Hernando Gutiérrez, vecino de Soledad, Atlántico, ha vivido en carne propia el drama de las tarifas de energía en la Costa Caribe. Durante años, su recibo mensual rondó los 200 mil pesos, una cifra que sentía injusta y que lo obligó a recortar otros gastos esenciales en su hogar.
“Uno aquí se cuida, apaga luces, desconecta cosas, pero igual la cuenta subía y subía. Era como una condena”, cuenta Hernando, quien representa a los cerca de 10 millones millones (población del Caribe estimada por el Dane en censo del 2018) de usuarios que ahora ven, por fin, un alivio en sus bolsillos.
Todo cambió tras la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó desmontar el régimen tarifario especial que desde 2019 encarecía el servicio eléctrico en la región.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) acató el fallo y eliminó cobros como el 20% extra por administración, operación y mantenimiento, así como el recargo por pérdidas no técnicas, es decir, el costo de la energía robada que antes se trasladaba a los usuarios.
“Les cumplimos a la gente del Caribe. Con esta decisión se acaban los abusos mensuales a los que estaban sometidos con las impagables tarifas de energía eléctrica”, celebró Miguel Ángel Alzate, personero de Barranquilla.
A partir de la factura de agosto o septiembre, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dé el visto bueno final, Hernando pagará cerca de 189 mil pesos, una rebaja de casi 11 mil pesos mensuales si su consumo es de 200 kWh.
“Esto es un alivio, porque ya uno no sentirá tanta presión a fin de mes”, dice Hernando, quien ahora podrá destinar ese dinero a otras necesidades familiares. La representante a la Cámara, Julkiana Aray, también celebró la medida: “¡Por fin una decisión que ayuda al bolsillo del Caribe! Esto significa tarifas de energía más justas y un alivio para miles de familias que han pagado de más”.
¿Y que pasa con las empresas operadoras?
El contexto de esta decisión es clave para entender su impacto. Tras la crisis y liquidación de Electricaribe, el Estado dividió la operación entre Air-e y Afinia en 2020, pero para atraer inversión privada se permitió un régimen tarifario especial que trasladó a los usuarios el costo de las pérdidas y otros recargos.
“Este régimen transitorio especial nos discriminaba y se había convertido en una verdadera barrera para poder acceder al servicio público de energía”, explicó el personero Alzate.
El fallo judicial responde a una acción popular interpuesta por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, quienes argumentaron que los altos cobros violaban derechos colectivos y afectaban la economía y competitividad de la región.
El impacto de la medida no solo será un alivio para familias como la de Hernando, sino que también representa un reto para las empresas operadoras, que dejarán de recibir más de 396 mil millones de pesos al año por estos conceptos.
Expertos como Amylkar Acosta, exministro de Minas, advierten que la solución de fondo pasa por inversiones en infraestructura y una regulación más equilibrada: “La inoperancia de la CREG y la falta de voluntad política han sido el nudo gordiano que impidió solucionar el problema de las tarifas”.
Mientras tanto, en las calles del Caribe, la noticia se vive como un triunfo ciudadano tras años de lucha por justicia tarifaria.
