La Asociación Nacional de Empresas Generadoras – Andeg, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía – Asoenergía, la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas- Acopi, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto – Procemco, la Federación Nacional de Productores de Carbón – Fenalcarbón y la Asociación Nacional de Industrias Plásticas – Acoplásticos, coinciden en que se deben buscar mecanismos para incentivar la reducción o compensaciones en las emisiones de carbono y manifiestan su preocupación por el impacto que tendría en la iniciativa legislativa de la reforma tributaria, que busca la inclusión del carbón dentro de los combustibles gravados con el impuesto al carbono.
Como parte de la reforma tributaria que el Gobierno Nacional estaría presentando ante el Congreso de la República, se incluye la modificación de la Ley 1819 de 2016 en lo relacionado con el impuesto al carbono, gravando al carbón como combustible, lo cual generaría un impacto en diferentes frentes de la economía nacional, que no se compensan en nada con los recaudos que pudiera recibir el gobierno con la iniciativa.
Impacto sobre la demanda eléctrica: en primer lugar, se generaría un alza en el precio de los contratos de generación de energía eléctrica del orden de $18 por kilovatio/hora, lo que representará un impacto sobre los consumidores finales cercano a 1.3 billones de pesos/año, que se reflejará en las tarifas de todos los usuarios, incluyendo los más vulnerables, cuando todos los contratos de los comercializadores sean renovados. De hecho, para un usuario residencial promedio, el impuesto al carbono podría representar entre el 4% y el 6% del valor de la factura de electricidad, y para un usuario industrial, el incremento puede representar entre un 7 y un 12% en el valor del costo de la energía.
Esta apuesta de inclusión de mayores impuestos en las facturas de los usuarios de electricidad del país, le representaría al estado una apropiación adicional en el presupuesto y un pago adicional neto, a través del ya deficitario fondo de subsidios, en cerca de 150 mil millones de pesos al año, para financiar los aportes que otorga el gobierno a los usuarios de menores ingresos. La medida solo permitiría recaudar, por ese concepto, 250 mil millones de pesos, con lo cual se tendría un efecto neto negativo para la sociedad del orden de 1.2 billones de pesos al año.
En el caso particular del sector de electricidad, la pérdida de bienestar de los consumidores del servicio público se traduciría en una apropiación de rentas del orden de 1.1 billones de pesos/año, por parte de agentes del mercado eléctrico que se terminarían beneficiando de la medida.
Impacto sobre la industria nacional: en segundo lugar, la iniciativa causaría un efecto negativo en la industria nacional que utiliza este energético en sectores tan relevantes para la economía como la siderurgia, cemento, ferroníquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras textiles, alimentos y bebidas. La experiencia internacional demuestra que la implementación de impuestos al carbono que gravan los energéticos sin mecanismos de gradualidad, y sin tener en cuenta la exposición del país a mercados internacionales donde no existen estos tributos, generan desplazamiento del sector industrial, pérdida del empleo, mayor huella de carbono y finalmente, ausencia de recaudo.
Las industrias previamente mencionadas, además de verse afectadas por el incremento en sus tarifas eléctricas, generándoles una doble tributación, son estratégicas para la reactivación económica del país en el escenario postcovid, con lo cual, elevar sus costos de producción dificultaría su viabilidad empresarial, y en tanto, se afectará a los consumidores finales.
Impacto en la pequeña minería nacional: la industria del carbón en el interior del país genera más de 35.000 empleos directos cuya producción abastece fundamentalmente el mercado local.
Buena parte de ese empleo es formal y contributivo y se encuentra localizado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Se trata de una industria con un fuerte encadenamiento tanto hacia adelante como hacia atrás, lo cual hace que los empleos indirectos que genera sean superiores a los 120.000. El impuesto al carbono será asumido en parte por los proveedores de carbón en la negociación con sus compradores, lo cual representaría una merma ostensible en la utilidad del minero que terminará motivando la informalidad y el menor empleo en el sector, aspectos muy inconvenientes para el país y para las regiones en un contexto de reactivación económica.
Los gremios consideran que el principal problema de esta propuesta del gobierno es que grava al carbón y no a las emisiones de carbono, que son el problema en sí y el verdadero propósito de la Ley 1819 de 2016. En este contexto, si bien es muy importante enfrentar los retos de cambio climático y mitigación del impacto ambiental, es adecuado considerar que las prioridades de un país como Colombia están en crecer y brindar bienestar a su población, cosa que, en parte, está soportada en maximizar el uso de sus recursos naturales y garantizar la provisión confiable de los servicios públicos esenciales para asegurar la competitividad del país.
De esta manera, los gremios hacen un llamado al Gobierno Nacional para replantear esta propuesta por sus altos impactos sociales y económicos, que adicionalmente no apuntarían a solucionar el principal problema asociado a las emisiones de carbono. En lugar de establecer nuevos impuestos que afectan el bienestar general y la competitividad del país se deberían considerar otras alternativas, privilegiando mecanismos regulatorios y normativos que promuevan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través del mercado voluntario de carbono, o incentivando el uso o implementación de tecnologías que contribuyan a mitigar el impacto ambiental, en los términos de la ley de cambio climático (Ley 1931 de 2018).
