrilla”, sostuv0 el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master.
Sostuvo que el fallo constituye “un grave precedente en materia de la responsabilidad extracontractual de los particulares y constituye un nuevo factor de incertidumbre jurídica que lesiona la inversión privada”.
Ayer el Comité Intergremial del Atlántico, se pronunció y señaló que la decisión judicial “constituye una embestida jurídica contra el sector empresarial dado que traslada al inversionista privado de una concesión la responsabilidad de un acto terrorista perpetrado por terceros contra la infraestructura construida y operada para la prestación de los servicios públicos derivados de la misma”.
El presidente del Intergremial, Ricardo Plata Cepeda, dijo que se trata de una decisión inédita en el país y en el mundo, introduce para cualquier inversión privada bajo la figura de concesión, ya no solo incertidumbre jurídica sino, más grave, certidumbre del riesgo por acciones criminales dirigidas contra la propia empresa.
“Abre la puerta, mediante cuestionables argumentos, a un nuevo y peligroso factor de inestabilidad jurídica que socava la confianza del inversionista privado en el país”, señala el gremio en un comunicado.
