Mientras el gobierno del «cambio» entra en su recta final, la figura de Verónica Alcocer ha pasado de ser un símbolo de activismo social a convertirse en el epicentro de los mayores cuestionamientos éticos y financieros de la administración.
A pesar de que el presidente Gustavo Petro confirmó recientemente su separación física de Alcocer, los recursos públicos siguen fluyendo para sostener una agenda que, según las denuncias más recientes, se parece más a la de una celebridad internacional que a la de una gestora social.
El escándalo sueco y la inclusión en la «Lista Clinton»
La controversia estalló nuevamente este mes tras las revelaciones del tabloide sueco Expressen, que expuso la vida de lujos que Alcocer estaría llevando en Estocolmo, relacionándose con millonarios de ese país mientras reside fuera de Colombia.
Este reporte internacional llega en el peor momento posible: apenas semanas después de que fuentes periodísticas informaran sobre la inclusión de la Primera Dama en la temida «Lista Clinton» del gobierno de los Estados Unidos, presuntamente por ventajas obtenidas gracias a su cercanía al poder.
Aunque el presidente Petro ha salido en su defensa calificando los ataques como «envidia de la extrema derecha» y afirmando que «lo que pase en su corazón es asunto suyo», la crítica central no es sentimental, sino fiscal. La pregunta que retumba en la opinión pública es: ¿por qué el Estado sigue financiando los desplazamientos de quien, según el propio mandatario, ya no convive con él?.
Un séquito millonario financiado por los contribuyentes
Los excesos de Alcocer no son una novedad de 2025, sino un patrón consolidado. Informes previos ya habían alertado que, en solo año y medio de gestión, Alcocer gastó más de 112 millones de pesos en viáticos, duplicando lo que sus antecesoras, María Juliana Ruiz y María Clemencia Rodríguez, gastaron en cuatro y ocho años respectivamente.
Lo que indigna a los críticos no es solo el monto, sino el destino de esos fondos. A diferencia de las misiones diplomáticas tradicionales, los viajes de Alcocer a destinos como Londres, Nueva York, Roma y Turín han contado con un séquito «de lujo». La comitiva habitual ha incluido:
- Fady Flórez, estilista personal y vestuarista.
- Mauricio Vélez, fotógrafo personal.
- Su mejor amiga, Carolina Plata, y una asesora con sueldo de ministro.
Estos acompañantes han recibido honorarios que oscilan entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales, pagados a través de entidades como RTVC o ProColombia bajo la figura de asesores, aunque en la práctica funcionan como su equipo de imagen personal.
En el limbo legal: privilegios sin responsabilidades
El talón de Aquiles de estos «excesos» radica en la naturaleza de su cargo. Como ha reiterado la Procuraduría General de la Nación, la Primera Dama no es funcionaria pública, y por tanto, no debería ser receptora de viáticos ni tener injerencia en el gasto público.
Sin embargo, Alcocer ha operado como una «embajadora de misión especial» permanente, una figura que le ha permitido esquivar las normas de austeridad que el mismo gobierno predica.
Las investigaciones de la Contraloría y las demandas admitidas por el Tribunal de Cundinamarca buscan frenar este desangre, argumentando que no existe base legal para que una ciudadana particular utilice aviones oficiales y recursos del erario para sostener una imagen y una agenda que, hoy más que nunca, parece desconectada de la realidad nacional.
Para profundizar en el análisis de los costos y la comitiva que acompaña a Verónica Alcocer, este informe detalla las cifras y los contratos involucrados:
Este video es relevante porque desglosa, con documentos en mano, cómo se camuflan los pagos al maquillador y fotógrafo personal de la Primera Dama dentro de contratos estatales.
