La oposición cubana reunió en Miami a expertos, empresarios y representantes de organizaciones civiles para convertir sus acuerdos políticos en una hoja de ruta para el día después de un eventual cambio de régimen en la isla. El plan abarca gobernabilidad, elecciones, seguridad, justicia, energía, educación y reconstrucción económica.
La iniciativa, denominada Plan de Salvación Nacional, fue discutida en el Miami Dade College por convocatoria de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC). Sus promotores sostienen que el objetivo es evitar la improvisación y preparar un gobierno provisional que conduzca a Cuba hacia elecciones libres.
La propuesta pertenece a sectores de la oposición y el exilio cubano. No representa una transición en curso ni cuenta, por ahora, con el control de las instituciones de la isla. Su importancia está en que intenta responder una pregunta que suele quedar relegada en los procesos de cambio político: qué hacer durante las primeras horas y los primeros meses después de la caída de un régimen.
“Cuba ya está en transición”
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y exprisionero político, afirmó durante la sesión que “Cuba ya está en transición”. Su argumento se apoya en el aumento de las protestas, los cacerolazos y lo que describe como una pérdida del miedo entre los ciudadanos.
La frase es una valoración política de Ferrer, no una confirmación de que el Gobierno cubano haya perdido el control. El régimen de Miguel Díaz-Canel continúa al frente de las instituciones, mientras la oposición interna opera bajo vigilancia, detenciones y restricciones.
Orlando Gutiérrez-Boronat, dirigente de la ARC, explicó que el proyecto “no es usar el poder para llegar al poder”, sino facilitar la instalación de una administración provisional que devuelva la soberanía al pueblo cubano. De acuerdo con los organizadores, el documento tiene más de 50 páginas e incorpora aportes de comisiones civiles que trabajan dentro de la isla.
De los acuerdos políticos a una hoja de ruta
El Plan toma como referencia el Acuerdo por la Democracia en Cuba, suscrito en 1998 por organizaciones opositoras de la isla y el exilio. Ese documento planteó la liberación de presos políticos, la recuperación de las libertades fundamentales, la independencia judicial, el pluralismo y la celebración de elecciones libres.
Sus impulsores también lo vinculan con el Acuerdo de Liberación, presentado en marzo de 2026 por la ARC y Pasos de Cambio. Ese texto organiza la transición en etapas de liberación, estabilización, reconstrucción y democratización, con la creación de un gobierno provisional y la convocatoria posterior a elecciones multipartidistas.
La novedad del Plan de Salvación Nacional es que intenta traducir esos principios en decisiones prácticas: quién administra los servicios, cómo se reorganiza la seguridad, qué ocurre con los tribunales, cómo se revisan las finanzas públicas y cuándo se convocan los primeros comicios.
Costa Rica como referencia electoral
Uno de los componentes centrales de la propuesta es el diseño de instituciones electorales independientes. Las exposiciones del empresario Carlos Valenciano y del estratega costarricense Daniel Quirós analizaron el modelo de Costa Rica como referencia, aunque los propios organizadores reconocen que la historia, la economía y la estructura social de Cuba son diferentes.
La propuesta plantea un sistema provisional con boletas de papel, conteo en las mesas y transmisión digital de resultados preliminares. Las actas físicas servirían como respaldo ante eventuales controversias, mientras la tecnología permitiría informar rápidamente a la ciudadanía.
El esquema contempla además un Tribunal Supremo de Elecciones autónomo, inspirado en la institución costarricense que dirige los comicios, resuelve disputas electorales y proclama los resultados. La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, participó en las discusiones sobre este componente.
Reconstruir antes de prometer
El plan divide la reconstrucción en varias etapas. La primera sería un diagnóstico independiente de las finanzas públicas, la deuda, las reservas, la infraestructura y la capacidad real del Estado. La prioridad inmediata estaría en alimentos, atención médica, electricidad, agua y otros servicios esenciales.
Después vendrían la apertura legal de los partidos, la seguridad jurídica, la atracción de inversiones de la diáspora y la consolidación de la alternancia democrática. En materia económica, los participantes debatieron una privatización rápida, aranceles bajos y la posibilidad de una dolarización temporal, aunque admitieron que cualquier decisión monetaria dependería del diagnóstico financiero.
El empresario agrícola Hugo Elizondo defendió la libertad de los campesinos para decidir qué producir y a quién vender, junto con seguridad jurídica sobre la tierra, reparación de caminos y acceso al crédito.
Seguridad, educación y justicia transicional
El exjefe policial Manuel Morales planteó separar los organismos de inteligencia de la Policía, despolitizar los cuerpos de seguridad y depurar las instituciones de oficiales involucrados en torturas, corrupción o violaciones de derechos humanos.
La justicia transicional aparece como uno de los puntos más delicados. René Bolio, presidente de la Comisión de Justicia Cuba, defendió investigar a los responsables de torturas, persecuciones y otros crímenes, pero la discusión deberá resolver cómo evitar que la búsqueda de justicia se transforme en una nueva cadena de venganzas.
La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, resumió el componente educativo con una frase: “Un pueblo educado es un pueblo libre”. Su propuesta apunta a una educación que enseñe a los niños a pensar y no a repetir una doctrina política.
La energía, la prueba más inmediata
Los apagones ocupan un lugar central en la agenda. El ingeniero Pelayo Calante García atribuyó la crisis eléctrica al deterioro de las termoeléctricas y a décadas de abandono. Como respuesta de emergencia, Fernando Carrión, representante del Grupo Tomsa, ofreció instalar en 90 días módulos alimentados con propano que, según la propuesta, podrían aportar hasta 200 megavatios de generación híbrida.
La cifra y los plazos corresponden a una oferta presentada durante el encuentro y necesitarían estudios técnicos, financieros y regulatorios antes de considerarse una solución viable. En cualquier transición, la electricidad no será un asunto secundario: condicionará los hospitales, el suministro de agua, las comunicaciones, la producción de alimentos y la seguridad de las ciudades.
El Plan de Salvación Nacional intenta responder a ese día después desde Miami, con aportes del exilio y de sectores opositores que aseguran mantener comunicación con grupos dentro de Cuba. Su desafío principal será demostrar que una hoja de ruta elaborada fuera de la isla puede incorporar realmente a una sociedad diversa, golpeada por décadas de crisis y con expectativas distintas sobre cómo debe ser el cambio.
