En el marco del foro El Poder de la Pyme, Rosmery Quintero, Presidente Nacional de Acopi, señaló que es necesario actualizar la Ley MiPyme con el fin de incrementar la productividad, la formalización empresarial y el crecimiento económico.
El gremio que acoge a las micro, pequeñas y medianas empresas, considera que es deber del Gobierno Nacional realizar una reforma a la Ley 590 del año 2000, que rige el entorno económico e institucional del segumento MiPymes del país.
Aseguró que uno de los capítulos de gran relevancia que debe ser revisado es el de las compras públicas, ya que éstas le brindan a las Mipymes una gran posibilidad de crecimiento.
En Colombia no se tiene estipulado un porcentaje de asignación de compras públicas al segmento MiPyme, contrario a lo que ocurre en otros países que por Ley están obligados en promedio en el 30%.
Países como México tiene una asignación del 35%, Perú el 40%, República Dominicana el 40%, mientras que el Salvador el 12%.
Este es uno de los motivos por los cuales Acopi, le hace un llamado a las gobernaciones y alcaldías para que se vinculen, independientemente la ley estipule o no porcentajes de participación en compras públicas.
“Estamos insistiendo que esta ley o reforma incluya un porcentaje, si bien es cierto no el 30% si podemos empezar con un crecimiento gradual con un 5% por año llegar hasta un 30% que es el promedio mundial”, aseguró la ejecutiva.
Ley del Pronto Pago
Otra reforma que piden los empresarios es establecer un plazo máximo de pago de facturas.
Una de las grandes afectaciones al flujo de caja de las micros, pequeñas y medianas empresas es el pago de las facturas por parte de sus proveedores en periodos que superan en algunos casos hasta los 180 días.
Quintero explicó que: “tenemos un flujo de caja debilitado, porque al ser nosotros proveedores de empresas mucho más grandes y que tienen costumbre de pagos y que ya muchas lo tienen por política y nos pagan hasta a 180 días. Esto nos coloca en un riesgo muy delicado por el pago de los impuestos sobre todo por el IVA”.
Al respecto señaló que las MiPymes deben responderle a la DIAN por el 85% del IVA, porque ellos retienen el 15% como lo estipula el estatuto tributario, “pero cuando a nosotros nos toca pagar ese impuesto, no contamos todavía con el recurso y nos toca acudir a la banca por un crédito o afectar nuestro flujo de caja y esto nos deteriora las posibilidades de crecimiento”.
Actualmente cursa en el Congreso de la República el proyecto de la Ley del pronto pago, que tuvo en días pasados su primer debate y busca que a las Mipymes cuente con los mismos beneficios que tienen las grandes empresas del país.
