El reciente aplazamiento de las vigencias futuras para financiar el megaproyecto del Canal del Dique ha desatado una ola de críticas y preocupación en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Esta decisión, tomada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 0069 del 24 de enero de 2025, afecta directamente la ejecución de una obra clave para la mitigación de inundaciones, la restauración ambiental y el desarrollo sostenible de la región.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo a la medida. “Suspender la inversión de $700 mil millones en el proyecto de recuperación del Canal del Dique es condenar a la bahía de Cartagena, a la ciénaga de Barbacoas y a todas las poblaciones por las que atraviesa este cuerpo de agua a seguir padeciendo por muchas décadas más. Miles de caribeños están en riesgo de inundaciones, atraso socioeconómico y contaminación”, afirmó Arana.
Por su parte, el senador Jorge Benedetti calificó la suspensión como un retroceso para la región Caribe. “Es lamentable que el gobierno frene un proyecto ambiental que beneficiaría a más de 1.5 millones de personas. Además, los retrasos podrían derivar en demandas contra el Estado por incumplimiento contractual, lo que terminaría costando más dinero a los colombianos”, expresó.
Desde Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, subrayó la importancia de garantizar los recursos necesarios para avanzar en las obras críticas. “Debe asegurarse el desembolso para labores como el dragado y mantenimiento del canal, así como para el estudio ambiental requerido por el Ministerio de Ambiente. Este proyecto no puede detenerse”, señaló.
El Canal del Dique es un proyecto estratégico que busca mitigar riesgos asociados a inundaciones, reducir la descarga de sedimentos en ecosistemas clave como la Bahía de Cartagena y las Islas del Rosario, y restaurar áreas degradadas a lo largo de sus 115 kilómetros.
Sin embargo, su ejecución enfrenta múltiples desafíos, incluidos retrasos relacionados con licencias ambientales exigidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Carlos Rosado Zúñiga, director de Asuntos Públicos de Sacyr Colombia, empresa encargada del proyecto, explicó que actualmente se está desarrollando un nuevo estudio ambiental que tomará al menos 14 meses adicionales. “Este es un proceso complejo que busca garantizar altos estándares ambientales. Sin embargo, necesitamos celeridad en las decisiones gubernamentales para evitar mayores retrasos”, indicó.
La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), seccional Norte, emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos que implica aplazar este megaproyecto.
“La restauración del Canal del Dique es una inversión necesaria para proteger vidas humanas al evitar riesgos de inundaciones y garantizar el desarrollo sostenible del Caribe colombiano. La celeridad en su ejecución es fundamental”, afirmó la entidad.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también hizo un llamado al Gobierno Nacional para priorizar esta obra: “El Canal del Dique no solo es una solución ambiental; es una apuesta por la vida y el futuro económico del Caribe colombiano. No podemos permitir que se ponga en riesgo”.
El aplazamiento ha generado incertidumbre entre las comunidades afectadas y los sectores económicos que dependen del proyecto. Mientras tanto, líderes políticos y gremiales continúan presionando al Gobierno Nacional para garantizar los recursos necesarios y evitar mayores retrasos en una obra que promete transformar profundamente la región Caribe.
